José Luis Sanchez,  Franco Damián Cisneros y Lucía Analy Gab fueron condenados a dos años de prisión y cuatro años de inhabilitación especial para el ejercicio de cargos públicos por el delito de vejaciones en actos de servicio. Las víctimas fueron un joven de 17 años y su hermana. La CPM realizó un seguimiento del caso con reuniones y actividades con la comunidad para pensar estrategias en torno a una seguridad democrática.

ANDAR en Bolívar

(Agencia) El juez consideró como circunstancias agravantes la minoría de edad de la víctima y la condición de mujer de su hermana ya que estas condiciones “merecían de la autoridad pública -por expreso mandato de jerarquía constitucional- un especial resguardo y protección de su integridad personal”.

El veredicto da por probado los hechos que el joven denunció en diciembre de 2014 cuando junto a un grupo de amigos golpearon las puertas del local bailable La Vizcaína de Bolívar reclamando ingresar porque tenían entradas pero no los dejaban pasar por el horario. La situación motivó la intervención del personal policial de la comisaría local pero el oficial José Luis Sánchez, una vez que el menor estaba aprehendido y esposado con las manos a la espalda en el asiento trasero del patrullero, lo tomó del cuello y lo golpeó. Al llegar a la comisaria, lo arrastró al interior a patadas. La hermana del joven y un amigo se acercaron a la comisaría cuando supieron lo que había pasado. Como respuesta también recibieron golpes y agresiones. Esa misma noche formularon una denuncia en la Unidad Funcional Descentralizada 15 de Bolivar.

El fallo califica los golpes como “un despliegue agresivo, además de injusto, absolutamente innecesario e inmotivado” y subraya que los acusados son funcionarios públicos, concluyendo que “cualquier planteo que transite por la figura del exceso funcional o de un incremento imprudente o negligente en el uso de la fuerza mínima y necesaria, no puede ser atendido favorablemente”.

La Comisión Provincial por la Memoria siguió el caso desde que se inició la denuncia; hubo reuniones con funcionarios locales y vecinos, y actividades para pensar con la comunidad estrategias conjuntas que sancionen y eviten la violencia policial y promuevan una seguridad democrática.

Hugo González, el abogado de las víctimas, consideró que la sentencia es ejemplificadora.  “El uso de la fuerza pública no puede ser abusivo, la policía no puede ampararse en el ropaje del estado para violentar la dignidad de las personas”, concluyó.