La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presenta su informe anual 2021 sobre lugares de encierro, políticas de seguridad, niñez y salud mental de la provincia de Buenos Aires. Se trata del 15° informe anual. Lo hace en su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura designado formalmente. Se trata de un año marcado por la pandemia que evidenció aún más la crisis humanitaria del sistema penal luego de cuatro años de crecimiento sostenido de la población detenida. La actual gestión de gobierno reconoció y asumió en los primeros meses la tarea de descomprimir un sistema penitenciario con elevados índices de sobrepoblación y hacinamiento. Una posición positiva que logró un leve descenso de la población en cárceles rompiendo la tendencia creciente de la última década. Estas iniciativas no tuvieron su correlato en las decisiones del Poder Judicial ni en las políticas del Ministerio de Seguridad: a pesar del descenso de los delitos, aumentaron exponencialmente las aprehensiones y la violencia policial, y las comisarías tuvieron la sobrepoblación más alta de los últimos 15 años.

ANDAR en la Provincia

(CPM) Como cada año, el informe anual de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presenta un extenso diagnóstico del sistema penal en la provincia de Buenos Aires. Es un trabajo que el organismo puso siempre a disposición de los tres poderes del Estado como un aporte al diseño, modificación e implementación de una política criminal, de seguridad, penitenciaria, de niñez y salud mental que garantice y respete los derechos humanos. Este es el primero que se presenta luego de la designación formal de la CPM como Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, y está enmarcado en el contexto excepcional impuesto por la pandemia por COVID-19.

El gobierno de la alianza Cambiemos en la provincia de Buenos Aires profundizó la tendencia de los últimos 20 años: reformas regresivas, discursos punitivistas y crecimiento sostenido de la población detenida. El nuevo gobierno asumió transitando una profunda crisis provocada por la falta de alimentos y medicamentos en el sistema penitenciario y una huelga de 16.000 personas detenidas. Reconociendo la profunda crisis del sistema de encierro provincial y con el compromiso de transformarlo, convocó a una Mesa Interinstitucional de diálogo entre los tres poderes del Estado y organizaciones de derechos humanos, entre ellas la CPM. Esta iniciativa fue un importante mensaje político que se desactivó luego de iniciada la pandemia.

Los discursos e intenciones del Ministerio de Justicia, los avances importantes en salud mental y otros índices alentadores como la leve caída interanual de personas detenidas, y el descenso de jóvenes y mujeres en el encierro, no encontraron su correlato en el poder judicial que continuó reacio a los cambios, convirtiéndose en el sostén de esta política de sobre encarcelamiento. La excepción fue el fallo del Juez de Casación Víctor Violini, que rápidamente fue revocado por la Suprema Corte. Por su parte, la gestión del ministro de seguridad Sergio Berni, consolidó las mismas políticas punitivistas de sus antecesores.

En un contexto atravesado por la pandemia, la habilitación de los teléfonos celulares fue una valiosa iniciativa: ante la suspensión de las visitas, garantizó a las personas detenidas el acceso a su derecho a la comunicación y al vínculo familiar. También se constituyó en una herramienta para visibilizar y documentar casos de torturas, malos tratos y nula atención médica.

La angustia y desesperación de las personas detenidas demandó una mayor intervención de la CPM que lanzó el programa Punto Denuncia Torturas, junto a ocho organizaciones de familiares y ex detenidos/as de distintas localidades de la provincia de Buenos Aires. Esta iniciativa novedosa permitió fortalecer la capacidad de recepción de denuncias y la intervención frente a las violaciones a los derechos humanos en lugares de encierro.

De este modo, durante el 2020 los equipos de la CPM y del Punto Denuncia Torturas, realizaron 21.500 entrevistas a personas detenidas o sus referentes afectivos en las que se relevaron 34.500 hechos de tortura o malos tratos; casi la mitad de estas denuncias, más de 16.000, fueron por hechos de violencia o morosidad judicial.  Esto confirma la sistematicidad de la tortura como forma de gobierno de la población encarcelada.

A partir de estas comunicaciones, se presentaron 16.200 escritos judiciales, entre ellas 3.200 habeas corpus individuales y 13.000 acciones urgentes. También se presentaron 120 acciones colectivas por hacinamiento, escasez de alimentos, falta de atención médica, falta de insumos de higiene, protestas, huelgas de hambre, represión, casos sospechosos o positivos de Covid-19.

Además, durante el 2020 la CPM continuó realizando inspecciones a cárceles, comisarías, alcaidías y centros de detención de jóvenes, la mayoría de carácter urgente frente a los conflictos que se presentaron. Durante las protestas producidas los días 21 y 22 de abril en las unidades 10 de Melchor Romero y 23 de Florencio Varela y las ocurridas en nueve Unidades de toda la provincia el 31 de octubre y 1 de noviembre, los equipos de la CPM se constituyeron en todas ellas, realizando un seguimiento de las víctimas de la represión los días posteriores.

