ANDAR en la provincia

(Red de jueces penales de la Pcia. de Buenos Aires)

A propósito del Plan de Emergencia en Seguridad que el día 5 de abril diera a conocer el titular del Poder Ejecutivo provincial, “La Red de Jueces Penales de la Provincia de Buenos Aires” cree conveniente hacer públicas las siguientes consideraciones:

En primer lugar, resulta necesario decir que a la vez que se declara la emergencia provincial en materia de seguridad, por el lapso de un año, el gobierno bonaerense insiste en la misma orientación de restringir el derecho excarcelatorio de las personas sometidas a proceso penal, que viene desde las épocas de Carlos Ruckauf y Felipe Solá, y que hasta el presente no pudo reducir los índices de criminalidad, aun cuando duplicó el encierro penitenciario, en muchos casos, bajo condiciones de infrahumanidad que fueran motivo de reiteradas denuncias ante organismos interamericanos por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

Ante una serie de medidas emergenciales de similar tenor a las ahora adoptadas, “La Red de Jueces Penales de la Provincia de Buenos Aires” —junto a otras asociaciones y organizaciones no gubernamentales, con fecha 26 de septiembre de 2008— suscribió un documento público titulado “Sin rumbo y sin brújula”1, en cuyos tramos principales se sostiene:

“…Sigue generando inquietud la reiteración de cambios en el sistema penal que, más que contribuir al mejoramiento de la administración de justicia, sólo han logrado desarticular el sistema acusatorio de la ley 11.922 y profundizar algunos de los problemas que la reforma pretendió resolver. Tanto es así que una de ellas, nos referimos a la ley nº 12.405 (“Ley Ruckauf”), provocó una irreparable catástrofe humana al incorporar a cárceles y comisarías provinciales más de 30 mil detenidos, en su mayoría, en deficitarias condiciones de alojamiento…”

“…Resulta, por consiguiente, impostergable para todos los integrantes del sistema judicial y los responsables de definir los lineamientos de política criminal, efectivizar el mandato contenido en el fallo “Verbitsky, Horacio” de la CSJN, en cuanto impone el deber de no alterar los supuestos de libertad durante la sustanciación del proceso y reconocer el carácter excepcional de su privación o reducción cautelar, con base en el irrestricto ejercicio del principio de inocencia que sólo puede ser contradicho por sentencia condenatoria firme…”

“…En el sector oficial que planifica y ejecuta las medidas estatales para la administración de justicia en el fuero penal, hasta el presente, sólo advertimos la toma de decisiones efectistas y ocasionales, aunque desarticuladas y carentes de una política criminal de mediano y largo plazo, por parte de un gobierno provincial que parece surcar a la deriva en el mar de la improvisación, habiendo extraviado el rumbo y —lo que es peor aún— la brújula…”

Es de lamentar que el gobierno bonaerense, a pesar de los años, persista en su enfoque punitivista, como si con las reformas legales, con el incremento de la prisionización y con la construcción de nuevas cárceles, automáticamente, se pudiera mitigar la criminalidad.

Peor todavía. Se recurre a la convocatoria de personal policial y penitenciario retirado, cuando no se sabe a ciencia cierta cuántos de esos efectivos fueron dados de baja de esas  reparticiones provinciales, durante la gestión de León Arslanian, a raíz de fundadas sospechas de corrupción o de complicidad criminal.

Por su parte, las medidas relativas al narcotráfico, más allá de su eficacia, son de la competencia exclusiva de la justifica federal (salvo los delitos menores y de mediana gravedad en materia de estupefacientes), por lo que mal puede la provincia de Buenos Aires legislar o disponer sobre la materia. Y lo propio sucede respecto de la pretendida equiparación entre los delitos de tenencia y portación de armas, así como entre los calibres de las armas civiles con las armas de guerra, pues son incumbencias que le corresponden, con exclusividad, al Congreso de la Nación (art. 75 n° 12 de la Const. Nacional).

En resumen, las medidas anunciadas por el gobernador lejos de aplacar la acuciante situación en materia de seguridad, van a generar nuevos problemas para la provincia no sólo a raíz de la superpoblación y el hacinamiento carcelario (en la mayoría de los casos, “presos sin condena”), sino también por el retorno a la actividad (policial y penitenciaria) de efectivos que, en su momento, fueron dados de baja por la existencia de fundadas sospechas de corrupción o complicidad criminal. Entonces, en el contexto analizado, el anuncio oficial de un plan de emergencia con una veintena de medidas más efectistas que efectivas, lamentablemente, nos permite inferir que el gobierno sigue a la deriva, sin rumbo y sin brújula.

* Pedro Rodríguez y Adriana Lucía Nanni, por la red de Jueces Penales de la Provincia de Buenos Aires

(1) Documento aprobado en el “Tercer Foro Multisectorial para la defensa de una justicia independiente y democrática”, en el Aula Magna de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Firmantes: Asociación Judicial

Bonaerense (AJB); Federación Judicial Argentina (FJA); Central de Trabajadores Argentinos (CTA); Asociación Pensamiento Penal (APP); Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales Provincia de Buenos Aires (INECIP, Pcia. de Bs. As.); Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS); Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH); Comité Contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria; y Red de Jueces Penales de la Provincia de Buenos Aires.

Ver: http://new.pensamientopenal.com.ar/01102008/actualidad01.pdf