Durante dos días, destacados expertos nacionales e internacionales debatieron sobre obligaciones internacionales de los estados en materia de tortura, los mecanismos de prevención en la Argentina, y sobre la situación en lugares de encierro en nuestro país.

Entre los panelistas, estuvo presente el secretario ejecutivo de la Comisión por la Memoria de la provincia de Buenos Aires, Alejandro Mosquera, quien participó de la mesa sobre “tortura y personas en situación de vulnerabilidad”. Mosquera destacó la necesidad de poder entender la supervivencia de la tortura y la violencia estatal como parte de una compleja trama que no puede entenderse sólo como rémora o continuidad de la dictadura: “Por supuesto que es imprescindible pero no muestra cabalmente el rol de los aparatos represivos dentro de la democracia como vehículos funcionales a los modelos socioeconómicos. La profundización de las políticas neoliberales en democracia en los 90 con su propuesta de población excedente situó como nunca antes a los aparatos represivos y coercitivos en la misión de control de esa población”, dijo en una parte de su ponencia.

En otro fragmento señaló “Las prácticas violentas y de tortura se realizan preferentemente sobre jóvenes, varones, pobres, que habitan en los barrios más empobrecidos. Las violencias y torturas en las cárceles o institutos de menores son la continuidad de las que suceden en calles y barriadas. Sobre este segmento se descarga el activismo clasista y racista del sistema penal, de las fuerzas de seguridad y de la justicia”.

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