El lunes 22 de julio, luego de dos eternos meses que debieron esperar los familiares de las víctimas para obtener respuestas institucionales por parte de la Intendenta Sandra Mayol, finalmente se realizó desde las 19 la sesión especial del Concejo Deliberante de San Miguel del Monte con la interpelación a la funcionaria. Lejos de formular una autocrítica sobre los mecanismos de control sobre las fuerzas en su territorio, y distante del dolor de las familias que presenciaron la sesión, Sandra Mayol volvió a negar encubrimiento político sobre los responsables de la brutal persecución y calificó los hechos del pasado 20 de mayo como “actos delictivos” cometidos por personas que, además, eran policías.

ANDAR en San Miguel del Monte

(Agencia) Fueron 17 preguntas formuladas en un anexo del  Decreto 8/2019 elaborado y aprobado por el Concejo Deliberante local, en virtud del cual la Intendenta debía presentarse en sesión especial para responder preguntas de los ediles en función del accionar del Municipio antes, durante y después de la letal persecución con disparos de arma de fuego que dos patrulleros realizaron contra un Fiat Spazio en el que se trasladaban 5 jóvenes de entre 13 y 22 años -4 fallecieron en el acto y una sufrió gravísimas lesiones tras el accidente-.

Para Mayol, su cargo no contempla ni prevé atribuciones ni dictado de órdenes respecto a fuerzas de seguridad que actúan en el distrito “ya que la policía depende del Ministerio de Seguridad de la Provincia”.

Sin embargo, no hizo mención a la cadena de encubrimiento de la que participó, no sólo agentes policiales, sino también el exsecretario de Seguridad del municipio, el comisario retirado Claudio Martínez, detenido tras descubrirse que manipuló las filmaciones de las cámaras del Centro de Monitoreo.

Según Mayol, tanto el accionar de Martínez como del resto de imputados y detenidos en la causa, constituyen delitos de personas que, circunstancialmente, ejercían funciones públicas pero que no representan ni responden a los lineamientos y prácticas operativas de la fuerza policial en ese distrito.

Este posicionamiento de la funcionaria contrasta expresamente con las decenas de testimonios y estadísticas oficiales analizadas y sistematizadas por la Comisión Provincial por la Memoria en su “Informe Especial Masacre de San Miguel del Monte”, en el cual se describe el contexto de hostigamiento policial, corrupción, operativos de saturación y violencia institucional que posibilitaron y habilitaron la persecución y disparos contra los jóvenes.

Tal como consigna el Informe, “Unos meses antes de la Masacre la propia intendenta destacaba los operativos de saturación con presencia de los grupos especiales de la Policía Bonaerense”.

Citando declaraciones periodísticas de Mayol, la CPM reseña que para ella “la seguridad es una preocupación y la verdad es que siempre se piden agentes de refuerzo porque hay pocos efectivos (…) Si bien es un lugar tranquilo donde uno puede vivir de otra manera, también pasan cosas a las que no se está acostumbrado ni que vamos a permitir acostumbrarnos”.

El Grupo de Apoyo Departamental (GAD) y el Grupo de Patrulla Motorizada (GPM) son algunas de las divisiones especiales de la Bonaerense con las, según Mayol, es necesario reforzar la seguridad en el distrito mediante  los sistemáticos operativos de saturación.

Frente a sus respuestas estructuradas y leídas frente a los concejales –las 17 preguntas ya las tenía desde la aprobación de la interpelación- y la distancia respecto a las familias que presenciaron la sesión especial, la CPM considera “absolutamente insatisfactoria su presentación ante el Concejo y el pueblo de Monte, ya que no se hizo cargo de ninguna decisión en la conducción de las fuerzas en su distrito e intentó, en todo momento,  desvincular institucionalmente los actos delictivos de su responsabilidad como Intendenta”.

“No realizó una autocrítica respecto a sus políticas de seguridad. Fue indolente frente al padecimiento de las familias, a quienes no dirigió un mensaje reparador en el sentido de asegurar que este tipo de prácticas no volverán a repetirse”, agrega este organismo, que patrocina a dos de las familias de las víctimas de la Masacre.