Unos 700 efectivos de la Policía de la provincia de Buenos Aires —portando armas, escudo y palos— realizaron, bajo órdenes de la Municipalidad de La Plata, una serie de operativos en el microcentro de la ciudad para evitar que los vendedores ambulantes se instalen en la vía pública. Por lo menos, cinco manteros denunciarán el secuestro irregular de sus mercaderías y dos militantes populares y una comerciante de la galería San Martín fueron aprehendidos por defender a los feriantes durante el desalojo. “No podemos trabajar y muchas de nosotras no tenemos otra cosa para sobrevivir”, dice Jaquelin y señala que el proyecto municipal del predio ferial es inviable.

ANDAR en La Plata

(Agencia Andar) Esta mañana el centro de la ciudad de La Plata amaneció prácticamente sitiado por fuerzas de seguridad, tal como había ocurrido hace más de un mes en plaza San Martín. Este nuevo operativo para impedir la venta ambulante se extendió desde Plaza Italia hasta calle 53 por avenida 7 y 8, algunas cuadras de calle 9 y el centro de 12. En total participaron unos 700 policías junto a funcionarios municipales y agentes de la Secretaría de convivencia y control ciudadano.

Por lo menos, a cuatro manteras y un vendedor senegalés le secuestraron la mercadería con actas de contravención irregulares y de manera violenta; a algunas de ellas, incluso, las arrojaron al piso para quitarles sus pertenencias. Las cinco personas presentarán la denuncia ante la UFI 17, a cargo de María Eugenia Di Lorenzo.

El desmedido operativo policial, solicitado por la Municipalidad de La Plata, terminó también con tres aprehendidos: la comerciante Carolina Esteban y los militante de Patria Grande Pilar Posadas y Francisco Laurito fueron trasladados a la comisaría 1ª por “resistencia a la autoridad”, cuando intentaban defender a los manteros que eran desalojados y filmaban con sus teléfonos el violento operativo.

Durante el tiempo que estuvieron en la dependencia policial, se les secuestraron de manera ilegal los celulares. Luego de ser revisados por el cuerpo médico, los tres serían liberados pero seguirán imputados.

Otros y otras feriantes también denunciaron que se les secuestró de manera irregular la mercadería. “Hay muchas compañeras que, ni bien se bajaron del colectivo que las dejaba en plaza San Martín, fueron abordadas por policías y les sacaban los bolsones de ropa usada para vender”, detalla Jaqueline Agüero.

En el último tiempo, ante la profundización de la crisis económica, centenares de familias encontraron en la venta ambulante un medio de subsistencia: “Hoy ya es un día perdido, hay gente que sólo tiene la plaza, que no tiene otra cosa para sobrevivir, y que hoy no puede trabajar ni llevar plata a su casa”, sintetiza Jaqueline, con mirada pragmática.

A la par que creció la presencia de manteros, el ejecutivo municipal intensificó las acciones de persecución y criminalización de la venta ambulante. El 7 de junio pasado fue un momento de quiebre; ese día se desplegó un cordón policial sobre la plaza San Martín para impedir el ingreso de los manteros. En ese momento, alrededor de 600 familias participaban de la feria. Las fuerzas de seguridad estuvieron apostadas durante varios días y, desde entonces, se mantuvo la presencia policial para impedir que los manteros vuelvan a ocupar la plaza.

De esas 600 familias, quedaron unas 150 que durante estas semanas se apostaron frente a la Legislatura, en calle 51 entre 7 y 8. Eso fue hasta hoy. Mientras tanto, el Municipio sigue justificando estos operativos y reclamando a los feriantes que se inscriban en el registro de puesteros para trasladar la venta ambulante al predio ferial, que funciona en 80 y 134. Sin embargo, Jaqueline observa que el proyecto municipal es inviable: “Conocemos gente que puso puesto en el predio y están liquidando toda la ropa porque no pueden pagar el canon”.

Según habían acordado vendedores ambulantes con funcionarios municipales, el Municipio iba a proveer colectivos para trasladar a los feriantes y se iba a hacer cargo de otros gastos como el canon por el puesto y el monotributo social. “Durante seis meses, íbamos a recibir este subsidio, pero en la última reunión ya nos adelantaron que, posiblemente, no podían seguir sosteniendo esa ayudar durante mucho tiempo más, explica Agüero.

Para desnudar la inviabilidad de la medida, Agüero agrega: “Tenemos que pagar 12.500 pesos para entrar y luego un canon de 350 pesos por día de feria. Nosotros, que vendemos ropa usada, sacamos en promedio 150 por día y a veces nada. Y eso que estamos en el centro, donde la gente tiene que pasar sí o sí, imagínate si nos vamos al predio de 80”.

Las manteras que se acercaron hoy al centro, se movieron siempre cargando las bolsas a sus espaldas para evitar que le secuestren la mercadería y, ante las aprehensiones, se manifestaron pacíficamente frente a la comisaría 1ª. Allí también se hicieron presente organizaciones sociales, políticas y organismos de derechos humanos.

Desde las primeras horas del día, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) estuvo en contacto con feriantes y vendedores senegaleses con quienes vienen articulando una serie de estrategias y presentaciones frente a los reiterados ataques. “Las personas que realizan la labor de venta ambulante refieren que en reiteradas oportunidades son abordados por agentes policiales, de control urbano, como así también por funcionarios municipales, quienes a través de mensajes intimidantes instan a que cesen su trabajo e imponen multas argumentando contravenciones al código de faltas municipal, en ocasiones les sustraen los elementos de trabajo, sin formalizar debidamente el secuestro de los mismos”, señaló la CPM en una nota enviada esta mañana al Ejecutivo municipal y el Concejo Deliberante.

Ante el despliegue de efectivos de la Policía de la provincia de Buenos Aires —con presencia de agentes de Infantería, Caballería, la Policía Local, el GAD y el Comando de patrullas—, el organismo manifestó su preocupación por el operativo policial solicitado por el Municipio y le requirió al Ministerio de Seguridad de la Provincia que notifique sobre las los fines, características y plazos del operativo.

“Entendemos que estos hostigamientos arbitrarios por parte de agentes policiales y municipales, ponen en riesgo su actividad que permite mantener una mínima subsistencia, frente a la adversa situación económica que atravesamos”, agrega la CPM en la nota remitida a las autoridades políticas.