Se trata de delitos de lesa humanidad cometidos contra 11 víctimas -7 de ellas están desaparecidas- a fines de 1975. La causa tramita ante el Juzgado Federal de Campana y, a pesar de que aún no hay imputados, sí están señalados ex miembros de la comisaría local, de la ex DIPPBA, de la ex Unidad Regional Tigre (que funcionaba como una departamental de la Policía Bonaerense) y de las Fuerzas Armadas, especialmente el Batallón de Inteligencia 601 del Ejército. A fines de mayo la CPM fue aceptada como querellante en la causa. Como informantes de las agencias de inteligencia habrían participado directivos de la empresa.

ANDAR en Campana

(Agencia) Los crímenes de lesa humanidad cometidos contra trabajadores y activistas de la fábrica Dálmine Siderca, de Campana, antes del golpe de estado del 24 de marzo de 1976 son investigados en una causa penal que lleva adelante el Juzgado Federal con asiento en esa ciudad y que, a pesar de no tener imputados, ese avance procesal estaría próximo a realizarse.

La CPM, que preserva y gestiona el archivo documental de la ex Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA), aportó a esta causa una serie de legajos y registros que prueban los fluidos intercambios de información sobre trabajadores de la fábrica Dálmine Siderca que mantenían las agencias de inteligencia de las fuerzas represivas que operaron en el norte bonaerense.

Entre otros aspectos, los documentos señalan los pedidos de información entre las agencias de la Comunidad Informativa (nombre con el que se conoce al circuito de coordinación entre las áreas de inteligencia durante la dictadura) acerca de la identificación de activistas y dirigentes de base sospechosos de promover medidas de fuerza o agitación sindical. Muchas de esas informaciones habrían sido aportadas por personal jerárquico de la empresa.

Así, por ejemplo, un legajo de la DIPPBA de la delegación de Tigre, caratulado “Detención de Juan Carlos Degui y 9 personas más en la ciudad de Campana”, habla de “continuos procedimientos que se están llevando a cabo en la zona de Campana y Zárate” y de varios militantes del ERP “que se desempeñaban en el establecimiento DÁLMINE-SIDERCA de la ciudad de Campana”.

Más adelante, al referirse a uno de los trabajadores de la fábrica, el legajo señala que “tiene amplia ascendencia en el gremialismo, donde se ha desempeñado como asesor gremial”.

Otro legajo señala la persecución que la delegación DIPPBA de Tigre realizó sobre otros dos trabajadores de Dálmine Siderca  y, al remitir la información a la dirección general de la agencia de inteligencia, se aclara: “Elevo al Sr. Director fotos de los detenidos, solicitándole tenga a bien remitir copias a esta delegación puesto que fueron las únicas que pudieron ser obtenidas”.

En el mismo sentido aparece un legajo caratulado “Empresa Dálmine Siderca Zárate” en el que se exige “informar a esta delegación sobre identificación de todo tipo de activistas, dirigentes de base, que sean sospechosos de promover medidas de fuerza u otro tipo de agitación sindical en la Empresa Metalúrgica Dálmine- Siderca, de Campana (Bs.As.) como así también: situación gremial actual de la empresa, grado de adhesión a posibles medidas de fuerza y todo otro dato de interés al respecto”.

A partir de esa solicitud, la DIPPBA puso en marcha una investigación sobre el personal de la fábrica y pidió antecedentes sobre diez personas integrantes de la comisión interna de delegados de la fábrica.

Cabe destacar que la DIPPBA realizó, de manera sistemática, tareas de inteligencia sobre trabajadores de establecimientos industriales en toda la provincia de Buenos Aires, particularmente sobre aquellos que se encontraban sindicalizados o integraban comisiones internas o militaban en organizaciones políticas.

Acerca de la causa penal sobre Dálmine Siderca, aparece implicado personal de la comisaría de Campana, de la Unidad Regional de Tigre, el Batallón de Inteligencia 601 del Ejército, de la Marina y Prefectura Naval.

