El Juzgado en lo Correccional N° 2 de La Plata hizo lugar a un Habeas Corpus Colectivo presentado por la Comisión Provincial por la Memoria y dispuso el desalojo de los calabozos y el cumplimiento de su clausura. La acción se generó por el incendio de un calabozo en la Comisaría 6ta de Tolosa. Por el incumplimiento a la orden judicial, dio intervención a la Fiscalía General para que se investigue al Ministro de Seguridad por el delito de desobediencia.

ANDAR en La Plata

(Agencia Andar) El juzgado a cargo de Eduardo Eskenazi hizo lugar a la denuncia que presentó la Comisión Provincial por la Memoria frente al incendio en uno de los calabozos en la Seccional Sexta de Tolosa. Esta es una de las 110 comisarías que alojan detenidos a pesar de tener orden judicial de clausura. Como una de las medidas dispuestas en la resolución de habeas corpus colectivo, ordenó remitir la información de lo actuado a la Fiscalía General para que investigue a Sergio Berni por su responsabilidad en el incumplimiento a las resoluciones judiciales, lo que constituye un delito conforme el Código Penal argentino.

Se dispuso también el desalojo de los calabozos en 72 hs, el traslado de las personas privadas de su libertad a otras dependencias debidamente habilitadas y se mantuvo la prohibición de alojar nuevamente detenidos en la seccional. Como la desobediencia ha sido constante el fallo obliga además al titular de la Comisaría Sexta a certificar semanalmente que no hay personas privadas de la libertad allí alojadas.

Sobre esta comisaría pesaba una doble clausura: la judicial y la ministerial. La CPM, en su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura de la provincia de Buenos Aires, había constatado el incumplimiento en reiteradas oportunidades. La justicia también. Una de las últimas oportunidades fue en febrero cuando desde el Juzgado se alertó al ministro que nuevamente había personas privadas de la libertad, sin que se hubieran efectuado las obras mínimas para habilitar los calabozos. Lejos de cumplir con lo ordenado “el Sr. Ministro de Seguridad continuó con un irresponsable e ilegítimo accionar, exhibiendo una desafiante actitud frente a lo resuelto en la sentencia firme”, describe la resolución.

Eskenazi además subraya que el problema estructural en relación al alojamiento delas personas encerradas en la Provincia de Buenos Aires “no puede justificar la adopción de medidas que representen un peligro cierto para la integridad física de las personas detenidas”.

Este peligro fue admitido por el mismo Ministerio de Seguridad en una audiencia convocada el año pasado a partir de otra denuncia de la CPM sobre la misma dependencia y su insistencia en desoír las prohibiciones. En ese momento los representantes legales del Ministerio reconocieron que la situación existente en las comisarías era crítica, que los detenidos y personal policial encargado de su custodia se encontraban bajo un grave riesgo pero aclararon que la cartera no contaba con los medios necesarios para refaccionar la totalidad de las dependencias que lo requieren.

No obstante este reconocimiento, de las casi 4.000 personas que se alojaban en el mes de diciembre del año pasado en las 1.200 plazas de comisarías, pasó a 5.500 personas en agosto de este año. Esta cifra constituye un record por ser la más alta en los últimos 15 años en la provincia.

Esto también fue reclamado al estado argentino por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que hizo lugar a las medidas cautelares solicitadas por la CPM y otros organismos, requiriendo que se garantice la vida e integridad física de las personas allí alojadas. Estas medidas fueron incumplidas por el gobierno provincial.