Debido a su enfermedad la defensa había solicitado que cumpliera la medida de prisión preventiva en la casa de su madre. El Tribunal Oral N° 2 de Azul no sólo se la negó sino que en su fallo requirió que el resto de los magistrados de la Provincia tomaran medidas respecto del colectivo de detenidos/as que tienen salidas transitorias para limitar la circulación.

ANDAR en las cárceles

(Agencia Andar) En el marco de la declaración del virus COVID 19 como pandemia la defensa de un detenido en Sierra Chica solicitó la morigeración de la prisión preventiva a cumplirse en el domicilio de su progenitora para preservar su salud. La fiscal María Paula Serrano se opuso al pedido alegando que no estaban garantizadas las condiciones “de control externo –tanto sanitario como de seguridad-”y que no se han registrado internos contagiados.  Según su argumento la prisión domiciliaria podría ser más riesgosa que mantenerlo encerrado en un ambiente insalubre. Sólo recomendó al SPB que extremara los controles de sanidad según su dolencia.

Celda en Sierra Chica. FOTO: Andar

El tribunal falló en ese sentido: rechazó la solicitud y requirió al director de la Unidad Penal N° 38 de Sierra Chica donde está alojado que “se intensifiquen los controles sanitarios”, desconociendo la condiciones de insalubridad permanentes en ese contexto. Sólo autoriza el traslado de la persona al hospital municipal en caso de ser necesario. El caso de A. es uno de los tantos de prisión preventiva, o sea que aún no ha sido condenado por el delito que se le imputa. La población carcelaria es uno de los sectores de la sociedad que más riesgos enfrenta: hacinamiento extremo, falta de elementos de limpieza, humedad, entre otros factores se combinan en “una crisis humanitaria sin precedentes”, como definió la Comisión Provincial por la Memoria (CPM). Sin embargo ninguna de estas dimensiones fue evaluada en el fallo.

La semana pasada la CPM en tanto Mecanismo Local de Prevención de la Tortura solicitó medidas urgentes para contener la situación y proteger la integridad de las personas detenidas ante el Ministerio de Justicia bonaerense y a la Suprema Corte. El organismo junto al CELS manifestaron la “imperiosa necesidad” de tomar medidas urgentes frente a la imposibilidad de implementar medidas de distanciamiento social en un sistema de encierro que tiene, al menos, un 118% de sobrepoblación, con unidades que alcanzan más del 200%. Entre las recomendaciones piden la aplicación por parte del poder judicial de morigeraciones y arrestos domiciliarios para grupos vulnerables.