Mónica Mego quedó parapléjica por una infección en la médula, por tuberculosis que no fue atendida a tiempo. Luego de la operación en el Hospital San Martín volvió a la cárcel: en la Unidad Penitenciaria 22 la aislaron en una sala sin la atención médica necesaria por su estado de salud, en el UP 32 ni siquiera la recibieron. La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) solicitó la excarcelación extraordinaria y presentó un habeas corpus por el agravamiento de las condiciones de detención que potencian el riesgo de muerte de la mujer.

ANDAR en Olmos

(Agencia Andar) Desde su externación del Hospital San Martín de La Plata, Mónica Mego está detenida en la Unidad Hospitalaria 22 de Olmos; desde hace 27 días permanece alojada en una celda de aislamiento del anexo femenino en completa soledad sin la atención médica ni la asistencia sanitaria adecuadas para su estado de salud. “La unidad no cuenta con personal trans que le brinde atención”, explicó el jefe del penal ante la consulta de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM). Y, para más precisión, agregó: “Vos la ves y es una mujer, pero cuando le levantás la ropa es un hombre”. Detrás del criterio sanitario se esconde una clara discriminación de género.

“De ninguna manera puede sostenerse que el género de Mónica resulte un obstáculo para garantizar la atención sanitaria que corresponde como derecho.  En todo caso, es responsabilidad de la unidad penitenciaria ensayar dispositivos sanitarios que contemplen el particular estado de salud de Mónica y sus condiciones de alojamiento”, señaló la CPM en un el habeas corpus que presentó ante el Juzgado de Garantías 1 de La Plata por el agravamiento de las condiciones de detención.

El habeas corpus se suma a un incidente de excarcelación extraordinaria que la CPM ya había solicitado y que remarcó, en esta nueva presentación, debe resolver de manera urgente dado el daño físico irreversible que sufrió Mónica; padecimiento, a su vez, que se deriva de una prolongada desatención de la salud por parte del mismo Estado.

Mónica entró caminando a la cárcel; ocho meses después, quedó parapléjica y sin control de esfínteres. El Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), que durante seis meses le negó la asistencia médica, ahora no le garantiza una atención médica y sanitaria integral que es la consecuencia directa de ese daño que causó. Nadie se hace responsable y el director general de Salud Penitenciaria provincial, Javier González, ni siquiera pudo dar una respuesta a los reclamos realizados por la CPM.

El abandono y la transfobia es la única respuesta del SPB. Guillermo Hayase, médico de la UP 22, pidió que Mónica sea traslada en carácter urgente a la Unidad 32 de Florencio Varela, la de origen, es decir, la misma donde se agudizó su enfermedad hasta esta paraplejia. Según el jefe médico de la UP 22, “este nosocomio aloja pacientes agudos, corriendo el riesgo de contagio de patologías intrahospitalarias vigentes, conllevando a un posible agravamiento en el estado de salud”. Sin embargo -como constató la CPM- en la sala de clínica médica se alojan personas que no tienen enfermedades agudas sino crónicas (al igual que Mónica) y algunos pacientes incluso llevan más de seis meses alojados.

Mónica, finalmente, fue trasladada en ambulancia a la unidad 32, pero el jefe Penal ni siquiera aceptó recibirla y no dejó que la ingresen.

El equipo del Comité contra la Tortura de la CPM se entrevistó recientemente con Mónica en la UP 22. Mónica está postrada en una cama hace 27 días, recibe ocasionalmente la visita de enfermeros pero no con la regularidad que su cuadro clínico requiere. Hubo oportunidades en que no le cambiaron los pañales o que recibió un aseo superficial.

Mónica se encuentra con tratamiento farmacológico por tuberculosis y con VIH como enfermedad de base; estos padecimientos requieren de una dieta especial que el SPB no cumple: la comida que recibe es mala y poca cantidad. Incluso, ante su reclamo, le respondieron que “esto no es un restaurante”.

Por su paraplejia, Mónica necesita un colchón antiescaras para resguardar su salud, pero el SPB no se lo proveyó. Tampoco le garantiza los cuidados específicos para evitar escaras y otras complicaciones, ya que no recibe asistencia para efectuar rotación o fisioterapia para acompañar la recuperación. Todo esto había sido recomendado por la terapista ocupacional del Hospital San Martín al momento de su externación; 27 días después, el SPB no cumplió con ninguna de las demandas.

La gravedad del cuadro fue, a su vez, corroborado por el informe médico pericial de la Dra. Virginia Creimer presentado recientemente por la CPM. La pericia confirma -como lo señaló en su momento el equipo médico del Hospital San Martín- que el daño irreversible en la salud de Mónica se podría haber evitado si sus dolencias se trataban a tiempo. En la revisión médica, Creimer también confirmó la presencia de escaras en el cuerpo y un mal estado en general. “Mantener a la paciente en este ámbito, en las condiciones de abandono emocional y físico en el cual se encuentra, pone en grave riesgo su vida”, concluye.

Mónica está otra vez en riesgo, postrada en una cama, sin asistencia médica integral, sin los cuidados clínicos que su estado requiere, sin sesiones de rehabilitación. Mónica espera la libertad para poder mejorar, aunque sea un poco, el irreversible daño que le causaron.