La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) decidió crear el programa de Salud Mental con el objetivo de fortalecer su intervención en la protección de las personas privadas de su libertad con padecimientos psíquicos y en la promoción de sus derechos. Como parte de su trabajo en el monitoreo de estos espacios y desde su participación en el Órgano de Revisión de la Ley de Salud Mental, la CPM ha venido denunciado reiteradamente la práctica sistemática de la tortura y el agravamiento de las condiciones de internación.

Andar en la Salud

(CPM/Agencia) Actualmente, alrededor de 12.700 personas adultas se encuentran privadas de su libertad dentro de instituciones de salud mental de la provincia de Buenos Aires. Alrededor del 50% están en instituciones privadas. Y se estima que el 30% de la población alojada en el sector público se encuentra en condiciones de alta; es decir, internada por razones sociales o de vivienda. No se conoce a ciencia cierta la cantidad de niños, niñas y adolescentes internadas tanto voluntaria como involuntariamente por razones de salud mental dentro del ámbito público y privado, pero se cree que puede llegar al 30% de la población total actualmente registrada. Tampoco se conoce de forma exacta cuántas personas han muerto dentro de estos espacios, ni el modo de su fallecimiento. Tampoco las afecciones que padecen ni el tratamiento que reciben. No existe información de acceso público que dé cuenta estos indicadores elementales en materia de Salud.

Sólo en el hospital Alejandro Korn -durante un período de dos años- se registraron 133 muertes que no fueron investigadas o lo fueron de manera ineficiente, sobre las cuales aún se desconoce en qué medida los agravamientos en las condiciones de internación, constatadas y denunciadas por la CPM, han sido determinantes de las mismas. Por ese motivo, la CPM junto con otras instituciones que conforman el Órgano de Revisión Local ha impulsado la creación de un registro de muertes en contexto de encierro, en el mismo sentido que lo expresa el órgano a nivel nacional en su resolución nro. 15/14.

Asimismo, en distintos Informes Anuales, la CMP advertía que en el caso de los neuropsiquiatricos carcelarios, “el abordaje de la salud mental, hegemonizado por un enfoque psiquiátrico, se complementaba con el modelo de seguridad penitenciario a la hora de aplicar de forma sistemática una serie de prácticas que, en su conjunto, configuran un circuito de deterioro físico y subjetivo para las personas privadas de su libertad. Circuito ampliamente legitimado por un Poder Judicial que lo entiende como único tratamiento posible del padecimiento mental”.

La sanción de la Ley de Salud Mental Nº 26.657 en 2010, significó un avance superlativo en materia normativa, propulsando un cambio de paradigma a la hora de comprender y abordar estos padecimientos. Sin embargo, su demorado proceso de implementación da cuenta de la necesidad de interpelar a las autoridades y profundizar las intervenciones para lograr un efectivo acceso a derechos de las personas con padecimiento mental.

Como consecuencia de ello, y según surge del monitoreo que la CPM ha venido realizando sobre distintas instituciones de encierro, las personas con padecimiento mental continúan constituyendo uno de los grupos más vulnerables en materia de derechos humanos, sufriendo el encierro en las condiciones más crueles e inhumanas.

En ese sentido, en un documento presentado recientemente ante la Gobernadora y el Ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, la Comision volvió a reclamar con urgencia que el Estado disponga de todos los recursos necesarios para avanzar en el proceso de implementación de esta ley.

Por todo ello, la CPM decidió crear el programa de Salud Mental como una estrategia para profundizar la presencia institucional en estos lugares de encierro y como un dispositivo para intervenir activamente en el cumplimiento de las leyes en materia de salud mental, en la sanción de los responsables que incumplen con los protocolos establecidos por estas normativas y en la implementación de políticas públicas que mejoren la situación de los usuarios, considerándolos sujetos plenos de derechos.