La CPM reitera su extrema preocupación ante el agravamiento de las violaciones a los derechos humanos que resultan de las políticas de mano dura que se vienen profundizando en los últimos años. Dos muertes involucran a las policías en la última semana en La Plata. El organismo solicitó una audiencia con el gobernador.

ANDAR en La Plata 

(CPM) Al reciente asesinato del joven Juan Martín Yalet en un móvil policial, se suma el brutal episodio de esta mañana en el  centro cultural “En eso estamos” de la ciudad de La Plata. Un agente de la policía local, quien desenfundó su arma para intimidar a su pareja en un aberrante hecho de violencia de género, comenzó a disparar a mansalva contra los jóvenes que estaban en el lugar, hiriendo gravemente a uno de ellos. El joven de 25 años, Rafael Cobo, que había salido a divertirse con amigos y es estudiante de la carrera de psicología de la Universidad Nacional de La Plata, se encuentra internado con pronóstico reservado.

Hemos reiterado en múltiples oportunidades que la seguridad no se resuelve  de “emergencia”, de un día para el otro con más policías en la calle, más patrulleros, más armas y  más represión.

El doloroso episodio ocurrido en las primeras horas de la mañana de hoy da cuenta de la temeridad de la demagogia punitiva y represiva ostentada por el gobierno, que utiliza como indicador positivo de las mejoras en materia de seguridad las muertes producidas por personal policial.

Las policías locales fueron creadas por una resolución ministerial en el marco de la denominada “emergencia en seguridad”. En un lapso de un año, con una preparación de solo seis meses, más de 500 agentes salieron a las calles de La Plata, portando armas, con una instrucción precaria e insuficiente. Tal como quedó demostrado, esto es altamente peligroso y genera más inseguridad de la que pretende resolver.

La estrategia de “saturación territorial” que implica el despliegue de agentes, móviles policiales y armas, sin la adecuada formación, demuestra en estos casos un potencial de letalidad y de violencia ilegal que debe cesar de inmediato.

Estas consecuencias deben ser asumidas por las autoridades del Ministerio de Seguridad -responsables directos de las medidas que se implementan-  como un grave error en la dirección tomada. Porque más allá de las responsabilidades penales de los agentes involucrados hay responsabilidades políticas que deben asumirse. Es inconcebible que frente a estos hechos se consolide la impunidad y no se adopten medidas transformadoras de las políticas en la materia.

Por ello, la CPM solicita públicamente una audiencia al Señor Gobernador de la provincia, Daniel Scioli, para expresarle personalmente nuestras críticas y preocupaciones. Y exige una pronta y profunda investigación judicial de lo ocurrido.

Al mismo tiempo expresa su plena solidaridad con Rafael y su familia y con los integrantes del centro cultural  “En eso estamos”.