El pasado 15 de febrero se cumplieron dos años de la muerte de Omar Cigarán, un chico de 17 años que fue asesinado por una bala de la policía bonaerense. Familiares, amigos y organizaciones políticas denuncian que Diego Walter Flores, principal acusado de disparar contra Omar, continúa en actividad dentro de la fuerza.

ANDAR en La Plata

(Agencia) El viernes 20 de febrero se realizó una movilización desde plaza Moreno (12 y 50)  a la Auditoría General de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Allí se pidió una entrevista para reclamar por las acciones administrativas que le corresponden al policía imputado por la muerte del joven. Ese mismo día Omar cumplía 20 años.

La Asociación Bru es el organismo que patrocina a la familia de Omar. Hablamos con Juan Manuel Morente, abogado e integrante de la Asociación, que nos cuenta que la causa fue elevada a juicio oral en diciembre del año pasado. En febrero de este año el sorteo judicial cayó en el Tribunal 4, aunque todavía no hay una fecha determinada para el comienzo del juicio.

“El juicio oral es contra el oficial Diego Walter Flores, el único imputado hasta ahora, por homicidio agravado por ser funcionario público.  Hay otra causa que estamos instruyendo por encubrimiento en el caso; todavía no hablamos de imputados pero hay otros policías implicados y médicos. Alguien obstaculizó la investigación, alguien destruyó pruebas, incluyeron el arma en la morgue. Hay muchos hechos que no están claros pero no tenemos la autoría de los mismos, estamos investigando.”

“Lamentablemente, este tipo de causas las instruye la misma policía, con lo cual cuando nosotros las recibimos ya están alteradas o son poco claros los elementos que ellos incorporan. Observamos que no hubo testigos y era una zona pública (calles 122 y 43 de La Plata), de los pocos testimonios registrados nadie declaró claramente si vieron un arma o no. El arma aparece en la morgue policial a muchos metros de donde debería haberse trasladado el cuerpo. A su vez, faltan incorporar los libros de la morgue policial y judicial, que los hemos pedido hace rato y aún no han llegado.”

Como lo denunció brutalmente Julián Axat -ex defensor penal juvenil-,  parecen repetirse patrones similares en las prácticas policiales y en las investigaciones donde el ejecutado es un menor, pobre, morocho, en conflicto con la policía. Se repite sistemáticamente la alteración de pruebas, los encubrimientos, la falta de testigos, los pactos de silencio y de impunidad que activan la red  que ampara y diluye las responsabilidades, construyendo  violencia. Como corolario, cada una de esas muertes -las de menores, pobres, morochos-  se naturalizan en nuestra sociedad como moneda corriente y nadie da cuentas de que se les ha robado nada más y nada menos que la vida.

“Inmediatamente luego de cada asesinato de un menor es automático que es la policía misma la que preserva la escena, tiene poder sobre el lugar, las pruebas. Es absurdo, más si ellos mismos están implicados, pero sigue ocurriendo. Nosotros vamos a intentar modificar la instrucción, sancionar a los policías que intervinieron y buscar alguna responsabilidad mayor de los mismos fiscales que son los encargados de proteger la escena del crimen. Este tipo de prácticas ocurren en la ciudad y en otras localidades de la provincia”.

Omar tenía 17 años y vivía junto a su familia en el barrio Hipódromo de La Plata. Pese a los pedidos insistentes de los padres de Omar, el estado estuvo siempre ausente en  su  vida y en la de su familia: ausente cuando no lo contuvo en ninguna de las instituciones dedicadas a  la niñez y adolescencia por sus problemas de adicciones; ausente ante las 16 denuncias contra la policía que la familia de Omar realizó antes de aquel 15 de febrero. Omar estaba amenazado por la policía, había sido detenido varias veces sin fundamentos, fue tratado con fuerte violencia en cada detención, golpeado.

“La familia de Omar, su madre, se acercó a la Asociación por intermedio de Rosa Bru. Omar fue un pibe que era conocido por muchas instituciones, su familia había solicitado para él una asistencia del estado porque era un pibe que tenía problemas de adicciones. Las instituciones no respondieron a la altura de las circunstancias y lo devolvían a su casa sin darle la ayuda o contención necesaria. Es paradójico porque el mismo estado que no lo asistió, no le tendió una mano a este pibe, es el que le quitó la vida. La justicia es la primera en darle vuelta la cara pidiendo el sobreseimiento del único implicado”.

Hoy la causa por el asesinato de Omar llega a juicio oral sin fiscales. La Dra. Ana Medina, de la Unidad Fiscal Nº 1 de La Plata, pidió que la causa fuera cerrada y,  luego de escuchar el testimonio del policía Flores, pidió su absolución. La familia como única querella es la que llevará adelante el juicio. El acusado sigue en libertad y ejerciendo funciones como policía provincial. La justicia parece no tener vocación y darse el tiempo para investigar qué pasó y cómo sucedieron los hechos.

Una vez más Omar es abandonado por quienes deberían defender y proteger sus derechos vulnerados.