Horas después de la violenta represión de Gendarmería contra los trabajadores de la planta industrial de Vicente López, el programa de Justicia y Seguridad Democrática de la CPM presentó ante el Juzgado de Garantías 4 de San Isidro un habeas corpus colectivo con el objeto de requerir información sobre el lugar de alojamiento de los trabajadores detenidos y carátula del expediente judicial, además de solicitar adecuada asistencia jurídica y legal, atención medica y que se tomen las medidas adecuadas a fin de garantizar la integridad física y psíquica de los detenidos. Por otra parte, el organismo presentó pedidos de informes a Asuntos Internos de la Policía bonaerense y a Procuración por el accionar de las fuerzas de seguridad en el desalojo.

ANDAR en Vicente López

(Agencia) Ante los graves acontecimientos protagonizados por las fuerzas de seguridad durante el desalojo de los trabajadores de PepsiCO en la planta de Vicente López, la CPM intervino con urgencia ante las agencias judiciales intervinientes con el objeto de requerir información y exigir que se respeten los derechos de las personas detenidas durante el violento operativo.

En este sentido, desde el programa Justicia y Seguridad Democrática se presentó un habeas corpus colectivo ante el Juzgado de Garantías 4 de San Isidro –en turno, sobre el que recayó la causa por las detenciones- a favor de Virginia Gómez, Federico Martín Guiribuella, Javier Aparicio y Guillermo Galarza y de cualquier otra persona demorada, detenida o aprehendida en la represión y desalojo.

En el escrito, la CPM destaca que, según relatos de testigos presenciales, varios de los detenidos tenían lesiones de consideración producto de la brutalidad desmedida de los agentes de seguridad. Hasta el momento de la presentación no había noticias del paradero de los detenidos, del estado de salud, ni efectiva asistencia jurídica y legal para la defensa.

“Todo ello requiere de los órganos jurisdiccionales las acciones que garanticen el pleno goce de sus derechos y acceso a la atención medica urgente como a la salud e integridad física como el derecho de defensa competente y eficaz”, señala el habeas que, entre las peticiones, exige además la aplicación del protocolo de Estambul contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

Por otra parte, la CPM solicita que “se ordene mediante oficio si las comisarías donde se encuentran detenidas están habilitadas para alojar detenidos, cupo habilitado de detenidos, cantidad de detenidos actualmente y las condiciones de detención, como toda medida pertinente en protección de sus derechos y garantías”.

Cabe aclarar que la orden de desalojo fue ordenada por el Juzgado de Garantías 3 de San Isidro, ante la petición de la medida por parte de la Fiscalía Descentralizada de Vicente López Oeste, pero las detenciones de los trabajadores recayeron en el Juzgado 4 porque era el que estaba de turno durante la represión y el desalojo.

Por otra parte, la CPM también realizó pedidos de informes ante Asuntos Internos de la bonaerense y la Procuración General de la Suprema Corte para recabar información acerca del violento accionar de las fuerzas de seguridad y notificar sobre la negativa, tanto del juzgado como de la fiscalía intervinientes, a brindar información a la CPM sobre el paradero de los detenidos y sus estados de salud, motivos de las detenciones y condiciones de alojamiento.

Además, en un comunicado, la Comisión Provincial por la Memoria señala: “Frente a la violenta represión contra trabajadores de PepsiCO en la planta de Vicente López la Comisión por la Memoria (CPM) manifiesta su repudio y se solidariza con los trabajadores. A 35 años del retorno de la democracia resulta inadmisible que el Estado haga uso de la violencia física como metodología de gestión del conflicto social”.

“El trabajo es un derecho y, frente a su vulneración, la organización sindical y la protesta son un reaseguro para la lucha. Esta es una conquista insoslayable del movimiento obrero en la argentina que además forma parte de los derechos y garantías constitucionales que nos convierte en una sociedad democrática”, agrega.

El organismo exige el cese de la represión y del ejercicio de la violencia por parte de las fuerzas de seguridad, la persecución a los trabajadores y la criminalización de la protesta: “El Estado debe encontrar un camino de resolución pacífica y mediante el diálogo de todos los conflictos sociales, esa es la única garantía de democracia”.