La justicia hizo lugar a la acción de habeas corpus colectivo interpuesta por la Comisión Provincial por la Memoria tras una inspección en la comisaría segunda de Hurlingam, en el marco de sus tareas como Mecanismo local de prevención de la tortura. El Juzgado de Garantías N° 4 de Morón, a cargo del juez Marcelo Manso, prohibió alojar personas en la dependencia hasta tanto los calabozos sean acondicionados de manera tal que reúnan las condiciones mínimas de habitabilidad, puntualmente provisión de agua caliente y reparación de aberturas.

ANDAR en Hurlingham

(Agencia Andar) Al recibir la denuncia, por tratarse de un feriado, el juez decidió constituirse en la dependencia para constatar la situación descripta por la CPM. En el habeas corpus el organismo señaló la falta de atención médica a los detenidos con padecimiento de salud y describió las condiciones inhumanas en las que estaban alojados. En la comisaría superpoblada algunas personas debían dormir en el piso sobre colchones húmedos y no se les permitió el ingreso de frazadas a pesar de las condiciones climáticas. También detectaron el uso de una celda de castigo sin agua y con una estructura ruinosa, alimentación insuficiente que obligaba a racionar la comida durante los fines de semana sin provisión, y corte del suministro de agua por parte del personal policial.

El personal del juzgado constató que había 21 detenidos en 4 calabozos con 5 personas en cada celda, de manera que una duerme en el piso; que a personas que requerían controles médicos no se los trasladaba por la supuesta carencia de móviles y que tampoco se les proveía medicación ni analgésicos. Todos los detenidos confirmaron que sólo cuentan con agua fría y deben calentarla en una pava eléctrica para higienizarse y que la comida provista por la seccional se entregaba tres veces por semana. Varios detenidos también vieron afectada su vinculación familiar, ya que no les dejan tener teléfonos celulares, y que no respetan los horarios de visita haciendo esperar a sus familias.

Otra de las cuestiones relevadas tiene que ver con el pago de dinero a los funcionarios policiales para permitir que las familias ingresen alimentos, y los malos tratos en requisas vejatorias. También con que los detenidos han detectado faltantes en esa mercadería provista por sus allegados, ya que en la dependencia no les entregan artículos como yerba o azúcar.

Los letrados comprobaron por sí mismos en el lugar cómo se padecían temperaturas por debajo de los cero grados, sin ningún tipo de calefacción ni agua caliente, con las aberturas rotas y los detenidos obligados a amontonarse para transmitirse calor. Todo esto, mal alimentados.

El juez resolvió que en el término de 12 horas se otorgue cupo de alojamiento en unidades penitenciarias a las personas que se alojaban ahí, y que se les realice un informe médico que determine su estado de salud y si requieren tratamiento médico o la provisión de medicamentos.

Además remitió una copia de las entrevistas realizadas en la comisaría a la Fiscalía General para que investigue la posible comisión de ilícitos por parte de la policía, y prohibió el alojamiento en la dependencia hasta tanto no se resuelvan las condiciones básicas de habitabilidad del lugar.