La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) acompañó al representante del Consejo de consulta del Perú, Juan Quesquén, a participar de una mesa de diálogo en de la Cámara de Diputados de la Nación con el objetivo de evaluar cómo afecta el decreto 70/2017 que modificó la ley migratoria 25.871.

ANDAR entre leyes

(Agencia) La CPM viene articulando actividades y estrategias con la red de migrantes que integra Quesquén, para frenar las consecuencias que tiene para los y las migrantes el DNU promulgado por el gobierno nacional a fines de enero pasado, que asocia los índices de criminalidad con la nacionalidad de las personas y reduce las garantías procesales de la legislación migratoria.

La mesa fue convocada desde la presidencia de la comisión de derechos humanos y garantías de Diputados y participaron también otras organizaciones como el IARPIDI (Instituto Argentino para la Igualdad, Diversidad e Integración), la CAREF (Comisión Argentina para los Refugiados y Migrantes) y el CELS.

Cada espacio desarrolló su diagnóstico sobre los efectos que el decreto tiene en las comunidades, y la diputada Victoria Donda se comprometió a desgrabar el debate y enviar el material al resto de los legisladores. Este insumo servirá como herramienta no sólo ante el decreto sino para evaluar un proyecto de ley que pretende presentar el senador Pichetto, que implicaría profundizar esta regresión de derechos y garantías para las personas extranjeras que residen en el país.

Hay aproximadamente dos millones de migrantes en el país que aportan 1500 millones de dólares al PBI nacional. De esa población sólo cuatro mil se encuentran en conflicto con la ley penal, según lo consignado por el IARPIDI. Seguir legislando en el sentido del DNU equipara la condición de inmigrante a la de delincuente y legitima la estigmatización de amplios sectores de nuestra sociedad.