El Consejo Local de Promoción y Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes presentó un recurso de amparo colectivo contra el intendente Carlos Arroyo, la secretaria de Cultura, Silvana Rojas, y la de Educación, Ana María Crovetto, por la grave amenaza al ejercicio del derecho a la cultura y a la educación. Esta mañana realizaron una conferencia de prensa y advirtieron que el Estado municipal tiene la obligación de sostener políticas públicas inclusivas respetando el principio constitucional de igualdad y la condición de los niños como sujetos de derecho.

ANDAR en Mar del Plata

(Agencia) En abril, el Consejo ya había presentado un amparo judicial contra la Secretaría de Cultura para que se garantice la continuidad de programas sociales que se realizaban en unos 50 barrios de Mar del Plata y beneficiaba a más de 13 mil jóvenes de la ciudad. Desde entonces, vienen reclamando la reanudación de estos espacios sin ser escuchados por las autoridades locales: “Es la primera vez que tenemos que recurrir a la Justicia y lo hacemos porque agotamos todas las instancias sin recibir ninguna respuesta”, comenta Mariana Cuesta, integrante del Consejo de la Niñez del partido de Pueyrredón.

El Programa Educativo Barrial (PEBA) se viene desarrollando desde hace más de 20 años, los talleres de capacitación cultural y expresiones artísticas del proyecto Almacenes Culturales llevan una década y, en los últimos años, el programa Usinas Artísticas promovía presentaciones en los distintos barrios de la ciudad, especialmente, en los más olvidados. Desde el cambio de gestión municipal en diciembre pasado, estos tres programas sociales dejaron de implementarse.

“Al retirarse el Estado de los barrios, se vulnera aún más los derechos de los pibes más desprotegidos. Con estas decisiones, no quedan políticas culturales en los barrios humildes y se pone en riesgo el sistema de protección de los derechos de los niños”, explica Mariana Cuesta.

Ante esta situación que vulnera gravemente el ejercicio del derecho a la cultura y la educación, el Consejo Local de Promoción y Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes —con el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo— presentó un recurso de amparo colectivo contra el intendente Carlos Arroyo, la Secretaria de Cultura, Silvina Rojas, y la de Educación, Ana María Crovetto. La acción judicial pretende que se restituyan todos los programas y talleres socioculturales y educativos que el ejecutivo municipal suspendió.

“PEBA, Almacenes culturales y Usinas artísticas constituyen en total más de 200 espacios barriales que involucran a 13.800 jóvenes y significaban un derecho ya consagrado en los barrios populares”, aclara Cuesta, y agrega: “Entre los fundamentos del amparo, sostenemos que estas medidas afectan el principio de progresividad y no regresividad de los derechos sociales y culturales”.

El recurso de amparo presentado el viernes pasado recayó en el Juzgado Civil y Comercial Nº 9 y, desde el Consejo, esperan una respuesta en las próximas horas. “Necesitamos que rápidamente la jueza convoque a una mesa de diálogo para llegar al objetivo final que es la recuperación de todos estos talleres”, sostiene Mariana Cuesta.

El Estado tiene la obligación de garantizar, en un plano de igualdad, el pleno acceso a la educación y la cultura. Esta responsabilidad requiere la promoción de políticas públicas activas que permitan el ejercicio efectivo de estos derechos, especialmente, en aquellos sectores más vulnerables de la sociedad. Los programas culturales, que dejaron de implementarse desde el cambio de gestión municipal, estaban pensados bajo esa lógica y respetando el principio constitucional de igualdad y la condición de los niños como sujetos de derecho. “La defensa de estas conquistas es nuestra obligación como representantes del interés superior del niño”, cerró Cuesta.