El representante de los funcionarios públicos sobre los que pesa una causa por torturas se valió de pruebas obtenidas clandestinamente para pedir la nulidad de la investigación. Hay 8 imputados y al menos cinco víctimas. La CPM es parte de la querella.

ANDAR en San Vicente

(Agencia) Hace un año la justicia dictaba prisión preventiva para seis de los ocho policías acusados de torturar a cinco mujeres detenidas en la comisaría de Domselaar. Hoy, con los acusados excarcelados, el juez de Garantías Federico Atencio rechazó un pedido de nulidad de la defensa que alega “falsedad ideológica” de todo lo actuado en la investigación.

La situación había sido detectada durante una inspección de la Comisión Provincial por la Memoria en marzo del año pasado cuando encontraron a las mujeres, de entre 20 y 30 años, alojadas todas juntas en una celda de 3 por 4 metros con sólo dos camas de cemento y un baño que se tapaba de manera recurrente. Permanecían encerradas las 24 horas en aislamiento extremo, no tenían acceso a cuidados médicos de ningún tipo ni recibían alimentos. A estas condiciones se sumaban agresiones físicas, psicológicas y verbales, abusos y el hostigamiento permanente por su condición de mujeres. Actualmente el organismo actúa como patrocinante de las víctimas y califica los hechos padecidos como torturas, al igual que la fiscalía.

Desde el inicio de la causa el defensor de los policías imputados “ha propiciado sin éxito mi apartamiento de la presente investigación”, según palabras del mismo Atencio que también hizo hincapié en el accionar inadecuado del abogado Dr Diego José Raidan: “…Párrafo aparte me merece la conducta del presentante con el fin de obtener la nulificación que propicia (…) se valió de una grabación clandestinamente obtenida por la Sra. Marcela Crespo  -madre de uno de los imputados-. Ello en nada se compadece con la probidad, buena fe, lealtad y dignidad que le es exigible en su actividad profesional”.

A partir de esta situación el abogado será denunciado ante las autoridades del tribunal de disciplina de La Plata del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires  -por intermedio del Consejo Directivo- a fin de que las autoridades de ése tomen la intervención que les compete.

La CPM ve con satisfacción esta decisión judicial dado que estas prácticas que sólo tienen como objetivo dilatar el proceso y entorpecer la investigación son recurrentes en los abogados defensores de imputados en causas de violencia institucional.