A mediados de mayo la Comisión Provincial por la Memoria fue aceptada como querellante por parte del Juzgado Federal de Campana, en el marco de un trabajo de organización, coordinación y planificación que el organismo viene realizando desde 2017 con familiares víctimas, espacios de derechos humanos (HIJOS de Zárate, Campana y Escobar, y SERPAJ), la Municipalidad de Zárate, el Colegio de Abogados de Zárate-Campana, el grupo de investigación sobre responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad de FLACSO y otras organizaciones que impulsan las causas por crímenes cometidos antes del golpe en esa región bonaerense y que tramitan en el Juzgado Federal de Campana.

Desde la incorporación de la CPM se han realizado varias declaraciones testimoniales relevantes por parte de exobreros de Dálmine Siderca, relatos que aportan elementos clave para desentrañar los fluidos contactos entre exdirectivos de la fábrica y las agencias de inteligencia.

Dálmine Siderca

Según consigna la investigación titulada Responsabilidad Empresarial en Delitos de Lesa Humanidad, la compañía de tubos de acero sin costura había sido fundada en 1954 por el ingeniero italiano Agostino Rocca. La ciudad de Campana fue elegida por su cercanía al río Paraná.

Llegó a tener más de 5000 trabajadores y “con la instalación del terrorismo de estado, al menos 80 trabajadores y trabajadoras resultaron víctimas de crímenes de lesa humanidad. 39 están desaparecidas, 7 fueron asesinadas y 34 son sobrevivientes”. Hasta antes del golpe, particularmente entre octubre y diciembre de 1975, se produjeron la mayoría de los hechos de represión, y luego ocurrieron distintos ciclos represivos: abril y mayo de 1976, septiembre y noviembre de 1976 y febrero y mayo de 1977.

Casi todas las víctimas, en base a las reconstrucciones de sus historias, tenían militancia

gremial y política y vínculos con organizaciones político-militares: “La participación empresarial en la represión se puso de manifiesto a partir de secuestros en la planta, de una omnipresencia del Ejército y de una policía interna con estrecha vinculación al terrorismo de Estado, así como mediante la participación en una comunidad de inteligencia que hizo seguimiento de quienes resultaron víctimas”

“Al mismo tiempo, la empresa proveyó financiamiento para comisarías donde funcionaron centros clandestinos, se registró la actuación de directivos instigando o presenciando secuestros de trabajadores y también se denunció un aprovechamiento de la trama represiva para erradicar la indisciplina y el desorden en la fábrica”, destaca la investigación llevada a cabo entre FLACSO, el CELS y la Editorial de la Universidad Nacional de Misiones.

Casos de desaparecidos antes del golpe

La causa penal que lleva adelante el Juzgado Federal de Campana y que investiga crímenes cometidos a fines de 1975 sobre trabajadores de Dálmine Siderca contempla, además de quienes finalmente sobrevivieron al terrorismo de estado, 5 casos de personas desaparecidas:

-La desaparición forzada seguida de muerte de los ciudadanos Juana María Insaurralde y Enzo Raúl Gómez, a su vez también se investiga la desaparición forzada de Elba Josefa Insaurralde (esposa de Gómez Jorge Rubén), quienes habrían sido secuestrados el 12/12/1975.

-La desaparición forzada de Graciela Marta Silva de Goncalves quien habría sido secuestrada el 13/12/1975 y hasta la fecha se desconoce su actual paradero.

-Privación ilegal de la libertad y desaparición forzada de Armando Rodi Luján, quien fue secuestrado el 13 de diciembre de 1975 de su domicilio en la calle Brown N° 728 de Campana, y hasta el día se desconoce su actual paradero.

-La desaparición forzada de Roberto Osvaldo Caprioli, empleado metalúrgico de Dálmine y taxista quien fue privado de su libertad el día 23 de diciembre de 1975.

-La desaparición forzada de Alberto Federico Márquez, quien fue privado de su libertad el día 13 de diciembre de 1975 de su domicilio sito en Garibaldi Nº 552, de la localidad de Campana. Hasta el día de la fecha se encuentra desaparecido.