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Home›Encierro›Cárceles›REPRESIÓN, GOLPES, HAMBRE, AISLAMIENTO Y FALTA DE ASISTENCIA A LA SALUD Procesan a 54 funcionarios del SPF por torturas en la unidad penal 1 de Ezeiza

REPRESIÓN, GOLPES, HAMBRE, AISLAMIENTO Y FALTA DE ASISTENCIA A LA SALUD Procesan a 54 funcionarios del SPF por torturas en la unidad penal 1 de Ezeiza

Por Sole Vampa
9 marzo, 2023
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El pasado 28 de febrero el Juzgado Federal Criminal y Correccional 2 de Lomas de Zamora dictó el procesamiento de todos los agentes de requisa, bomberos, médicos y autoridades del Complejo Penitenciario Federal (CPF) 1 de Ezeiza que intervinieron en la brutal represión, golpiza y torturas desplegadas, entre el 9 y el 13 de junio de 2019, contra las personas alojadas en el Pabellón B de la Unidad Residencial III. Se trata de la causa con mayor cantidad de procesados por torturas en una institución penitenciaria desde el retorno de la democracia y, de acuerdo a la Fiscalía Federal 2 de Lomas de Zamora, los hechos ventilados prueban la sistematicidad e institucionalización de ese tipo de prácticas en contextos de encierro.

ANDAR en la Justicia

(Agencia) “Es muy claro que en este caso el servicio penitenciario, en vez de contener, explicar y tratar de bajar la conflictividad con los detenidos, dejó que todo estallara para obtener una excusa y poder ingresar al pabellón a reprimir. Según lo informado por el propio personal, se realizaron al menos 28 disparos sobre los cuerpos de los detenidos en el Pabellón B, además de una enorme cantidad de ‘gas pimienta’ y gas lacrimógeno que se aplicó sobre las víctimas”, indicaron desde la Fiscalía Federal 2 de Lomas de Zamora. Los funcionarios judiciales confían, además, en que «la apelación formulada por los 54 procesados no prosperará», y calificaron los hechos ventilados «como gravísimos y de gran relevancia» ya que se trata de una acción de represión en una institución penitenciaria federal que incluyó a toda la dotación de un día de guardia, dos médicos y el personal de bomberos.
Los hechos juzgados ocurrieron entre el 9 y el 13 de junio de 2019. Ante un cambio arbitrario e intempestivo en el sistema y horarios de visitas de familiares, las personas detenidas en el Pabellón B de la Unidad Residencial III –en el CPF 1 de Ezeiza- comenzaron una protesta que incluyó la quema de colchones de goma espuma, lo que provocó una intensa nube de humo en el lugar.

La respuesta fue una “requisa extraordinaria” de la que participaron 39 integrantes de la fuerza con el objeto de ingresar y restablecer el orden. En un momento, un grupo de esos guardias comenzó a realizar disparos con munición anti tumulto hacia los detenidos que protestaban y otros lanzaron gas lacrimógeno para despejar el ingreso al pabellón.

Una vez adentro, comenzaron a avanzar provocando que 17 personas fueran obligadas a replegarse en el extremo del pabellón donde cayeron unos sobre otros formando una montaña humana. Mientras eran brutalmente golpeados, otros 9 detenidos intentaron encerrarse en la celda 10 para protegerse de las agresiones físicas. Según se desprende de la investigación preliminar realizada por la Fiscalía, mientras permanecían en la celda un grupo de agentes, desde el exterior y por la mirilla de la puerta, les arrojó gas pimienta lo que provocó que los internos se ahogaran. Uno de los detenidos explica que tuvo que meter su cabeza en el inodoro ante la desesperación por no poder respirar.

Según la Fiscalía, está claro que quienes se encerraron en la celda no pudieron representar riesgo alguno para los penitenciarios como para justificar que estos abrieran la puerta y los golpearan y ahogaran con el gas pimienta. Pero más relevante aún resulta la actuación pasiva de los médicos presentes en todo momento así como la del personal anti siniestros y los bomberos del complejo penitenciario.

“Los médicos no certificaron las lesiones y la explicación que dieron es que como había mucho gas lacrimógeno en el lugar no podían respirar. Por tal motivo se pusieron las máscaras anti gas y eso les impidió evaluar corporalmente a los pacientes”, sostuvieron desde la Fiscalía.

Terminada la represión, entre el 10 de y el 13 junio se implementó un sistema de sanción para todos los detenidos en el Pabellón B: régimen de aislamiento, nula o insuficiente provisión de comida y salidas a baños y ducha muy escasas.

Durante el periodo señalado tampoco se realizó la limpieza del pabellón, ni se proveyó a los internos de luz artificial en celdas, SUM y duchas, dejando piletas, lavamanos e inodoros tapados, las duchas sin flor, los piletones sin sus correspondientes canillas y las celdas sin policarbonato en sus ventanas a pesar de encontrarse en invierno.

Las torturas padecidas por más de 30 detenidos sancionados concluyeron el 13 de junio cuando arribó la comitiva del Sistema de Coordinación y Seguimiento de Control Judicial de Unidades Carcelarias –dependiente de la Cámara Federal de Casación Penal- a la Unidad Residencial III Pabellón B, y corroboró personalmente el estado desesperante en el que se encontraban los detenidos, gritando por comida y agua.

Uno de los integrantes de aquella comitiva es parte de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin), por lo que rápidamente el caso se notificó a la Fiscalía Federal 2 de Lomas de Zamora dando inicio a la investigación penal. Ahora, a poco más de tres años de los hechos, llegó el procesamiento para todos los funcionarios intervinientes, con el agregado de un embargo por mas de 10 millones de pesos a cada uno.

Respecto a la calificación legal, el procesamiento considera el delito de torturas para la mayor cantidad de imputados que son los que integraron el cuerpo de requisa: para Pedro Avelino Insaurralde, quien ostentaba el 9 de junio de 2019 la máxima autoridad del Complejo Penitenciario Federal 1 de Ezeiza, la conducta de omisión de evitar la comisión de torturas; para quienes integraron el Comité de Seguridad que dispuso el sistema de sanción durante varios días, los delitos de torturas, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y falsificación de documentos públicos; y para los dos médicos intervinientes, la conducta de tortura y falsificación de documentos públicos.

“En esta causa fueron muy importantes los testimonios de los propios penitenciarios, que reconocieron la brutal represión, los disparos en el pabellón, el uso del gas lacrimógeno (…) es una investigación que llega a esta instancia con muchas pruebas, incluyendo las cámaras de seguridad del pabellón con registros completos de aquellos días; las actas de los médicos y mucha documentación de la cárcel; y las audiencias que mantuvimos el sábado 15 de junio de 2019 con las víctimas de las torturas”, señalaron desde la Fiscalía.

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