Seis de los nueve imputados que tenía la causa originalmente (dos fallecieron y otro permanece prófugo) comenzarán a ser juzgados por crímenes de lesa humanidad desde el jueves 20 de octubre en la sala de audiencias de la Cámara Federal platense. Las 5 víctimas pertenecían o estaban vinculadas a la organización Montoneros. En este juicio se ventilará el accionar de la patota de la Policía Federal que actuó en La Plata.

ANDAR en los Juicios

(Agencia) El origen de la causa penal que en los próximos días comenzará a ser juzgada se remonta al año 2012, cuando el equipo de trabajo de la Dirección Nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Seguridad de la Nación halló una serie de legajos de policías federales con pedidos de “ascensos y felicitación para el personal de la delegación La Plata de la Policía Federal Argentina”.

Esos pedidos fueron suscriptos en 1977 por parte del exjefe de la Delegación de La Plata, Martín Eduardo Zúniga, como recompensa hacia sus subordinados por un raid clandestino que incluyó secuestros, homicidios y desapariciones de 5 personas. Los registros documentales constituyen un importante hallazgo que permitirá juzgar desde la semana próxima y por primera vez a la patota de la Policía Federal que actuó en La Plata durante la última dictadura en articulación con el resto del aparato represivo.

En diálogo con ANDAR, la abogada de Abuelas de Plaza de Mayo, Collen Torre –quien integrará el equipo de abogados de la querella- explicó que “la importancia de este juicio es que por primera vez se van a juzgar a efectivos de la Policía Federal de la delegación La Plata. Siempre supimos que durante la dictadura tenian patotas, que tenían vinculación con el centro clandestino de detención La Cacha, pero hasta ahora no los teniamos identificados con nombre y apellido, con roles y articulaciones con las demás fuerzas del esquema represivo”.

“En el juicio de La Cacha se supo que un detenido, cuando fue sacado del cautiverio, fue trasladado a la delegación de la Policía Federal, pero faltaba esta prueba fehaciente, que tiene que ver con el relato pormenorizado de un operativo clandestino realizado explusivamente por la patota de la federal y que tuvo a 5 víctimas”, agregó la abogada.

El juicio comenzará el jueves 20 desde las 10 y se realizará en la sala de audiencias de la Cámara Federal de La Plata, en 8 entre 50 y 51, a instancias del Tribunal Oral en lo criminal Federal 2 integrado por Alejandro Smoris, Nelson Jarazo y Jorge Micheli.

Por parte de la fiscalía de juicio, estarán presentes Marcelo Molina y Juan Martín Nogueira, y en cuanto a las querellas, estarán representadas por los abogados de Abuelas de Plaza de Mayo y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

Los imputados son el excomisario y exjefe de la Delegación La Plata de la Policía Federal, Martín Eduardo Zuñiga, el ex inspector Rafael Oscar Romero, el ex sargento Horacio Alfredo Ortiz, el ex cabo Roberto Arturo Gigli, también ex integrante del Personal Civil de Inteligencia del Ejército, y los ex cabos 1° José Carlos Sánchez y Jorge Alberto Blanco.

Según consignan los legajos de los policías, el pedido de ascensos y felicitaciones fue formulado por Martín Zuniga en función de unos de los presupuestos previstos por la ley orgánica de la policía de aquél momento, según la cual se daban reconocimientos a quien “lleve a cabo actos de arrojo o de habilidad profesional, cuyas consecuencias sean de gran importancia moral o material, y, en general el que ejecute acciones encomiables dignas de premio a juicio de la superioridad”.

En esos registros se consignan, detalladamente, los pormenores del operativo que terminó con tres secuestros y tres homicidios, perpetrados en octubre de 1977 en distintos domicilios de la ciudad de La Plata.

En este sentido, las imputaciones contemplan los homicidios de Adela Esther Fonrouge, Juan Oscar Cugura y de un hombre apodado “La Chancha”, la privación ilegal de la libertad, las lesiones graves y tormentos sufridos por Juan José Libralato, la privación ilegal de la libertad de Mauricio Emeraldo Mansilla y de Irma Guzman de Arteaga, y el robo de objetos en la casa de Mansilla, que es la única de las víctimas que aún vive y que posiblemente preste su declaración testimonial en el presente juicio.