Cuatro de los agentes, separados de la fuerza desde que ocurrieron los hechos, están acusados por “homicidio doblemente agravado por abuso de su función como miembro de fuerzas policiales y por el empleo de armas de fuego». Son el capitán Rubén Alberto García, los oficiales Leonardo Daniel Ecilape y Manuel Monreal y el subayudante Mariano Ibáñez. Otros ocho policías y un funcionario municipal están imputados por encubrir el crimen. El 20 de febrero los imputados recibieron un nuevo revés judicial: el juzgado de garantías 2 de La Plata, a cargo de Eduardo Silva Pelossi, rechazó el pedido de prisión domiciliaria solicitado por los ex policías Leonardo Ecilape y Héctor Ángel.

Andar en Monte

(Andar Agencia) Hace 10 meses ocurría una de las peores masacres por intervención armada de la Policía Bonaerense: en San Miguel Monte, policías persiguieron y dispararon contra el vehículo en el que paseaban cinco jóvenes de entre 15 y 22 años, hasta que el auto terminó impactando con el acoplado de un camión estacionado en la banquina de la ruta nacional 3: Danilo, Aníbal, Gonzalo y Camila murieron, sólo Rocío sobrevivió.

La masacre de Monte es un hecho que conmovió a la opinión pública y a la sociedad. Probablemente la corta de edad de las víctimas y su inocencia reveló a buena parte de la sociedad y de los medios de comunicación las consecuencias de un accionar policial violento y fuera de la ley. No obstante, aun en su extrema gravedad, la masacre se inscribe en una secuencia larga y sistemática de hechos de la misma naturaleza que forman parte de una orientación de las políticas de seguridad que contraponen la persecución del delito al pleno respeto por los derechos humanos.

Después de la masacre, las fuerzas de seguridad con la complicidad del gobierno municipal intentaron ocultar lo que ocurrió, pero el testimonio de vecinos y vecinas y la luchas de las familias derrumbó rápidamente la versión policial. Doce policías -que fueron desafectados tras los hechos- y el entonces secretario de seguridad municipal están imputados y detenidos por la masacre y el intento de encubrimiento.

Los trece siguen esperando el momento del juicio oral y público en prisión preventiva. A pesar de los intentos de la defensa por morigerar la situación de los imputados, la justicia revalidó en distintas instancias la prisión preventiva. El último de esos revés judiciales tuvo lugar en febrero, cuando le negaron la morigeración los ex policías Leonardo Ecilape y Héctor Ángel.

Ante el pedido de morigeración de la prisión, tanto lo fiscalía como los particulares damnificados, entre ellos la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) que patrocina a dos de las familias, coincidieron en señalar que seguían vigentes los riesgos procesales que habían justificado aquella decisión: la posibilidad de los acusados de fugarse o entorpecer la investigación.

Para el juez Silva Pelossi los delitos que se imputan y los intentos por entorpecer la investigación que los mismos imputados desplegaron desde los instantes posteriores a la persecución mortal son de extrema gravedad. Sostiene que lo que ocurrió en la madrugada del 20 de mayo en ese pueblo bonaerense fue «la perpetración de una masacre de niños indefensos».

Cabe recordar que en junio del año pasado, el juez platense había dictado la prisión preventiva para once de los trece imputados por Danilo Sansone, Camila López, Aníbal Suárez y Gonzalo Domínguez y el intento de homicidio de Rocío, la única sobreviviente. La decisión fue ratificada por la Cámara de apelación y garantías en lo penal.

Los familiares continúan exigiendo justicia y esperan las medidas que constituyan el juicio a los responsables.

Aquí compartimos el informe especial elaborado por la Comisión por la Memoria.