Frente a múltiples casos de amenazas, hostigamientos y persecuciones que vienen sufriendo familiares, testigos y abogados del juicio que se sigue contra once policías de la provincia de Buenos Aires por las torturas y muerte de Fabián Gorosito, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presentó un habeas corpus preventivo a favor de todos ellos y reclamó que se extremen las medidas de protección y resguardo físico sobre ellos.

ANDAR en Merlo

(Agencia/CPM) El viernes por la noche, después de una reunión en el domicilio del abogado querellante, móviles policiales —uno de ellos sin patente— a alta velocidad y con las sirenas encendidas rodearon el auto en el que se trasladaban María Viera, madre de Fabián Gorosito, y otros tres jóvenes que fueron víctimas de torturas y son querellantes en el juicio que investiga la muerte de Fabián. A la par de ellos, marcharon durante unas 20 cuadras y recién se alejaron en un paso a nivel en el ingreso a la localidad de Mariano Acosta. Durante la misma reunión con sus abogados, ya habían notado el merodeo de distintos vehículos sin identificar.

Esta amenaza explícita es el último episodio de una grave serie de hechos que vienen sufriendo desde el inicio de las audiencias.

Seguimientos con móviles particulares y policiales no identificados, presencia de automóviles apostados en los domicilios particulares con ocupantes que toman fotografías de las personas involucradas en el juicio, un imputado que merodea el colegio donde asiste el hijo de una de las víctimas, otra de las víctimas que llega un día a su casa y encuentra a todos sus perros muertos por envenenamiento. Estos hechos de hostigamiento y amenazas constantes se vienen registrando desde que comenzaron las audiencias del segundo juicio por el asesinato de Fabián Gorosito y las torturas a otros tres jóvenes, sucedidas en 2010.

Por la gravedad institucional que estos episodios implican y por el serio riesgo que corren las víctimas de estas amenazas, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presentó un habeas corpus preventivo a favor de todos ellos, exigiendo que se tomen medidas urgentes para extremar su protección.

En la presentación realizada ante el Juzgado de Garantías 6 de Morón, la CPM advirtió que todos los hechos de intimidación y amedrentamiento denunciados “constituyen actos ilegales, son manifiestamente persecutorios y graves, dado que los comenten quienes cuentan con medios, información e impunidad para realizarlos. El accionar ilegal que se describe deviene característico de las fuerzas de seguridad, que tienen un dominio territorial y acceso a herramientas para efectivizar hechos intimidatorios de manera reiterada, con el fin evidente de evitar o desviar el control jurisdiccional e imponer el terror”.

Todo esto sucede en el marco de las audiencias del juicio que tiene como imputados a una mujer civil y once policías de la Comisaría 6ª de Merlo, en la localidad de Mariano Acosta. Los imputados siguen cumpliendo funciones en la fuerza. Esta situación de amedrentamiento también se evidencia en la sala del Tribunal donde se desarrollan las audiencias: una importante cantidad de testigos han mostrado temor al pedir no revelar su domicilio o declarar fuera de la vista de los imputados; asimismo ha resultado llamativo que varios de ellos manifestaron no recordar nada de los hechos que se investigan e, incluso, han modificado el contenido de sus declaraciones.

Durante el primer juicio que se realizó en 2013, y que terminó con la absolución de todos lo imputados, ya se habían denunciado varios episodios de hostigamientos y amenazas a testigos y abogados que buscaban consagrar la impunidad de los policías acusados por la muerte de Fabián y las torturas a los otros tres jóvenes. La vergonzosa sentencia del TOC 1 de Morón fue anulada por el Tribunal de Casación bonaerense, que ordenó la realización de un nuevo debate oral y público.

A pesar de esos antecedentes, los hechos de amenaza siguen ocurriendo. Durante la primera semana del debate, se habían requerido medidas de protección para los familiares de Fabián y los tres jóvenes víctimas de torturas; la Policía Federal sostuvo que no tenía móviles y efectivos para garantizar la custodia de ellos y se asignó un móvil para la familia de Fabián y otro para que, bajo la modalidad de rondín, cubra los domicilios de los tres jóvenes. Los nuevos hechos evidencian que este mecanismo de custodia resulta insuficiente e ineficiente.

En juicios como el presente, donde se ventilan graves violaciones a los derechos humanos que involucran a miembros de las fuerzas de seguridad en actividad, la CPM entiende que resulta de vital importancia tomar todos los recaudos pertinentes a fin de garantizar la seguridad de los testigos y familiares de las víctimas así como el normal desarrollo del juicio.

Las amenazas, intimidaciones y hostigamiento permanentes no sólo constituyen graves delitos sino que atentan contra la búsqueda de verdad y justicia. Es indispensable que el Estado provincial disponga de mecanismos adecuados de protección y acompañamiento de testigos, familiares y abogados que se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad frente a hechos que se muestran articulados, constantes y planificados y que dan cuenta de prácticas “mafiosas” y violentas que buscan la impunidad.