La suspensión de las audiencias indagatorias a los 18 militares acusados de torturas en las islas Malvinas es el último episodio de una larga lista de planteos dilatorios que siguen garantizando la impunidad de estas violaciones a los derechos humanos. La semana pasada, las querellas de tuvieron una audiencia con la jueza federal de Río Grande Mariel Borruto donde expusieron los argumentos de la reposición y solicitaron que dé marcha atrás con la suspensión. “La justicia tiene que estar a la altura de la lucha de los ex combatientes que quebró el pacto militar de silencio e impunidad”, declaró la integrante de la CPM Yamila Zavala Rodríguez.

ANDAR en Río Grande

(Agencia Andar) La Comisión Provincial por la Memoria (CPM), como querellante de la causa Malvinas, participó de una audiencia con la jueza federal de Río Grande, Mariel Borruto, tras su resolución de suspender las declaraciones indagatorias a 18 militares acusados de torturar soldados durante la guerra de Malvinas. La causa se inició hace doce años, tiene 120 denuncias y 95 miembros de las Fuerzas Armadas imputados.

“Durante todos estos años, sin ánimo de venganza ni odio, los ex combatientes sólo reclamaron justicia y el Estado tiene la obligación nacional e internacional de dar esa respuesta. Una obligación no sólo con ellos sino también con toda la sociedad que tiene derecho a la verdad, a saber qué paso en esa guerra de aventura, tal como la describen los propios archivos de inteligencia”, remarca la integrante de la CPM Yamila Zavala Rodríguez.

Durante más de dos horas, las querellas de la causa —CPM, Centro de ex combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) y la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires— expresaron su preocupación por una nueva decisión dilatoria que consagra la impunidad de los militares imputados. “La justicia es justicia cuando se hace con celeridad”, resumió el ex combatiente y también integrante de la CPM Ernesto Alonso.

“La jueza tiene una responsabilidad histórica en una causa emblemática, que tiene tantos años de impunidad. Tiene, además, pruebas de sobra para avanzar con las declaraciones indagatorias y, fundamentalmente, tiene a las víctimas con vida, el testimonio de ellos, de los padecimientos y torturas sufridas, ya es una prueba valiosa para comprobar los delitos que se juzgan”, explica Zavala Rodríguez. Y agrega: “La experiencia de los juicios de lesa humanidad también nos indica que el mínimo gesto de la justicia, la muestra de que no se apaña la impunidad, hace que otras víctimas se animen a denunciar públicamente lo que sufrieron”.

Los conceptos expuestos en la audiencia recogen los argumentos presentados de manera conjunta por las querellas en el recurso de reposición, donde señalan que la suspensión de las indagatorias sin fijar nuevas fechas de audiencia significa un “gravamen irreparable” y viola las garantías constitucionales y convencionales del Estado de derecho.

La jueza Borruto fundó su decisión en la falta de recursos humanos e infraestructura edilicia: “Tomamos constancia de los reclamos y nosotros, como querellantes, apoyaremos ese pedido, pero de ninguna manera podemos aceptar que sean argumentos válidos para suspender las indagatorias. Mucho menos, cuando la causa ya tiene doce años y pruebas de sobra para avanzar con el proceso judicial”.

Cuando se trata de victimarios de edad avanzada como sucede en las causas por delitos de lesa humanidad, la mora en la justicia alienta una de las formas de la impunidad: la impunidad biológica. “Han pasado doce años desde el inicio de las actuaciones, en cuya instrucción no se ha logrado avanzar en función de las continuas articulaciones defensistas de planteos dilatorios. Todo esto ha tenido como consecuencia el fallecimiento de varios de los imputados y de continuar este estado de situación llegaremos a una especie de sentencia firme sin juicio en la que rija la impunidad biológica de todos los imputados”, resumen las querellas en el recurso de reposición.

“La muerte de los imputados significa la extinción penal, la imposibilidad de avanzar en la responsabilidad consagra la impunidad histórica y, en este caso, además es la consagración de la estrategia de encubrimiento de la dictadura militar. Si avanzamos hacia la impunidad biológica, nos quedaremos sin justicia ni verdad”, señala la integrante de la CPM.

“La verdad se construye, la lucha de los ex combatientes fue escribiendo esa historia que quebró el pacto militar de silencio e impunidad y la justicia tiene que estar a la altura, las sentencias construyen también verdad, la verdad jurídica que seguimos reclamando”, cerró Zavala Rodríguez.