Los que todavía se creen impunes
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(H.I.J.O.S Bahía Blanca) La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), H.I.J.O.S. y la Red por el Derecho a la Identidad de Bahía Blanca manifestaron su repudio ante el accionar de la abogada Gloria Girotti, ex funcionaria judicial sospechada de complicidad con el plan de exterminio del gobierno dictatorial de 1976.
Girotti despachó la semana pasada una serie de cartas documento por las cuales intimó a retractarse a un grupo de personas que durante la sesión del Consejo Superior Universitario del 24 de mayo de 2011 se expresaron contra la reválida docente a la que aspiraba en la Universidad Nacional del Sur.
Los organismos también expresaron su preocupación ante la demora que exhibe el Tribunal universitario para fallar en el marco del Juicio Académico que se lleva contra la abogada al interior de la UNS por la incompatibilidad de su accionar durante la dictadura cívico militar con los parámetros éticos del Estatuto de la institución.
Las acusaciones, las medidas
La intimación recibida
Los delitos que se imputan a Girotti desde 2010 no son menores. Concretamente se la acusa de haber participado del plan criminal de la última dictadura desde su rol de secretaria del Juzgado Federal a cargo de Guillermo Madueño. La acusación incluye su participación incluso en interrogatorios bajo torturas a personas secuestradas por los brazos ejecutores del Terrorismo de Estado.
Si bien el Juzgado Federal Nro.1 de la ciudad dictó la falta de mérito ante estas acusaciones los organismos subrayan que esta medida no implica absolución a las imputaciones que pesan sobre Girotto que sigue siendo parte de la causa ante la posibilidad que aparezcan nuevos elementos en su contra. Asimismo, la resolución se encuentra actualmente apelada ante la Cámara Federal.
Sin embargo las organizaciones señalan cómo las decisiones judiciales terminan beneficiendo a la imputada. El juez subrogante Santiago Ulpiano Martínez, por ejemplo, le otorgó a Girotti un permiso para viajar a París por razones de salud aun sin contar con la certificación médica pertinente ni garantías de que no se profugará una vez fuera del país.
A este rechazo los organismos de derechos humanos sumaron el repudio a las cartas documento recibidas a las que consideran “intentos de intimidar a quienes libremente opinan en un ámbito institucional”.