El informe sobre este último hecho habla de la magnitud de lo ocurrido: más de 1.500 personas padecieron represión extrema, torturas y traslados compulsivos. Sobre este universo, en 516 personas se constataron judicialmente un total de 634 lesiones. En 113 casos las lesiones fueron provocadas por postas de goma disparadas contra la cabeza, lo que está expresamente prohibido; 17 personas perdieron un ojo, una ambos ojos y otra parte de su oreja, lo que produjo discapacidades permanentes. Las represalias se vieron incluso en los incendios intencionales provocados por los agentes penitenciarios en los centros universitarios de las cárceles 48 de San Martín y 31 de Florencio Varela.

Antes de la represión, el Servicio Penitenciario Bonaerense ya había mostrado su accionar criminal provocando y fogoneando la protesta, incitando a los detenidos a subirse a los techos, sosteniendo las escaleras para que lo hagan o abriendo las puertas de los patios sin custodia.

También cabe recordar que durante esos hechos falleció Joel Román Carretero por una “lesión sufrida por la caída desde uno de los techos” en la UP 46 de San Martín. En la represión de abril en Florencio Varela, Federico Rey fue asesinado por penitenciarios que dispararon con bala de plomo, a pesar de estar prohibido su uso en el interior de las cárceles.

La reiteración de las recetas punitivistas en la cartera de seguridad

En las políticas de seguridad de la Provincia se intensificaron tres rasgos: retroceso en la conducción civil de las policías y unificación de las jefaturas, profundización del esquema de saturación policial como mecanismo de gestión territorial y agravamiento de la crisis humanitaria en las comisarías. A diferencia de otras áreas de la actual gestión, el Ministerio de Seguridad insistió en una receta que ya tiene 20 años y un fracaso reiterado: el punitivismo como única respuesta a los problemas de seguridad.

Como el mismo gobierno reconoció, los delitos se redujeron en promedio casi un 30 % por efecto del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio; sin embargo, crecieron exponencialmente las aprehensiones policiales: de 280.000 en 2019 se pasó a 410.088 en 2020, es decir 130.000 personas más. De estas 410.088 personas aprehendidas, apenas 37.607 (9,2 %) fueron privadas de su libertad por imputación de un delito y sólo 15.249 (3,7 %) ingresaron luego al Servicio Penitenciario Bonaerense porque se les dictó prisión preventiva o fueron condenadas.

Es decir, casi 9 de cada 10 personas fueron aprehendidas sin vinculación con la comisión de delitos. Esa hiperactividad y arbitrariedad de las fuerzas policiales en el despliegue territorial tuvo dos consecuencias directas: el aumento de la violencia policial y la saturación de las comisarías como lugares de detención.

Sobre el primero de los puntos, sólo la CPM registró durante el año 400 casos de violencia policial que involucran 577 hechos y 123 muertes por uso letal de la fuerza en territorio bonaerense. Si bien los 123 casos registrados en el 2020 marcan un descenso interanual, 21 menos que en 2019, es relevante incorporar al análisis la disminución de las denuncias de ilícitos; elemento que debe considerarse porque la mayoría de las muertes producidas por policías se generan en circunstancias en las que, supuestamente, son víctimas de robo. Los casos de gatillo fácil, que terminaron en la muerte de Lucas Verón, Ulises Rial y Ezequiel Corbalán, son una muestra de prácticas estructurales que se reiteran. A estos se suma la desaparición y muerte de Facundo Astudillo Castro, donde innumerables indicios dan cuenta de la actuación policial, no investigada por la justicia federal.

Sobre las violaciones a los derechos humanos en comisarías, el incremento de personas detenidas en dependencias policiales alcanzó en noviembre el record de los últimos 15 años: 5.600 personas se alojaron en 1.221 plazas. El promedio anual fue de 4.849 personas, esto implicó una sobrepoblación del 295%, casi 80 puntos más que el año anterior. En ese contexto crítico, 18 personas murieron en comisarías bonaerenses durante 2020; la misma cantidad que en 2018 aunque tres personas menos que en 2019.

Por otra parte, el Ministerio de Seguridad continuó incumpliendo con las órdenes judiciales de clausurar comisarías, incluso con una resolución del propio Tribunal de Casación provincial y también con lo dispuesto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que otorgó medidas cautelares sobre 21 dependencias.

A diciembre de 2020, se informaron 304 comisarías ocupadas, de las cuales 131 se encontraban inhabilitadas para alojar personas ya sea por inhabilitación ministerial o clausura judicial. Sin embargo, en esta condición alojaban al 36% del total de personas detenidas.

Finalmente, no sólo el Ministerio continuó incumpliendo órdenes de clausura, sino que también demostró su desdén con las instancias de diálogo y se ausentó sistemáticamente de las mesas de trabajo convocadas por el gobierno en el marco de las medidas cautelares en trámite ante la CIDH.

