Pasado el mediodía del viernes 12, a instancias del Tribunal Oral Federal 4 con sede en San Martín, se dio lectura a la sentencia condenatoria respecto a las responsabilidades penales por la desaparición y homicidio de José Alejandro Díaz. El ex general Alfredo Arrillaga, a cargo del cuartel -que, según testigos, fuera visto mientras torturaban a  Díaz antes de ser fusilado- recibió la pena máxima, aunque cumplirá condena domiciliaria hasta tanto la sentencia quede firme. El hijo de José Alejandro Díaz, Daniel, dijo emocionado al finalizar el juicio: “Esperábamos este momento y confiábamos en que terminaría de esta manera. Estos crímenes son parte de la historia argentina y hay que tenerlos presentes en la memoria”.

ANDAR en San Martín

(Agencia) Luego de varios meses de audiencias en las que brindaron su testimonio los sobrevivientes y familiares de las víctimas de la masacre de La Tablada, este viernes 12 de abril finalmente llegó la sentencia: prisión perpetua para el único imputado en la causa, el por entonces comandante del cuartel Alfredo Arrillaga.

Pasado el mediodía, el Tribunal Oral Federal 4 de San Martín –que preside Matías Alejandro Mancini con las vocalías de Alejandro De Corves y Esteban Carlos Rodríguez Segars- dictaminó la pena máxima con accesorias legales y las costas del proceso para Alfredo Arrillaga por el delito de homicidio agravado por alevosía del que resultara víctima José Alejandro Díaz.

La lectura de los fundamentos será el próxima 15 de mayo y, en cuanto a la modalidad de cumplimiento de la pena, los magistrados resolvieron que continuará la detención domiciliaria hasta que la condena quede firme.

Asimismo, se resolvió declarar a la presente sentencia como reparación simbólica de Daniel Alexander Díaz Padilla –el hijo de la víctima- que fuera peticionada anteriormente. Respecto a otra de las solicitudes de la querella, el Tribunal rechazó que el delito por el que se dicta condena fuera encuadrado como crimen de Estado o como un acto de terrorismo de Estado.

“No más impunidad para los militares responsables de estos crímenes. Queremos insistir en nuestro reclamo porque se  incluya a los desaparecidos de La Tablada entre las víctimas del gran crimen de Estado ocurrido durante y después de la última dictadura en Argentina. Hoy, después de 30 años de lucha por la verdad y justicia, me vuelvo a Nicaragua convencido de que hay poco más de justicia”, afirmó Daniel, el hijo de la víctima abordada en el juicio, durante la celebración que se realizó en las inmediaciones del tribunal tras la lectura de la sentencia.

“Nosotros y nosotras, como familia, como hijo, como compañeros, como sociedad argentina, debemos recoger esta parte de nuestra historia y tenerla presente en cada lucha. Con el compromiso y la constancia, la justicia finalmente llega. Siempre debemos buscarla, nunca debilitarnos y seguir luchando”, agregó Daniel, profundamente emocionado.

Entre las más de 100 personas que colmaron la sala de juicio –hubo organizaciones de derechos humanos, sociales y de derechos humanos, compañeros y compañeras de las víctimas de la masacre de La Tablada, sobrevivientes y familiares-, Norita Cortiñas, una de las históricas fundadoras de Madres de Plaza de Mayo e integrante de la Comisión Provincial por la Memoria, destacó “la ética del compromiso por parte de los testigos, abogados de la querella e incluso algunos jueces, juezas y fiscales que buscan la verdad y la justicia”.

“Hoy nos podemos mirar todos y todas a los ojos, abrazarnos y sentir que palpitamos para el mismo lado. Así que seguimos en las luchas… ¡30 mil detenidos desaparecidos, presentes! ¡Ahora y siempre!”, concluyó.

En una radio abierta que se extendió, desde antes de la audiencia hasta una hora después de finalizada, también hablaron los familiares de los otros 3 militantes asesinados y desaparecidos y cuyos casos no fueron incluidos en la causa que se acaba de juzgar.

Sofía Samojedny y su hermano –hijos de Carlos- expresaron su satisfacción por el largo camino de lucha por la verdad y la justicia y afirmaron que “esperemos que esta sea la puerta de entrada para encontrar al resto de los desaparecidos y hacer justicia por ellos”.

Por su parte, los abogados que representaron a la querella destacaron el trabajo realizado por abogados y abogadas desde el momento mismo en que ocurrió la masacre, en contextos de profunda negación del acceso a la justicia. En este sentido, Pablo Llonto remarcó el trabajo de años llevado a cabo por abogadas que dieron inicio e impulso a una causa que tramita en un juzgado federal de Morón y en la que se investigan las torturas y vejaciones perpetradas sobre los desaparecidos y los que lograron sobrevivir.

Datos del derrotero judicial

La causa recorrió un extenso periplo desde su inicio. Recién en noviembre de 2009, el titular del Juzgado Federal 1 de Morón, Germán Castelli, declaró como delitos de lesa humanidad a los fusilamientos y torturas perpetrados contra integrantes de la agrupación Movimiento Todos por la Patria (MTP), que el 23 de enero de 1989 tomaron el cuartel del Regimiento de Infantería Mecanizada III General Belgrano de La Tablada, en el partido de La Matanza.

“El Presidente de la Nación, ante un ataque a la democracia tendiente a derrocarlo, y en cumplimiento  de sus legítimas atribuciones, activó el más vigoroso brazo armado del país en defensa de la Nación, y varios de los agentes convocados, además de cumplir exitosamente la misión encomendada, aprovecharon el extraordinario poder otorgado, el dominio del escenario de los hechos, la estructura y los recursos  estatales, para sobrepasar, sigilosamente, el poder presidencial, y así planificar y ejecutar  graves violaciones al derecho humanitario internacional, que incluyó dificultar las investigaciones;  todo lo cual, además, constituye  un crimen de lesa humanidad”, resolvió Castelli en aquella oportunidad.

Un mes después, el 14 de diciembre de 2009, el magistrado procesó al ex general Alfredo Arrillaga, comandante durante la recuperación del cuartel, y al ex mayor Jorge Eduardo Varando, acusado de las ejecuciones de los detenidos que por su fallecimiento no será juzgado. Varando –que también estuvo procesado por la represión de los días 20 y 21 de diciembre de 2001- permaneció prófugo de la justicia durante años.

Más delante, a partir de la apelación del procesamiento dictado por el juez Castelli, la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín había declarado prescripta la acción penal y había resulto el sobreseimiento de Arrillaga con respecto a la autoría del delito de homicidio contra Iván Ruiz (aunque este caso no formó parte del juicio) y José Alejandro Díaz.

Finalmente, a fines de 2014, la Corte Suprema de Justicia revocó el sobreseimiento dictado por la Cámara en base al dictamen de la entonces procuradora general Alejandra Gils Carbó, quien retomó lo dispuesto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto a que el Estado argentino había faltado a su obligación de investigar “de manera exhaustiva, imparcial y concluyente” la ejecución de Díaz y Ruiz.