Este lunes 14 por la mañana los jueces del Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil de Quilmes darán a conocer su veredicto en el juicio por la muerte de un joven de 16 años atacado por una patota a la salida de un boliche en 2014. La investigación, plagada de irregularidades que se comprobaron durante el juicio como abusos en las atribuciones policiales y omisiones por parte de la fiscalía, llevó a la imputación de otro menor de edad cuya familia también reclama justicia. La Comisión Provincial por la Memoria fue convocada para actuar como veedora del proceso judicial.

ANDAR en Quilmes

(Agencia) Los jueces Gladys Viviana Krasuk, Alejandro Blas Paccioretti y Analía Noemí Consolo leerán su sentencia luego de un juicio cuyo debate comenzó el pasado 30 de noviembre y ya tuvo su instancia de alegatos durante esta semana. El caso ocurrió en julio de 2014 cuando Cristian Adrián Novillo fue atacado y brutalmente golpeado a la salida del boliche “Space” en Quilmes. La patota que lo atacó –presuntamente para perpetrar un robo-  nunca fue identificada y Cristian terminó internado con un grave estado de salud que derivó en su muerte dos semanas después.

Una vez radicada la denuncia en la comisaría 9 de Quilmes, los funcionarios policiales iniciaron sus pesquisas pero omitieron, durante varios días, la obligación de informar el hecho a la fiscalía y al juzgado pertinentes. Pasaron más de más de 100 horas hasta que se comunicaron los hechos a la justicia. Le siguieron testimonios endebles, actuaciones arbitrarias de las fuerzas de seguridad y una grave desatención a la normativa internacional respecto de los procesos hacia menores de edad que quedaron reflejadas en el juicio.

El único imputado que quedó acusado en esta instancia es Leonel Luna, un joven de 16 años que vive en uno de los barrios más pobres de Quilmes. El fiscal y la abogada del particular damnificado pidieron para él una pena de 14 años por homicidio en ocasión de robo. La defensa, a cargo de Ana Grillo Ciocchini, solicitó en cambio la absolución por considerar que Leonel es inocente y no existir pruebas que lo incriminen como responsable. Subsidiariamente, y para el caso que la sentencia sea condenatoria, postuló un cambio de calificación evaluando que se trataría de un homicidio en riña.

En este caso, hay dos familias que piden justicia: la de la víctima y la del acusado. Frente a las múltiples irregularidades que caracterizaron la instrucción de la causa la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) se presentó en calidad de Amicus Curiae del tribunal y luego fue propuesta por el mismo como veedora del proceso. “Es una antecedente interesante pensando en la necesidad de mecanismos transparentes en la justicia. Si bien estos juicios no pueden ser públicos por tratarse de menores de edad la participación de organismos de derechos humanos garantiza la mirada de otros actores sociales sobre el ejercicio de la justicia, con la pertinente obligación de reserva sobre los datos de los chicos”, evaluaron desde el Programa de Litigio Estratégico de la CPM.

Un joven perdió su vida como consecuencia de una violencia injustificable. De acuerdo a las crónicas periodísticas y a numerosos testimonios de vecinos y familiares de los jóvenes el accionar de grupos violentos a la salida de los boliches de la zona no era desconocido por la policía. Los efectivos de la Comisaría 9na. de Quilmes Oeste decidieron proceder por fuera de la normativa procedimental y los derechos y garantías constitucionales obstaculizando la posibilidad de justicia. Eso fue lo que pidió Leonel en sus últimas palabras: que se haga justicia, pero no condenando a un inocente.