Algunos indicios alentadores que deben consolidarse

A nivel provincial el número de personas detenidas se mantuvo estable, pasando de 51.215 en enero de 2020 a 50.520 en enero de 2021, es decir una diferencia de 695 personas (-1%). Como puede observarse, no existió ninguna liberación masiva de personas. No obstante, la variación interanual fue negativa por primera vez en 13 años. Y como se dijo, luego de cuatro años en donde el crecimiento de las personas detenidas fue exponencial, a un promedio interanual del 9%.

Sin embargo, este leve descenso también debe analizarse considerando que la cantidad de delitos disminuyó en la provincia de Buenos Aires, conforme fuera anunciado conjuntamente por el procurador general de la Provincia Julio Conte Grand y el ministro de Seguridad Sergio Berni en septiembre de 2020. Es decir, si bien el delito disminuyó de manera considerable no hubo un correlato similar en la disminución de personas detenidas.

Con todo esto, la tasa de encarcelamiento cada 100.000 habitantes (mayores de 18 años) bajó de 415 a 399, equiparando el registro de 2018. Si bien 2020 interrumpió la tendencia ascendente iniciada en 2014, la tasa de encarcelamiento actual es 55% más alta que hace diez años.

La sobrepoblación del sistema carcelario descendió de 118% en 2019 a 106 % en 2020. Esto significa que todavía la mitad de los/as detenidos/as no tuvo espacio para dormir. Sin embargo, puesto en la serie histórica, 2020 rompió una tendencia ascendente iniciada en 2008 y exacerbada desde 2014.

Por otro lado, la pandemia evidenció la crisis sanitaria en el encierro y reforzó un reclamo ya histórico de la CPM: el pase de Salud Penitenciaria a la órbita del Ministerio de Salud para integrarse a las políticas sanitarias provinciales. Durante el 2020 murieron 178 personas en cárceles y alcaidías de la provincia de Buenos Aires; 30 más que el año anterior. Esto es un promedio de 15 muertes por mes o una cada dos días. De las 178 muertes, 29 fueron por Covid-19; 152 fueron por cuestiones de salud no asistidas, en su mayoría cuadros que de haberse tratado a tiempo las personas hubieran vivido o al menos extendido su sobrevida.

Las políticas de encierro durante el 2020 también muestran el descenso de la cantidad de mujeres, travestis, trans y jóvenes en prisión, datos alentadores porque hablamos de poblaciones particularmente vulnerables.

Al finalizar el año, había 2.028 mujeres privadas de su libertad en el SPB, esto es un 10,5% menos que el año anterior. Particularmente notorio fue el descenso de mujeres embarazadas o detenidas junto a sus hijos/as menores de 4 años: a diciembre de 2020, eran 33, un 57% respecto del año anterior.

Por su parte, la cantidad de personas trans y travestis detenidas se redujo un 19 % pasando de 101 en 2019 a 82 en 2020.

Con respecto al fuero de responsabilidad penal juvenil, la cantidad de jóvenes detenidos en dispositivos del Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia (OPNyA) se redujo de de 676 en enero a 503 en diciembre del año pasado, un dato positivo que redujo el histórico problema de hacinamiento. Sin embargo, se denuncia en este informe la muerte de dos jóvenes por falta de políticas adecuadas de prevención de los suicidios. Uno de ellos había sido víctima de torturas el día anterior.

Hay otro dato poco alentador: sólo 245 de los 753 niños, niñas y jóvenes ingresados a dispositivos del OPNyA durante el 2020 tuvo algún contacto previo con el Sistema de Promoción y Protección de Derechos de niños, niñas y jóvenes. Es decir, el Estado llega tarde y con respuestas punitivas a trayectorias marcadas por la vulneración de derechos.

El otro dato preocupante que se sostiene en el tiempo tiene que ver con los jóvenes inimputables de 15 años o menos que ingresan al sistema de encierro; durante el 2020, fueron un 12% del total.

Por último, una mención especial merecen las políticas de salud mental que presentaron notables avances en la elaboración y presentación de los planes de readecuación de los manicomios públicos para cumplir con la ley de salud mental, y también en las acciones tendientes a fortalecer los dispositivos de externación. Como consecuencia, bajaron la cantidad de personas encerradas en manicomios públicos y la cantidad de fallecimientos en estos ámbitos. A 10 años de la sanción de la ley, esa deuda comienza a saldarse.

En esa línea, urge ahora consolidar la fiscalización y control de las comunidades terapéuticas; a diferencia del sector público, las muertes se incrementaron en las instituciones privadas. También es necesario intervenir las unidades carcelarias 34 y 45 que alojan a personas con padecimiento mental, lugares que no siguen una lógica tratamental sino securitaria sin cumplirse con la ley de salud mental.

La CPM presenta este informe, el Sistema de la crueldad XV, como una herramienta para la transformación profunda de la política criminal en la provincia que promueva y consolide el paradigma de los derechos humanos como garantía fundamental de la democracia.