Al cumplirse 20 meses de la masacre de la Comisaría 1ª de Pergamino, familiares y amigos realizarán otra marcha para mantener vigente el pedido de justicia por los 7 jóvenes, para que la sociedad no olvide lo que sucedió el 2 de marzo de 2017 y para exigir cambios profundos en las políticas de seguridad. La movilización comenzará en Avenida de Mayo y San Nicolás a las 17:30 horas. Antes de la marcha, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) se reúne con los familiares para planificar la estrategia judicial: la causa ya fue elevado a juicio, hay 6 policías imputados; cuando termine la rueda de ofrecimiento de pruebas, el tribunal deberá fija fecha para el debate oral y público.

ANDAR en Pergamino

(Agencia Andar) “Hace 20 meses nos encontramos en las calles de Pergamino para reclamar por algo justo. Queremos que los ex policías asesinos, autores materiales de la masacre en la comisaría 1ª ocurrida el 2 de marzo del 2017, sean condenados. Que Carolina Guevara, Alexis Eva, Sergio Rodas, Matías Giullieti, Brian Carrizo y Alberto Donza paguen por haber asesinado a nuestros 7 chicos”, dicen los familiares en la convocatoria a una nueva movilización por las calles de la ciudad.

20 meses después de la masacre de Pergamino, aún con demoras y a pesar de las maniobras de entorpecimiento por parte de los policías y sus abogados, la investigación judicial avanza. En agosto la Cámara de Apelaciones de Pergamino confirmó la elevación a juicio que habían solicitado el fiscal Néstor Mastorcchio y el juez de garantías César Solazzi. Los camaristas entendieron que existían en la investigación penal elementos de pruebas suficientes para dilucidar en un debate oral y público la responsabilidad de los acusados.

“Salir a la calle ya es, para nosotros, un acto simbólico. Son 20 meses y todavía nos cuesta sentir la ausencia, pero seguimos en la calle, seguimos luchando”, dice Cristina Gramajo, mamá de Sergio Filiberto. Y agrega: “A pesar de las amenazas, a pesar de la indiferencia que sentimos muchas veces por parte de la sociedad, cuando hacemos un balance, un recorrido por estos 20 meses, sentimos que el saldo es positivo, que recolectamos la solidaridad de muchos otros familiares víctimas de violencia institucional y, en especial, de los jóvenes que vienen trabajando para visibilizar esto en la ciudad”.

Esta semana la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), que patrocina a familiares de cuatro de las siete víctimas, ofreció nuevas medidas de prueba ante el Tribunal Oral Criminal de Pergamino, requirió otras y, también, adhirió a las pruebas presentadas por el fiscal Mastorcchio. Mientras tanto, de los seis policías imputados sólo dos esperan el juicio en prisión y el resto está con arresto domiciliario.

Una mención aparte merece la situación del comisario Alberto Donza que estuvo prófugo durante 14 meses. Por ese motivo, el proceso judicial que investiga su responsabilidad en la masacre cursó caminos separados al del resto de los imputados; sin embargo, esta instrucción también estaría próxima a elevarse al tribunal por lo que se espera que las dos causas se unifiquen en un único juicio.

Las pruebas en el expediente son contundentes: los policías que estaban en la dependencia no hicieron nada para prevenir la expansión del foco ígneo que se inició en las celdas, desoyeron los pedidos de auxilio, no abrieron ninguna de las puertas de los calabozos o del patio trasero de la comisaría, no llamaron de inmediato a los bomberos y obstaculizaron su accionar, a pesar del deber de garantizar la integridad física de las personas encerradas bajo su custodia. Por esta razón, todos fueron imputados por el delito de abandono de persona seguido de muerte con multiplicidad de víctimas.

En paralelo al proceso judicial, durante estos 20 meses la movilización de los familiares y amigos fue permanente; esa fortaleza y esa presencia en las calles empujó a la justicia. Sin lucha, no hay nada. Los familiares víctimas de violencia institucional lo saben. “La organización es la única forma de mantener viva la lucha por justicia. Eso y el amor de nuestros chicos que desde el cielo nos dan la fuerza para seguir”, dice Cristina.

Cuando termine la rueda de ofrecimiento de prueba, el Tribunal debe fijar una fecha para el inicio del debate oral y público. La CPM espera que no haya demoras injustificadas para comenzar con el juicio. Como sucede en estos casos, cada tiempo de impunidad sólo revictimiza a los familiares.

“Tengo esperanzas en una justicia justa y lograr una sentencia ejemplar que marque un antes y un después, que la sociedad se dé cuenta que esta masacre no fue una casualidad sino parte de un sistema que produce violencia. Estos jueces tienen en sus manos la posibilidad de que esto no vuelva a pasar”, espera Cristina Gramajo.

La justicia en los tribunales no es la única forma de reparación: la CPM y el colectivo Justicia por los 7 impulsaron el proyecto de ordenanza para la creación de un espacio de memoria en la comisaría 1ª, aprobada por unanimidad; el edificio de calle Dorrego 636 ya se encuentra desafectado y una parte, por medio de esta ordenanza, fue cedido en comodato por 20 años a la CPM.

Hoy, a 20 meses de la masacre, mientras el proceso judicial avanza, mientras se trabaja en la efectiva puesta en marcha del espacio de memoria, los familiares y amigos se movilizan, una vez más, como cada día 2 de mes.