Fechada el 29 de junio, la carta dirigida al flamante titular del obispado castrense argentino, Santiago Olivera, fue firmada por 85 organizaciones de la sociedad civil, entre organismos de derechos humanos, movimientos sociales, espacios sindicales y culturales, además de un centenar de adhesiones individuales de docentes, teólogos, religiosos y abogados. El texto resalta que “usted asume un obispado con una deuda histórica pendiente: admitir la responsabilidad institucional que tuvo en el surgimiento, sostén y reproducción del terrorismo de Estado en Argentina (1975-1983)”.

ANDAR en la Memoria, Verdad y Justicia

(Agencia) “La jerarquía católica que Ud. integra, continúa eludiendo su responsabilidad en el genocidio. En sus discursos y escritos, jamás ha hecho mención alguna de la actuación del obispado castrense, al mismo tiempo que esquivó exitosamente el proceso de verdad y justicia reabierto en la década pasada”, denuncia en los primeros párrafos el minucioso mensaje que 85 organizaciones de todo el país –entre ellas la CPM- y más de un centenar de adhesiones individuales le hicieron llegar, el 29 de junio, al flamante obispo castrense, Santiago Olivera, designado en marzo pasado.

La misiva advierte que resulta una provocación que la Conferencia Episcopal Argentina continúe “reflexionando” y escuchando testimonios de “víctimas de la guerrilla y víctimas del terrorismo de Estado” acerca de “los acontecimientos ocurridos durante la última dictadura militar”, como si desconociese lo sucedido o se hubiese mantenido al margen.

“El pasado mes de mayo, en el marco del enorme repudio que cosechó el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, hemos visto cómo algunos sectores -entre ellos los obispos argentinos- pretendieron reinstalar la idea de una ‘reconciliación entre los argentinos’”, idea que públicamente ha sostenido el propio Olivera al apoyar el pedido de prisión domiciliaria para los represores.

Sobre el rol de la Iglesia, el escrito señala: “Hace tiempo que los organismos de derechos humanos y un sector importante de la sociedad, venimos sosteniendo que la dictadura que ocupó el poder entre 1976 y 1983 fue cívico-militar y también eclesiástica. Su componente religioso fue tan necesario como el represivo, el político y el económico. La profundidad y la extensión temporal que alcanzó, no se hubieran logrado sin la legitimación que la doctrina católica brindó al gobierno militar y a la violencia desplegada”.

“Dicha legitimación reposó en el discurso público de los obispos, en el silencio aquiescente del Episcopado y centralmente en el trabajo que por décadas realizó el Vicariato Castrense al interior de las Fuerzas Armadas. A través de esta institución situada simultáneamente sobre las estructuras eclesiástica y estatal, la Iglesia se convirtió en un engranaje fundamental de la maquinaria represiva”, agrega.

Con respecto al funcionamiento particular del Vicariato Castrense durante el terrorismo de estado en Argentina, el documento rescata la importancia histórica y judicial de los diarios personales del fallecido obispo Victorio Bonamin, ex provicario castrense entre 1960 y 1982, que “contienen anotaciones diarias de los años 1975, 1976 y 1978 respecto del devenir nacional (político, castrense, eclesiástico, etc.), el funcionamiento de las capellanías, reuniones con personal militar y de inteligencia, organización de la pastoral castrense, apreciaciones sobre la metodología represiva, pedidos de intervención por parte de familiares de presos políticos, entre otras cosas”.

“Con todo, el Poder Judicial todavía no ha puesto la mira en las responsabilidades de la Iglesia Católica respecto del terrorismo de Estado. Los sacerdotes católicos representan menos del 1% de las más de 750 personas condenadas y de las 2.800 imputadas por delitos de lesa humanidad. Sólo 12 han pasado por alguna causa judicial: 1 condenado a prisión perpetua, 1 absuelto, 5 citados como testigos y 5 imputados. De los cinco testigos, dos fueron además denunciados por las fiscalías correspondientes. Y de los cinco imputados, dos murieron sin condena, uno está prófugo y dos en proceso”, describe el mensaje a Santiago Olivera.

Entre el petitorio que las organizaciones firmantes trasladan al flamante Obispo Castrense, se destacan los siguientes puntos:

-Apertura y puesta a disposición para las causas judiciales y los organismos de derechos humanos, de los archivos del Obispado Castrense, tanto de la curia como de las distintas capellanías.

-Colaboración para que los capellanes que actuaron en tiempos del terrorismo de Estado y aún viven, testimonien ante el Poder Judicial y presenten pruebas. Que digan lo que saben sobre los cuerpos de los desaparecidos y sobre los nietos nacidos en cautiverio a los que aún falta restituir su verdadera identidad.

-Pronunciamiento público como nuevo titular del obispado, acerca del rol cumplido por la institución durante la última dictadura cívico-militar.