En las inmediaciones del polo judicial de Avellaneda, se realizó una radio abierta –convocada por familiares y víctimas de la violencia judicial y policial- con el objeto de visibilizar y denunciar las prácticas sistémicas de armado de causas contra jóvenes de barrios populares y elaborar líneas de acción frente al injusto juicio oral y público que, en agosto de 2017, se realizará contra tres jóvenes (Claudio, Danilo y Matías) que fueron imputados sin pruebas, procesados y sobreseídos, aunque igualmente serán juzgados a pedido de la fiscal de instrucción.

ANDAR en Avellaneda

(Agencia) El caso de Claudio, Danilo y Matías, los tres jóvenes que serán juzgados en 2017 por un homicidio ocurrido en 2014, es paradigmático respecto a la violencia judicial y policial que actúan selectivamente contra los sectores vulnerables: los jóvenes fueron detenidos en un violento allanamiento realizado por efectivos de la Comisaría 6 de Echenagucía y luego fueron torturados y golpeados en el patio de la sede policial.

Durante el allanamiento les “plantaron” un arma del mismo calibre que la que utilizaba la víctima del homicidio (era un policía), de manera que pareciera que el crimen había sido cometido a partir de la sustracción del arma.

Que el arma fue plantada se supo seis meses después del homicidio, cuando la pericia judicial demostró que no pertenecía al policía asesinado. Pero lo increíble de esta historia de causa armada tiene que ver con que, pocos días después de la detención de Claudio, Matías y Danilo en diciembre de 2014, otra seccional policial identificó y capturó a los que serían los verdaderos autores del homicidio cuando intentaron vender en una red social un arma de las características de la que se buscaba. Ya era tarde para volver atrás: la fiscal de la causa había inculpado a los detenidos inicialmente y así seguiría.

En efecto, el juez de garantías 9, Silvio Carzoglio, dispuso primero la liberación por falta de pruebas y luego el sobreseimiento de Claudio, Camilo y Matías –actualmente ellos permanecen en libertad- pero la fiscal de la UFI 1, Olmos Coronel, apeló el sobreseimiento y la justicia de segunda instancia decidió, finalmente, que la causa se resolviera en juicio oral y público, que será en agosto de 2017.

En diálogo con ANDAR, uno de los jóvenes que será juzgado, Claudio, señaló que “hoy se conmemoran dos años del armado de la causa. Fuimos acusados de un homicidio sin pruebas, sin testigos, solo para cerrar con inmediatez un caso grave. Por suerte, nuestras familias y amigos se movieron mucho estos años, hay muchas organizaciones que nos acompañan, y por eso estamos haciendo esta radio abierta para seguir difundiendo y denunciando este hostigamiento que venimos padeciendo”.

“Para mí es alarmante esta situación. Mi familia quedó destruida después de esto. Están todos con miedo. Vivimos con el sentimiento de vulnerabilidad. Queremos denunciar a la fiscal, a la Comisaría que intervino en nuestra detención y al hostigamiento y persecución que venimos padeciendo. Queremos denunciar las causas armadas por la policía que hace lo que quiere con los pobres y vivimos expuestos a todo este tipo de cosas”, agregó.