El titular de la comisaría 3ª de San Clemente del Tuyú, Roberto Fernando Romero, está denunciado por torturar en un calabozo a una mujer de 35 años con padecimiento mental y problemas de adicciones. El comisario fue identificado por la víctima y reconocido por el equipo de psicólogos del hospital municipal cuando fue hasta allí para volver a trasladar a la víctima a la comisaría. Mientras avanza la causa por vejaciones y apremios ilegales, Romero fue separado del cargo por la Dirección de asuntos internos. La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) había solicitado que se tome esta medida y otras para que se avance de manera diligente en la investigación.

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Gisela Knorr tiene 35 años, padece de bipolaridad y problemas de adicciones; hace algunas semanas fue detenida tras protagonizar un accidente de tránsito. Ella y un compañero, a bordo de una moto, tomaron una calle a contramano y chocaron contra el espejo retrovisor de un auto que estaba estacionado.

Luego del choque, y ante el llamado de la dueña del vehículo chocado, llegó al lugar personal policial y del cuerpo de Protección Ciudadana. Gisela, visiblemente alterada a raíz de su padecimiento mental, discute con los agentes públicos. En ese contexto, y tal como lo establece la ley de salud mental, los policías deberían haber avisado a sus familiares y haber dado intervención inmediata a los servicios de salud, pero no hicieron nada de eso sino todo lo contrario: la mujer fue esposada y trasladada a la comisaría 3ª, una comisaría además clausurada por resolución ministerial.

Esposada y alojada en un calabozo de la comisaría, Gisela comenzó a gritar y patear las rejas pidiendo medicación por su tratamiento psiquiátrico. “Quién es la loquita que grita”, escuchó primero. Y después: “Yo te voy a enseñar cómo se respeta a la comisaría, yegua hija de puta, drogona de mierda”.

Luego de las amenazas, empezaron los golpes. Según consta en la denuncia realizada por su hermana en la UFI descentralizada 2 de La Costa, mientras Gisela continuaba esposada recibió un golpe de puño en el rostro; después la hacen arrodillar y la siguen golpeando en su rostro, manos, piernas y en la cabeza. La mujer quedó al borde de desvanecerse tras sentir un fuerte impacto de la cabeza contra la pared o el suelo, ella no llegó a determinarlo.

Recién después de ser torturada hasta perder casi el conocimiento, los efectivos policiales la trasladaron al hospital municipal. Según la versión oficial, las lesiones fueron autoinfligidas: “golpeando con su cabeza y con patadas las puertas de reja del calabozo. Ante esta situación y previo tomar las medidas para evitar que se continua lesionando, se la traslada al nosocomio local”, dice el parte policial.

Tras recibir las primeras curaciones, Gisela describió ante el equipo de psicólogos del centro de salud a su agresor: “Un hombre alto, vestido de remera blanca con un logo en el medio, camisa a cuadrillé y jean”. Pocas horas después, un hombre vestido exactamente igual a cómo había descrito Gisela llegó al hospital con la intención de trasladar nuevamente a la víctima a la comisaría: ese hombre era el comisario Roberto Fernando Romero.

Cuando Noelia, la hermana de Gisela, llegó al hospital, ella seguía bajo custodia y le quisieron impedir el ingreso a la sala donde estaba internada. Sin hacer caso a la orden, entró a la habitación y pudo constatar las graves lesiones que tenía en el rostro y cuerpo a causa de las torturas sufridas. Ese mismo día, la fiscalía le otorgó la libertad.

Sólo dos días después de este hecho, tras realizar la denuncia contra el personal policial, Noelia recibió un llamado telefónico de un número desconocido, una voz masculina le advirtió: “Vas por mal camino”. Sólo ese mensaje y cortó.

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) tomó conocimiento del caso, realizó un pedido de informe de las actuaciones a la fiscalía que interviene en la causa caratulada como “vejaciones y apremios ilegales”. Y realizó otra presentación ante la Auditoria de asuntos internos del Ministerio de Seguridad para pedir el estricto cumplimiento de la resolución 1390, para que no sea la propia fuerza implicada la que investigue el hecho.

“La denuncia penal realizada da cuenta de una serie de agresiones físicas, amenazas y serias afectaciones a su salud mental y a su dignidad”, sostuvo la CPM en estas presentaciones. Y señaló que resulta “incomprensible” porque Gisela fue trasladada a la comisaría y no se dio intervención a los agentes de salud cuando resultaba evidente que su situación “presupone un padecimiento mental”.

Recientemente, y en virtud de las primeras investigaciones, la Auditoría de asuntos internos decidió, de manera cautelar, separar a Romero del cargo para que no entorpezca la investigación. En simultáneo, en la justicia penal, las pruebas se cierran sobre él y comprometen su situación procesal.

Mientras tanto, el ex titular de la comisaría 2ª de La Costa, Ezequiel Montoya, ocuparía el cargo tras la desafectación cautelar de Romero. Montoya ya había sido vinculado anteriormente a faltas disciplinarias por irregularidades en dos allanamientos realizados en la localidad; en su momento, la Secretaría de seguridad municipal pidió su relevó.