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Home›Género›La Plata: continúan los ataques y violencia contra las travestis y personas trans

La Plata: continúan los ataques y violencia contra las travestis y personas trans

Por Paula Bonomi
1 septiembre, 2020
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Convocada por la colectiva Furia Travesti este lunes se realizó la segunda movilización para repudiar  los ataques y violencias  sufridas en los últimos meses contra el colectivo trans y travesti local y exigir que el Estado proteja a todes les vecines del barrio El Mondongo. Desde el inicio del ASPO y en el marco de una crisis sanitaria global, la comunidad trans viene denunciando el estado de precariedad en el que se encuentra y las graves violaciones a sus derechos: falta de acceso a los alimentos y ayuda económica y social  por no poder trabajar en pandemia, desalojos, falta de acceso a la atención de salud y medicamentos. A esto se suman una seguidilla de ataques transfóbicos e incremento de situaciones de violencia en la denominada zona roja, donde peligra la vida de todas las personas que habitan en la ciudad.

ANDAR en La Plata

(Agencia) El 28 de julio pasado Juliana, una mujer trans migrante en situación de prostitución, fue atacada violentamente por un hombre de 31 años en bicicleta que la apuñaló en distintas partes de su cuerpo y la dejó tirada en medio de la calle. El robo y ataque, calle 4 entre diagonal 73 y 62, quedó registrado por las cámaras del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) de la Municipalidad lo que permitió identificar al agresor que se encuentra detenido. “Me metió ocho puñaladas en el cuerpo. Me perforó un pulmón, el intestino, las piernas. Me quiso degollar pero no pudo, logré defenderme con una mano. Me dejó tirada en el piso y se fue. Un vecino vio todo y me dio los primeros auxilios. Nunca perdí el conocimiento, y como estudié enfermería, pude ayudar para no morirme. Luego me llevaron al hospital, me operaron y hoy estoy acá”, dijo para ANDAR.  Este sábado a la madrugada, otra mujer trans fue baleada en un nuevo ataque transfóbico. Continúa internada peleando por su vida.

La violencia contra la comunidad travesti y trans, migrante, de la denominada zona roja en La Plata tiene larga data. Daniel Domínguez, junto a grupo de vecinos nucleados en la Asamblea Vecinal del barrio Mondongo, sostenienene desde hace años una cruzada en nombre de la paz del barrio y por más seguridad. Con distintas estrategias criminalizan, persiguen y ponen en riesgo cada vez mayor al colectivo trans de la región, exacerbando la violencia por razones de género, incriminado a las personas trans como “narcotravestis”.

Distintos gobiernos municipales han hecho la misma propuesta: relocalización de la “zona roja”. Vetusta estrategia impulsada una vez más por el municipio de la ciudad de La Plata y en la actualidad avalada por el Ministerio de Seguridad de la provincia, a cargo de Sergio Berni, ante el reclamo vecinal. Una vez más apartar la mirada social de la comunidad travesti y trans, invisibilizando la responsabilidad integral del Estado frente a la situación de vulneración de derechos en la cual se encuentra el colectivo. En este contexto, las demandas de la comunidad trans y travesti siguen sin ser escuchadas: implementación del cupo laboral trans tanto en la provincia de Buenos Aires y su adhesión en el Municipio de La Plata; acceso a una vivienda digna, registro y documentación;  acceso a la salud integral, ayuda social y asistencial mientras dure la crisis sanitaria.

“En julio cumplir con el aislamiento social fue imposible para mí. Tengo necesidades económicas, como pagar mi casa. Ahora y luego de que este hombre me destrozó la vida, no puedo ni siquiera tener mínimos ingresos. La estoy pasando muy mal, física y económicamente. Del Ministerio de las mujeres (provincia de Bs As) se acercaron y me dijeron que me iban a hacer los documentos, se los llevó ese tipo con mi cartera, que me iban a dar ayuda. Hasta el momento no hicieron nada y pasó más de un mes”, expresó Juliana y agregó: “No es mi culpa no tener trabajo, es consecuencia de la inseguridad y de la pandemia”.

Cristal:

«A nosotras no nos queda otra que salir a la calle, con barbijo y protección, porque ¿quién nos da de comer? ¿ cómo podemos vivir nuestras vidas?”

“El clima de la zona roja está cada vez más caliente. Somos agredidas por algunos vecinos últimamente. En agosto ya hubo tres casos de ataques donde las chicas han sido muy lastimadas, tenemos una compañera aún hospitalizada. A nosotras no nos queda otra que salir a la calle, con barbijo y protección, porque ¿quién nos da de comer y cómo podemos vivir nuestras vidas?”, dijo Cristal, otra de las mujeres trans que es vecina del barrio. “A nosotras nos está ayudando Furia Travesti con alimentos y cosas de higiene. El Estado se olvidó de nosotras, como siempre, mas con la pandemia. El sábado atacaron a la amiga Soraya, mañana puedo ser yo o cualquiera de mis compañeras. Esto no puede seguir así, somos seres humanos y merecemos un trato digno. Es hora que este maltrato pare contra las chicas travestis de la calle”, concluyó.

“En hechos concretos el Estado está ausente, no tiene presencia en la calle, sólo de manera represiva. Intentamos articular con el Ministerio de las mujeres pero aún se quedan en promesas que no prosperan. Con la Asamblea vecinal hemos intentado entablar un diálogo pero no escuchan nuestras propuestas”, dijo por su parte Eloy, integrante del espacio Furia Travesti y agregó: “en la zona hay cada vez más violencia: vecinos armados que salen a las calles, peleas callejeras ante la vista de la policía que observa sin interceder, violencia verbal a través de las redes y de la prensa. Para nosotras es importante dejar en claro que a su vez, hay otro montón de vecinos y vecinas que nos apoyan y que en conjunto estamos pensando otras alternativas para contrarrestar ese poder discriminador y excluyente de esos otros vecinos”.

A pesar de los avances normativos recientes en el reconocimiento de derechos civiles relacionados con la identidad de género, persisten detenciones constantes en la vía pública; prácticas estigmatizantes y discriminatorias, ataques violentos y una abierta connivencia policial con el delito organizado en el territorio de la zona roja. La ausencia de políticas públicas inclusivas es la respuesta del gobierno local y provincial frente al reclamo de menor violencia.

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