Continúan las audiencias en los tribunales de San Martín donde se juzga a dos policías por los crímenes de Franco Almirón (16) y Mauricio Ramos (17) en el barrio de La Cárcova. Luego de los testimonios de familiares y vecinos, esta semana les llegó el turno de declarar a los agentes policiales.

En el juicio están acusados dos policías. Gustavo Rey (38) es juzgado por el doble homicidio agravado de los jóvenes. A Gustavo Vega (44), otro efectivo de la bonaerense, se lo acusa de tentativa de homicidio contra Joaquín Romero, que sufrió graves lesiones cuando estaba en las cercanías del tren.

Esta mañana declaró Mario Briceño, que era jefe de la Departamental San Martín de la Policía Bonaerense cuando ocurrió el crimen, y fue separado de su cargo en febrero de 2012. Relató lo que conocía, aunque no estuvo en el lugar de los hechos porque en ese momento estaba en otro operativo. Según su relato, el comisario Víctor Uhalde le avisó que había una persona muerta y fue a la comisaría para tener más detalles de lo sucedido. En su declaración detalló que los móviles policiales de esa zona, incluyendo el que usaba Vega, suelen salir a patrullar con cartuchos de plomo guardados en la guantera. Esta es una novedad, ya que ninguno de los testigos anteriores había mencionado el uso de balas de plomo.

Los policías Víctor Uhalde, Amílcar Pino y Carlos Silva, que estuvieron a cargo del operativo “de disuasión”, declararon ante el TOC Nº 2 de San Martín. El comisario Uhalde declaró que “en esa situación no era necesario utilizar postas de guerra (de plomo) porque eso iba a ser una masacre.” Dijo que la gente “tiraba piedras y se escuchaban silbidos”, pero negó que los efectivos hubieran recibido disparos de los vecinos como para responder la agresión.

Uhalde insistió que como jefe del operativo dio la orden de que sólo se usaran “postas de goma” para “disuadir” a las personas que rodeaban el tren de carga que descarriló el 3 de febrero de 2011 en José León Suárez. Sin embargo, según las autopsias, ambas víctimas tenían heridas de “postas de guerra” –plomo- disparadas con escopetas calibre 12/70 de la Policía Bonaerense. Además, las pericias balísticas indican que los disparos fueron hechos a corta distancia y por la espalda.

Uhalde reconoció que él personalmente se encargó de buscar más cartuchos de escopeta en el departamento de Logística de la comisaría cuarta, en la que estaba como jefe desde hacía una semana. Sostuvo que para reabastecer a la tropa sólo llevó “los blancos (postas de goma) y no los rojos (balas de plomo)”. El presidente del Tribunal, Gustavo Garibaldi, le preguntó si en la comisaría había también “postas de guerra”. Su respuesta fue ambigua.

Según los policías, el personal de la fuerza “sólo usa balas de goma” porque las otras “están prohibidas”. Habrá que esperar pasa saber cómo interpretan los jueces estos relatos contradictorios. Y cómo serán usados en los alegatos de la fiscalía y la querella.

Uhalde reconoció que también le indicó a un subordinado suyo, Carlos César Aguirre, que llevara un fusil de gases lacrimógenos para “disuadir” a los vecinos que rodeaban el tren. “Le dije a Aguirre que disparara sobre un chapón” ubicado en el espacio que separaba a los dos bandos. Otros testigos confirmaron que luego de esos gases lacrimógenos dispararon balas de plomo contra los jóvenes Ramos, Almirón y Moreno.

Los otros dos jefes, Pino y Silva, coincidiendo con el relato de Uhalde en que no habían autorizado llevar cartuchos de plomo. Detallaron que la orden era disparar “postas de goma hacia el suelo, para no dañar a nadie”. También intentaron quitarse responsabilidad diciendo que cuando regresaron a sus dependencias policiales no tenían conocimiento de que se habían producido muertes en el lugar.

La semana pasada declararon los policías Alejandro Corti, Víctor Rótolo, Juan Carlos Chávez y Ariel Perri, que justificaron la represión policial argumentando que “un grupo numeroso de personas estaba saqueando” el tren descarrilado que en los contenedores llevaba autopartes. Los supuestos “saqueadores”, para lograr su propósito, “arrojaron piedras, con la mano y con gomeras” para impedir la intervención de los uniformados.

Ahora es el turno de los peritos que declararán en esta semana. Primero serán los oficiales de Gendarmería; luego los peritos de la querella y algún testigo de la defensa que no haya podido ir aún. La sentencia está prevista para el 11 de marzo.