Centenares de detenidos son el resultado de una práctica policial sistemática en los barrios periféricos de la ciudad de Córdoba. Vulneración de garantías constitucionales y derechos humanos se combinan en la implementación de una política de seguridad cada vez más dura que hace foco en jóvenes pobres. Un hábeas corpus presentado por el abogado y profesor Hugo Omar Seleme pide a la Justicia el cese de estas prácticas.

ANDAR en Córdoba

(Agencia) Organizaciones sociales y de derechos humanos en Córdoba estiman que alrededor de un millar de jóvenes fueron detenidos durante los días 2 y 3 de mayo pasado. Ese fue el resultado de un operativo policial de “saturación territorial” realizado en la capital de la Provincia, en el que participaron entre 1000 y 1500 efectivos.

Se trata de jóvenes, generalmente pobres, que viven en los barrios Argüello, Autódromo, Sol Naciente, San Roque, Villa Urquiza, Villa El Libertador, Müller, Villa El Nylon, San Vicente, Bajo Pueyrredón, Marqués Anexo y Yapeyú, lugares donde se concentró el operativo.

Según fuentes oficiales, las detenciones se encuadraron en una supuesta infracción al Código de Faltas de la Provincia de Córdoba y no la comisión de delitos. Así lo reconoció el Subjefe de la Policía, Sr. Mario Tornavaca que explicó que “la mayoría de los detenidos han evadido los controles, se han hecho persecuciones, y por ello se los ha puesto a disposición del juez de faltas”.

Frente a la gravedad de los hechos, el abogado Hugo Omar Seleme, titular de la Cátedra de Ética de la Facultad de Derecho y Cs. Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, Investigador independiente de CONICET, presentó un hábeas corpus preventivo colectivo en favor de los vecinos que viven en estos barrios, en el que solicita a la Justicia que se “pronuncie expresamente acerca de la constitucionalidad de los procedimientos” mencionado y “ordene el cese de tal situación.”

El hábeas corpus revela además que todos los relatos de las víctimas “coinciden en que las detenciones que se realizaron afectaron en su mayoría a jóvenes varones, quienes de forma abusiva y sin motivos fueron detenidos, pasando entre 12 y 20 horas alojados en calabozos.” Todo esto sin que exista constancia alguna de órdenes de detención por parte de jueces o fiscales de turno.

Las declaraciones públicas de los funcionarios responsables agravan aún más el cuadro de situación. Julio Cesar Suárez, Jefe de Policía de la Provincia, refirió a la “ocupación en los barrios” realizada por efectivos calificando de exitosos los procedimientos e informando la detención de 350 personas. Y agregó que “seguiremos entrando a barrios complicados, a barrios difíciles, a hacer ocupaciones, a controlar a personas, pedir DNI, papeles de las motos”.

La gravedad de los hechos queda expuesta además en el texto del hábeas corpus presentado por Seleme que expresa qué “dado que los hechos mencionados suponen la violación de innumerables garantías constitucionales y Derechos Humanos, lo que es susceptible de acarrear responsabilidad internacional del Estado, debe instruirse a quien corresponda con la finalidad de que se haga cesar con urgencia la vulneración de la libertad de los vecinos de los barrios mencionados.”