El 12 de septiembre la Sala IV de la Cámara de Apelación y Garantías de la Plata anuló un procedimiento policial de la comisaría 9ª, realizado el pasado sábado 3 durante la madruga contra mujeres trans y travestis peruanas y ecuatorianas en la zona roja. El fallo consideró que el accionar policial vulnera los derechos de las personas trans y travestis.  A su vez,  asume que estas prácticas tampoco están siendo reconocidas como delitos vejatorios por parte del Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal. La organización OTRANS convoca a una conferencia de prensa este martes a las 12 horas en la Cámara de Diputados.

ANDAR en la justicia

(Agencia) Distintas organizaciones LGTTIQ vienen denunciando cantidad de abusos policiales en la zona roja de La Plata contra el colectivo trans y travesti, desde hace más de cuatro años. Ante el recrudecimiento de la criminalización contra el colectivo trans migrante, OTRANS ha presentado en lo que va del año alrededor de 20 hábeas corpus contra la persecución policial, el armado de causas y las condiciones de detención inhumanas y degradantes contra las chicas.

El sábado 3 de septiembre a la madrugada fueron demoradas en la zona de Plaza Matheu alrededor de 25 mujeres trans y travestis peruanas y ecuatorianas en una razzia policial que fue difundida como un operativo contra narcotravestis.  Nueve chicas fueron trasladadas a la comisaría 9ª y sólo cuatro quedaron detenidas; se le incautó a una chica solamente 1 gramo de cocaína en sus prendas intimas.

La Sala IV de la Cámara de Apelación y Garantías de la Plata dio lugar al recurso de habeas corpus presentado por la organización y resolvió la nulidad del procedimiento. Del texto cabe destacar las palabras del juez Agüero que advierte “…graves irregularidades en el procedimiento que da pie a las presentes actuaciones, que impiden sostener la medida de coerción dictada por el juez de garantías…respecto de las imputadas” y “…que el personal policial en su marco funcional, ha actuado de modo abusivo e ilegal violentando las pautas mínimas de trato respetuoso con la dignidad humana, así como las reglas elementales de respeto a la dignidad de la privacidad de las personas…Las consideraciones señaladas, me llevan a declarar de inmediato la nulidad del procedimiento policial abusivo llevado a cabo…”
En virtud de ello se decide “…encomendar a las autoridades administrativas pertinentes… prevenir y erradicar toda forma abusiva en los procedimientos de las fuerzas policiales que puedan constituir violencia institucional, sobre personas que integren el colectivo trans, travestis y homosexuales…resulta necesario, considerar la posibilidad de adoptar políticas públicas que se adapten a estándares internacionales a los fines de evita un accionar que resulte invasivo, estigmatizante y discriminatorio que pudiera afectar la integridad de las personas y sus derechos.”

En relación al tipo de requisas, la jueza Riusech hizo énfasis en la sistematicidad de los abusos: “El procedimiento instrumentado…y en el cual se han secuestrado estupefacientes ha sido abusivo por no respetar el más mínimo pudor y dignidad de las personas requisadas. De acuerdo a la filmación, las personas abordadas fueron obligadas a desnudarse en plena calle. Se les hizo quitarse hasta la ropa interior, ponerse en cuclillas y fueron alumbradas para ver si tenían drogas. El acto fue vejatorio en grado sumo.”

Por su parte, el juez Ocampo hace hincapié en la normativa constitucional e internacional que es ignorada en este procedimiento: “…se han incumplido normas de jerarquía constitucional como las previstas en los arts. 16, 18 y concordantes, así como las respetadas en la DUDH en sus arts. 5 y 7, en la CADH en sus arts. 5, como en la ley 13.794, que contempla una adecuación al principio de razonabilidad y la evitación de todo tipo de actuación abusiva, arbitraria o discriminatoria…Los actos mortificantes y humillantes sufridos por las procesadas en el caso no se compadecen con el debido respeto.”

El fallo sienta un precedente muy importante y reconoce los derechos de las mujeres trans y travestis. En la actualidad,  34 mujeres trans y travestis peruanas y ecuatorianas se encuentran privadas de su libertad en la U. 32 de Florencio Varela por ser acusadas de cometer infracciones a la ley 23.737 en procedimientos llevados a cabo por personal policial de la comisaría 9 de La Plata en condiciones similares a las descriptas.

Otras denuncias

Muchas mujeres trans y travestis llevan detenidas más de un año en muy malas condiciones en los penales provinciales. E. Tapullima, por ejemplo, permaneció 4 meses aislada sin salir de su celda de 2 por 3 metros, en Olmos, con el argumento penitenciario de que era por su propia protección. Ella se encuentra bajo tratamiento médico que tampoco es garantizado.

El miércoles 1 de septiembre el mismo grupo de mujeres trans y travestis peruanas y ecuatorianas detenidas el sábado 3 había recibido una balacera en plena  calle. Policías uniformados bajaron de patrulleros y con armas largas les dispararon balas de goma a corta distancia. A. Zambrano, una de las chicas detenidas y recientemente liberada,  filmó y denunció estos hechos. A diferencia de sus compañeras, liberadas el mismo día por la acción de abogadas penalistas, ella permaneció detenida hasta el 15 de septiembre en un calabozo previamente clausurado por sus malas condiciones, en la comisaría 3 de Ensenada. Zambrano viene denunciando persecución policial desde febrero de 2016. El juez Atencio, en virtud de otro habeas corpus preventivo, ya había conminado al Ministerio de Seguridad de la provincia a tomar medidas efectivas para evitar los abusos policiales contra el colectivo de mujeres trans y travestis migrantes.

Claudia Córdoba Guerra fue sentenciada a cinco años y tres meses de prisión, luego de dos años de prisión preventiva, por habérsele incautado 1.6 gramos de cocaína para consumo personal. El TOC 1 de La Plata a cargo del juez Ruiz, la condenó por tenencia y comercialización de estupefacientes agravado por el hecho de ser travesti, pobre  y peruana, produciendo un fallo cargado de expresiones transfóbicas y xenófobas en un proceso donde no pudo probarse el delito.

Claudia Vásquez Haro, presidenta de OTRANS La Plata, expresó: “la Cámara de Apelación y Garantías ha tomado la decisión firme de poner un freno. Ha intimado nuevamente al Ministerio de Seguridad de la Provincia a dictar protocolos y controlar el accionar policial para evitar nuevos abusos y atropellos contra el colectivo de mujeres travestis trans migrantes. Antes se usaban contra nosotras los edictos policiales. Como ya no pueden, ahora en su lugar están utilizando la ley de drogas 23.737 para perseguirnos. Junto al frente TLGB de La Plata Berisso y Ensenada venimos realizando acciones de prevención y visibilización del abuso policial contra las mujeres trans y travestis en La Plata”.