Durante una persecución en la madrugada del 3 de agosto, policías del Comando de Patrulla de Ensenada se metieron en la propiedad de Tupac Rodríguez mientras disparaban contra un supuesto ladrón. En la casa ubicada en una zona rural, confundieron al dueño con el perseguido: Tupac fue golpeado, reducido en el piso y encañonado con un arma. Cuando la familia del joven quiso interceder, la madre, el hermano y la prima fueron también golpeados. Los policías nunca respondieron a los cuestionamientos ni se identificaron; cuando se fueron del predio, un patrullero chocó uno de los autos de la familia. En la comisaría 2ª de Punta Lara, intentaron impedir que realicen la denuncia para encubrir a los compañeros de fuerza, falsificaron actas y fraguaron la causa. La CPM, en carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, acompaña a la familia y presentó denuncias ante la fiscalía y la Auditoría General de Asuntos Internos.

ANDAR en Ensenada

(Agencia Andar) “Que te pegue alguien que tiene que estar para protegerte, que te pegue sin motivo alguno, sin que se identifiquen, genera mucha angustia e impotencia. Pero lo que más impotencia genera es el intento de encubrir todo, querer tapar al policía que me pegó, no dejar que hagamos la denuncia”, resume Fermín, una de las víctimas del violento operativo policial que ocurrió en la propiedad de su hermano Tupac, en la madrugada del pasado 3 de agosto.

Ese día, alrededor de las 4 de la madrugada, durante una persecución, agentes de la Policía de la Provincia de Buenos Aires ingresaron al terreno donde vive Tupac Rodríguez; en ese momento, estaban en su casa, la esposa embarazada y su hija de tres años. Al escuchar ruidos de disparos, la mujer se asustó y llamó a su suegra Nora y a Tupac, que estaba trabajando en el CEAMSE.

Poco después, mientras la policía seguía buscando en el amplio terreno, llegó en auto Nora con su hija; la joven fue a la casa a acompañar a su cuñada, mientras que ella salió en dirección hacia donde estaban los policías para pedirle que no disparen porque había gente en la casa.

En ese momento también llega Tupac a la finca, se encuentra con el supuesto autor del robo y lo retiene; luego llega un patrullero y los policías, lejos de protegerlo, lo reducen a él también en el suelo, le hacen poner las manos en la cabeza mientras un policía le pisa la espalda y lo apunta con una escopeta en la cabeza. Pese a las explicaciones de Tupac, los policías querían inculparlo del robo y obligarlo a declarar que “iba con gorrita”, ya que esa era la descripción que dieron las víctimas del hecho.

Nora relató que, cuando iban corriendo hacia donde estaba su hijo, sintió un disparo –efectuado por los policías– que no tenía ningún justificativo, puesto que no estaba en peligro la vida de estos: “Nosotros éramos 6 personas, ellos eran más de 30 efectivos”.

Cuando Nora llegó con el resto de los agentes policiales y vio que su hijo estaba en el suelo, intentó levantarlo y el efectivo que lo tenía reducido la empujó, después le pego a Tupac con la Ithaca para que permanezca en el suelo.

“Eso me enfureció y empujé al policía. Le pido que me suelte y que no me toque y me dice ‘¿quién sos vos para que no te toquemos?’. Yo le pedía por favor que lo levanten del piso. Les pedimos que identifiquen quién le había pegado a mi hijo porque queríamos hacer la denuncia y empezaron a cubrirse entre todos”, describe Nora en la denuncia presentada por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM).

Para ese entonces, también habían llegado al domicilio de Tupac su hermano, Fermín, y su prima María que vive en otra casa del predio; los dos intentan dialogar con los policías y les piden que suelten a Tupac y Nora, pero les responden con golpes y amenazas: a Fermín que es docente, un oficial que portaba arma larga lo pecha primero y después le pega un cachetazo; a María, le pegan en la mano un culatazo con un arma y además la tironean de los pelos.

Cuando los policías reconocieron el error y dejaron ir a Tupac, la familia pidió que se identifiquen los agentes para hacer la denuncia, pero los supuestos implicados se subieron a un patrullero y se fueron del lugar; en la maniobra para salir, chocaron el vehículo en el que había llegado María.

Tras el operativo, la familia se dirigió a la comisaría 2ª de Punta Lara para realizar la denuncia penal. En la dependencia, estaban los dos jóvenes que habían sido víctimas del robo y dieron aviso a la policía. Los dos reconocieron que habían sido asaltados por una sola persona y también observaron que, en el acta policial, habían cambiado parte de sus declaraciones.

Las declaraciones de Tupac y Fermín también fueron falseadas, pero firmaron igual. Fueron declaraciones que se dieron bajo amenazas: a Fermín, que estuvo declarando por una hora, le advirtieron que “se vienen cosas complicadas si querés denunciar a la policía”. Al mismo tiempo, delante de la familia, los policías que circulaban por la dependencia se comentaban entre ellos: “fijate lo que tenés que decir, porque tenemos que decir todos lo mismo”.

Por su parte, María pidió que trajeran los patrulleros para identificar cuál había chocado su auto; el agente que la atendió le respondió que eso se solucionaba y comenzó a rayar uno de los patrulleros para hacer pasar ese móvil como el que había chocado el auto.

Mientras la familia pedía que le recibieran la denuncia por los hechos de violencia policial, el subcomisario se excusaba diciendo que habían intervenido efectivos del Comando de Patrullas y no de la seccional. Recién después insistir largamente, los funcionarios dieron curso a la denuncia y la remitieron a la fiscalía.

“Las policías son un actor de la comunidad y los ciudadanos tenemos derecho a cuestionar un procedimiento, no puede ser que ante nuestro reclamo la única respuesta que tengan sean golpes y amenazas. No podemos naturalizar más estas cuestiones y hay que denunciar estos hechos, y quiero agradecer el acompañamiento de la Comisión, muy importante no sólo con la denuncia sino en la contención emocional”, destaca Nora González, quien se desempeña como Directora de Acción Social del municipio de Ensenada, en diálogo con ANDAR.

Tras tomar conocimiento de los hechos, en su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, la CPM presentó la denuncia penal ante la UFIJ N° 8 de La Plata, donde tramita también la denuncia realizada por la familia. La CPM también hizo la presentación ante la Auditoría General de Asuntos Internos para que se inicie una investigación administrativa por los hechos denunciados.

“Nunca estuve en un hecho policial, nunca en mi vida me imaginé que me iba a pegar la policía, yo nunca reaccioné, ni insulté, y me pegaron igual. Nos tocó a nosotros, pero la impunidad policial es algo que viene ocurriendo”, dice Fermín. Y agrega: “Es importante visibilizar y asumir el compromiso social de trabajar para transformar estas prácticas, no quiero callarme y sentirme cómplice si un día pasa otro hecho así en mi barrio. Sólo deseo que esta situación de terror no le ocurra a nadie más, que los responsables de conducir a las fuerzas policiales asuman su parte”.

A 20 días del hecho, la familia todavía no fue llamada a declarar ni desde la fiscalía ni desde la auditoría del Ministerio de Seguridad bonaerense. Aún padecen las consecuencias psicológicas por la violenta situación vivida y la falta de respuesta estatal.