El juzgado en lo contencioso administrativo 3 de La Plata ordenó a la Dirección General de Cultura y Educación (DGCYE) de la provincia de Buenos Aires no avanzar con las notificaciones de ceses jubilatorios de oficio. La decisión de la justicia es un aval a la impugnación que los gremios docentes realizaron en la presentación de una medida cautelar para detener, precisamente, la resolución del gobierno provincial que vulneraba los derechos de 3.060 docentes. FEB y SUTEBA advirtieron que este ajuste forma parte de una maniobra de desfinanciamiento de la política de seguridad social.

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(Agencia) La resolución 2397/17 de la Dirección General de Cultura y Educación (DGCYE) de la provincia de Buenos Aires disponía el cese jubilatorio de los docentes que, al 31 de diciembre, hubieran alcanzado los 60 años de edad y 30 de servicios. Desde el primer momento, los gremios docentes denunciaron que la aplicación de esta medida, que alcanzaba a más de 3 mil educadores, era arbitraria, cercenando sus derechos con un anticipo de haberes que generaba un grave perjuicio económico.

“Estas decisiones arbitrarias no hacen más que confirmar el poco valor que la Provincial le da al espacio de negociación colectiva donde se discuten las condiciones de trabajo. El ajuste sobre los haberes jubilatorios no se alejan de las políticas de pérdida de poder adquisitivo del salario o de los intentos por cerrar las escuelas en islas, las escuelas rurales y los bachilleratos para adultos”, señaló Hernán Parra, secretario de jubilaciones de SUTEBA. Y agregó: “Y esta resolución en particular forma parte de una maniobra de desfinanciamiento del IPS (Instituto de Previsión Social) para armonizar la caja provincial con la nacional y avanzar en la discusión de un nuevo código de seguridad social que atenta contra el régimen solidario vigente”.

En enero, desde la secretaría de Jubilaciones de SUTEBA, registraron la elaboración por parte de la DGCYE de expedientes de oficio para el cese jubilatorio sin notificar a los docentes y realizaron tres presentaciones administrativas para advertir sobre esta maniobra. En Febrero hicieron otras cuatro presentaciones. Ninguna fue respondida.

La resolución del año pasado fue, finalmente, publicada en el boletín digital el 22 de marzo; un día después, los gremios presentaron una medida cautelar para su impugnación e impedir lo que consideraban un cese compulsivo a partir de una interpretación sesgada del Estatuto Docente. Esa presentación recayó en el juzgado en lo contencioso administrativo N° 3 de La Plata, a cargo de Francisco Terrier, que avaló el pedido de los docentes y exigió a la DGCYE que “suspenda las notificaciones sobre ceses de oficio”.

“El motivo de la impugnación es la clara vulneración de derechos que esta medida significa”, sostiene Hernán Parra, y explica: “los informes de oficio no son por el mejor cargo desempañado sino por el último y tampoco son por el porcentaje total acreditado en la carrera; por el contrario, este cese compulsivo implica anticipo jubilatorio del 60% del último cargo sin estar sujeto a aguinaldo y ni aumento paritario, además este haber se calcula no sobre el total del salario sino sólo sobre dos ítems, antigüedad y básico”.

La decisión del juez Terrier es una conquista de la lucha de los gremios docentes frente a este intento de ajuste previsional pero, todavía, no resuelve el problema de fondo. “Vamos a seguir, en unidad gremial, hasta lograr la nulidad definitiva de este intento de cese a 3060 docentes de manera compulsiva. Vamos a seguir defendiendo nuestros derechos para que los docentes accedan a la jubilación en las condiciones máximas, reconociendo toda su historia laboral”, cerró Parra.