La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) firmó un convenio de cooperación con el Municipio de Ramallo para el asesoramiento y capacitación en el control y monitoreo de las fuerzas de seguridad, y el registro e intervención de casos de violencia policial. El convenio formaliza un espacio de trabajo para fortalecer la capacidad de acción del mecanismo local de control de la violencia institucional. Para la CPM, la participación de la ciudadanía es indispensable para garantizar el respeto de los derechos y garantías constitucionales que se ven constantemente vulnerados por el aumento de la discrecionalidad e ilegalidad de las prácticas policiales en el territorio.

ANDAR en Ramallo

(CPM/Agencia) La creación del Consejo municipal de control de la violencia institucional fue aprobada el año pasado por unanimidad en el Concejo Deliberante de Ramallo. Como lo estipulaba la misma ordenanza, ayer se firmó un convenio de cooperación entre el Municipio y la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) para fortalecer la labor del consejo en el cumplimiento de sus objetivos.

“El acuerdo institucionaliza una política de la Comisión de instalar en cada territorio las bases para un trabajo colectivo en la promoción de los derechos humanos. Esta línea de acción contribuye a la participación popular por más y mejor democracia, para que los derechos y garantías expresados en la Constitución nacional y en los tratados internacionales no sean sólo un párrafo bien escrito sino que puedan cumplirse efectivamente”, remarcó el presidente de la CPM, Víctor Mendibil.

En ese marco, y en base a la trayectoria de la CPM, el convenio firmado formaliza un espacio de trabajo para la formación y asesoramiento en la labor de control y monitoreo de las fuerzas de seguridad, y registro e intervención de casos de violencia policial.

Este convenio es, a su vez, un reconocimiento a la labor de la CPM como mecanismo provincial de prevención de la tortura, cuyas tareas se enmarcan en los lineamientos dispuestos por el protocolo facultativo a la convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes de la ONU.

En sus diferentes informes y en el trabajo cotidiano, la CPM ha constatado la sistematicidad en las prácticas violatorias de los derechos humanos desplegadas por las fuerzas de seguridad en el territorio y en los lugares de encierro; en este sentido, este consejo municipal es una herramienta institucional que, dotada de autonomía y capacidad de intervención, puede aportar a la erradicación de estas prácticas y a la democratización de estas fuerzas.

El proyecto de creación de un mecanismo de control ciudadano fue impulsado por la CPM y aprobado en Ramallo y Punta Indio, y se espera que esta experiencia pueda ser replicada en otras localidades de la provincia. Para la CPM es indispensable que el mismo Estado se comprometa a formalizar instancias institucionales de lucha contra la violencia institucional con participación plena de la ciudadanía.