En la segunda audiencia del debate oral y público por el caso Ana María Martínez declararon Carlos Alberto “Titín” Orallo, Margarita Bordón, Amalia Cozzi y Oscar Bonato, compañeros de militancia de la joven trabajadora metalúrgica que fuera secuestrada y asesinada en febrero de 1982.  En el juicio se ventilan los delitos de privación ilegítima de la libertad y homicidio agravados, en el marco del plan sistemático del golpe de estado de 1976. En diálogo con ANDAR, Titín Orallo aseguró que “este juicio demostrará que Ana María fue asesinada por ser un cuadro muy formado e importante del PST y la responsable de nuestro grupo político”.

ANDAR en San Martín

(Agencia) Los testimonios de la segunda audiencia de este jueves 18 de octubre fueron, en conjunto, una muestra representativa del particular interés y recursos que las fuerzas conjuntas –en este caso, Destacamento de Inteligencia 201 de Campo de Mayo y Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA)- depositaron en la persecución y represión del Partido Socialista de los Trabajadores en la zona norte bonaerense.

En efecto, Carlos Alberto Orallo y Amalia Cozzi (que hacia 1981 impulsaban, junto a Ana María Martínez, la organización sindical de los bancarios en San Martín y la zona), y Margarita Bordón y Oscar Bonato (también militantes del PST de aquellos años, pero abocados al sector fabril) relataron este jueves ante los magistrados del TOF de San Martín los episodios más importantes de la larga infiltración de la DIPPBA sobre el grupo del PST que conducía Ana María Martínez, y que culminarían con el secuestro y asesinato de la joven en febrero de 1982.

En su declaración, Orallo explicó a los jueces que la persecución contra el partido al que pertenecía había comenzado incluso antes del golpe cívico militar de 1976 y que, lejos de las hipótesis que las defensas de los imputados pretendieron instalar desde la instrucción de la causa, el caso de Ana María Martínez no fue el resultado de un “crimen pasional, ni de un ajuste de cuentas, ni de un conflicto político entre el Partido Comunista y el PST. La mataron las fuerzas conjuntas por ser un cuadro muy formado y la responsable de nuestro grupo político”.

El rol de la DIPPBA fue central, a pesar de que ninguno de sus integrantes hoy esté sentado entre los imputados. De hecho, un documento fundamental entre el material probatorio por el que se llegó a este juicio es el Legajo 17949 de la Mesa DS (Delincuentes Subversivos) del archivo de la DIPPBA titulado “Trabajo de Infiltración en PST”.

Allí la agencia bonaerense reporta al Destacamento 201 de Inteligencia de Campo de Mayo los resultados de la infiltración llevada a cabo en 1981 por el oficial subinspector Juan Pedro Peters dentro del grupo conducido por Ana María. Según Orallo, “ella fue la primera persona a la que se acercó Peters diciendo que era un bancario que acababa de ser despedido y que quería sumarse a las acciones gremiales que desde el PST desplegábamos a través de la Lista 3 Verde”.

Dos semanas después, y por intermedio de Ana María Martínez, Orallo conoce al presunto bancario despedido y comienzan a articular reuniones en bares de San Martín para la planificación de las acciones gremiales del sector, que incluían paros, publicación de solicitadas en grandes medios, cenas para la recaudación de fondos, entre otras.

“El contexto era el de una crisis financiera muy importante, había quiebra de bancos y había estallado la tablita de Martínez de Hoz. El gobierno venía aplicando una ley de prescindibilidad por la cual se estableció un régimen de despidos sin causa para trabajadores estatales y la particular persecución contra empleados vinculados a la ‘subversión’. De allí la urgencia de la represión contra el PST en la zona norte en virtud de la alta exposición y activismo sindical tanto en los bancarios como en los sectores fabriles”, describió el testigo.

Con respecto a la infiltración de la DIPPBA, Orallo explicó que “gran parte del contenido de ese legajo es falso. La estrategia del oficial Peters y de la agencia de inteligencia en general era crear un perfil de terroristas, subversivos y de guerrilla armada para justificar los posteriores secuestros y desapariciones de los militantes gremiales.

