Este viernes 14 de diciembre se realizó la tercera audiencia del debate oral y público a instancias del TOF 4 de San Martín en el que se ventilan crímenes de lesa humanidad perpetrados contra uno de los cuatro militantes del Movimiento Todos por la Patria (MTP) que, tras rendirse ante el Ejército, fueron torturados y fusilados mientras el cuartel estaba bajo la comandancia del general Alfredo Arrillaga, único imputado en el juicio. En esta tercera audiencia declaró uno de los testigos fundamentales de la causa: el ex sargento ayudante José Alberto Almada, que ubicó a Arrillaga en el lugar y momento en el que torturaban a los detenidos.

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(Agencia) De acuerdo a los abogados querellantes, sobrevivientes y compañeros de José Alejandro Díaz –cuyo caso se ventila en este juicio-, el testimonio de este viernes a cargo del ex sargento ayudante José Alberto Almada resultará fundamental a la hora de la sentencia contra el único imputado Arrillaga (el ex mayor Jorge Eduardo Varando, acusado de las ejecuciones de los detenidos en La Tablada, falleció hace unos años).

En efecto, Almada declaró que el 23 de enero de 1989, cumpliendo funciones en el Regimiento de Infantería 7 de Arana, partido de La Plata, le fue informado que debía alistarse para “hacerse cargo del puesto de Comando Táctico Móvil de Comunicaciones de la Brigada de Infantería Mecanizada X para lanzar la recuperación del cuartel”.

Estando allí, Almada vio desde lejos cuando personal de La Tablada inició un fuego dentro de la guardia de prevención del Regimiento donde estaban resguardados los militantes que habían tomado el cuartel.

“Al comenzar a incendiarse, observó salir por una ventana a cuatro o cinco personas, las cuales corrieron hacia la cancha de fútbol y fueron perseguidas por un blindado, lográndose la detención de dos personas que fueron trasladadas a punta de pistola, a pie, con las manos en la nuca”, detalló.

Más tarde, al ingresar al predio del cuartel, el testigo pudo observar de cerca a los dos detenidos a quienes los militares mantenían acostados boca arriba, bajo un árbol, rodeados por 10 efectivos. Se trataba de Iván Ruiz y José Alejandro Díaz. Según el testigo, se acercó al grupo de militares otro oficial y, mientras pateaba a Iván y José, gritaba: “Matalo a ese hijo de puta”.

Luego Almada escucharía, desde un puesto de radio, una comunicación sobre “poner fuera de combate a dos oponentes” y más tarde, en las inmediaciones del segundo puesto de comando de La Tablada, escuchó los quejidos y gritos de dolor de personas a las que estaban torturando. Otra vez, las víctimas eran Ruiz y Díaz, y entre los torturadores estaba presente el general Arrillaga.

La de este viernes 14 de diciembre es la tercera audiencia del juicio. La anterior había sido la del miércoles 12, cuando Marcelo Fabián Aibar (que era conscripto en aquel regimiento) declaró que aquél 23 de enero de 1989 vio a José Alejandro Díaz salir por una ventana de la Guardia de Prevención tras la rendición de quienes tomaron el cuartel.

Al igual que lo declararon en la causa otros conscriptos que resultaron testigos, tanto Díaz como Iván Ruiz (otro de los desaparecidos del MTP cuyo caso tramita en otra causa) fueron llevados a punta de pistola hacia la parte trasera del edificio donde habrían sido torturados y luego fusilados.

Datos del derrotero judicial

La causa recorrió un extenso periplo desde su inicio. Recién en noviembre de 2009, el titular del Juzgado Federal 1 de Morón, Germán Castelli, declaró como delitos de lesa humanidad a los fusilamientos y torturas perpetrados contra integrantes de la agrupación Movimiento Todos por la Patria (MTP), que el 23 de enero de 1989 tomaron el cuartel del Regimiento de Infantería Mecanizada III General Belgrano de La Tablada, en el partido de Matanza.

“El Presidente de la Nación, ante un ataque a la democracia tendiente a derrocarlo, y en  cumplimiento  de sus legítimas atribuciones, activó el más vigoroso brazo armado del país en defensa de la Nación, y varios de los agentes convocados, además de cumplir exitosamente la misión encomendada, aprovecharon el extraordinario poder otorgado, el dominio del escenario de los hechos, la estructura y los recursos  estatales, para sobrepasar, sigilosamente, el poder presidencial, y así planificar y ejecutar  graves violaciones al derecho  humanitario internacional, que incluyó dificultar las investigaciones;  todo lo cual, además, constituye  un crimen de lesa humanidad”, resolvió Castelli en aquella oportunidad.

Un mes después, el 14 de diciembre de 2009, el magistrado procesó al ex general Alfredo Arrillaga, comandante durante la recuperación del cuartel, y al ex mayor Jorge Eduardo Varando, acusado de las ejecuciones de los detenidos que por su fallecimiento no será juzgado. Varando –que también estuvo procesado por la represión de los días 20 y 21 de diciembre de 2001- permaneció prófugo de la justicia durante años.

Más delante, a partir de la apelación del procesamiento dictado por el juez Castelli, la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín había declarado prescripta la acción penal y había resulto el sobreseimiento de Arrillaga con respecto a la autoría del delito de homicidio contra Iván Ruiz y José Alejandro Díaz.

Finalmente, a fines de 2014, la Corte Suprema de Justicia revocó el sobreseimiento dictado por la Cámara en base al dictamen de la entonces procuradora general Alejandra Gils Carbó, quien retomó lo dispuesto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto a que el Estado argentino había faltado a su obligación de investigar “de manera exhaustiva, imparcial y concluyente” la ejecución de Díaz y Ruiz.