El Juzgado de Ejecución Penal Nº 2 de La Plata hizo lugar a un habeas corpus colectivo presentado por la Comisión Provincial por la Memoria, Mecanismo Local de Prevención de la Tortura de la provincia de Buenos Aires, que denunció las graves condiciones de detención en la cárcel 25 de Lisandro Olmos que aloja a adultos mayores. Personas de entre 60 y más de 80 años están alojadas no sólo en condiciones edilicias deplorables, sino también sometidas a un régimen de vida que vulnera derechos, deficiente acceso a la salud, escasa provisión de alimentos y falta de capacitación del personal de custodia. El fallo señaló todas estas falencias y la particular situación de vulnerabilidad que presenta la población detenida en esta unidad, donde la tasa de muertes por cuestiones de salud no asistidas es de las más altas del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) y pone en evidencia una vez más la urgente necesidad del pase de la Dirección de Salud Penitenciaria a la órbita del Ministerio de Salud provincial.

ANDAR en las cárceles

(Agencia) El reclamo es de larga data: tras una inspección en el marco de su trabajo de monitoreo de lugares de encierro, la CPM realizó una presentación ante la justicia en agosto del año pasado solicitando medidas para adecuar las condiciones de alojamiento y detención en la Unidad Penal 25 de Lisandro Olmos, teniendo en cuenta de que se trata de una población de adultos mayores. Como resultado se prohibió el ingreso de nuevos detenidos al lugar por 30 días, y se ordenó que “se lleven a cabo reparaciones o modificaciones que cubran las deficiencias edilicias y sanitarias, reparaciones de techos y filtraciones, del segundo piso y de los baños” de modo que se adecue el régimen de vida a “parámetros de dignidad y derechos humanos”.

El trámite y seguimiento judicial se extendió durante meses hasta que en marzo de este año se realizó una constatación conjunta de la situación de la unidad entre el Juzgado, la Comisión Provincial por la Memoria, la Defensoría General Departamental, y autoridades del Ministerio de Justicia. La situación seguía igual: techos rotos, filtraciones y humedad, malas condiciones del mobiliario dispuesto, conexiones eléctricas precarias, baños inhabilitados y fuera de servicio, entre otras cuestiones. En ese monitoreo se pidió además información sobre las personas con afecciones de salud y bajo tratamiento médico.