“Por ejemplo, en una parte del legajo, Peters dice que Amalia (Cozzi) y Rosalía (el alias de Ana María Martínez) eran responsables de prensa del PST; a mí me ubica como responsable sindical; y hay dos nombres que ninguno de nosotros conoció: Gustavo y Pedro. Según Peters, eran ‘responsables militares’. Todo un invento para justificar la masacre”, agregó.

Asimismo, el testigo afirmó a los jueces que hubo tres episodios que, en 1981 durante la infiltración, le hicieron suponer la verdadera motivación de Peters.

“Primero, cuando lo llevé a una reunión a la casa de un familiar de otro compañero, esa casa terminó siendo allanada un par de semanas después por parte de una comisión policial; segundo, nos encontramos un día en la estación de Don Torcuato y hablamos mucho rato, hasta que en un momento me dice: ‘¿Te acordás de mi amigo con el que cenamos en su casa hace un mes? Lo mataron e incineraron su cuerpo’. Yo no podía creer que me contara semejante cosa media hora después de haber estado conversando. Y tercero, cuando supe que la policía estaba averiguando datos sobre el titular de un auto, el cual me lo había prestado una compañera y en el que había viajado con Peters”, enumeró.

Hacia mediados de diciembre de 1981 todos los militantes del PST perdieron el contacto con el supuesto bancario despedido y nunca más lo pudieron encontrar. Finalmente las sospechas de Carlos Alberto Orallo se confirmarían al año siguiente cuando Amalia se encontró en Comodoro Rivadavia con aquel hombre que -según Peters- había sido asesinado e incinerado.

Respecto al secuestro y asesinato de Ana María Martínez en febrero de 1982, el testigo consideró ante los magistrados la posibilidad de que la elección de la víctima se debiera a un episodio ocurrido un mes antes, cuando una pareja de militantes fue detenida por tenencia de materiales de propaganda política: 60 periódicos, 20 libros, revistas internacionales, entre otras publicaciones. Lejos de lo que las fuerzas conjuntas que operaban en la zona hubieran esperado, el magistrado que intervino resolvió liberar a la pareja a los 10 días de la detención. Durante ese tiempo, Ana María Martínez había estado acompañando a los familiares de los militantes.

“Esa liberación, seguramente, les debe haber molestado mucho a la DIPPBA y al Destacamento 201. Y Ana María era muy visible; estaba muy expuesta, además del hecho de que hacía más de un año que la seguían a través de la infiltración de Peters. No tenemos duda de que, como responsable de nuestro grupo político, ella fue el blanco elegido por los genocidas de la zona”, culminó el testigo.

Datos del juicio

Cabe recordar que la causa es una parte del mega proceso Campo de Mayo y que están imputados Jorge Norberto Apa, ex jefe del Destacamento 201 de Inteligencia, y Raúl Guillermo Pascual Muñoz, ex jefe del Departamento de Personal G1.

Antes de la elevación a juicio, la CPM aportó valiosa documentación del archivo de la DIPPBA que, entre otras pruebas, da cuenta de la participación fundamental de esa agencia bonaerense en la persecución de Ana María Martínez. Esta documentación fue además integrada a una investigación residual respecto a la que ahora se juzgará, y que apunta a los agentes de la delegación DIPPBA de San Martín por su responsabilidad en crímenes de lesa humanidad.

En la primera audiencia del juicio declaró la cuñada de Ana María, Carmen Metrovich, referente de las luchas por los derechos humanos de la zona norte bonaerense e incansable rastreadora de testimonios y documentos que perfilan el caudal probatorio de la presente causa.

El tribunal está integrado por los jueces Silvina Mayorga, Daniel Gutiérrez y Marcelo Díaz Cabral, en tanto que el fiscal de juicio es Marcelo García Berro. La próxima audiencia será el próximo jueves 25 de octubre desde las 11 en la sede del TOF de San Martín.