Es necesario que se impulsen investigaciones administrativas y judiciales para que sus consecuencias no queden impunes.

(Por Centro de Estudios Legales y Sociales –CELS-) La policía provincial del Chaco reprimió una manifestación de trabajadores estatales y organizaciones sociales y campesinas. El miércoles 4 de junio la policía disparó con balas de goma, persiguió a tiros a grupos de manifestantes cuando ya se dispersaban y efectuó detenciones con golpes brutales. Como resultado hubo más de cien heridos, de diversa gravedad. Además, a partir de la denuncia del jefe de la policía provincial Gustavo Peña, se le inició una causa por instigación a la violencia a José Niz, Secretario General de Unión del Personal Civil de la Provincia, por haber convocado a la manifestación.

Es la cuarta vez en el año que el gobierno del Chaco reprime manifestaciones y protestas. FOTO: TELAM

Esta es la cuarta vez en el año que el gobierno del Chaco reprime manifestaciones y  protestas. Los días 11 y 19 de febrero y el 7 de mayo la policía también disparó y golpeó a manifestantes, lo que causó decenas de personas heridas en cada ocasión.

La provincia incumple reiteradamente los “Criterios Mínimos sobre la Actuación de los Cuerpos Policiales y Fuerzas de Seguridad en Manifestaciones Públicas” a los que adhirió en 2011 a propuesta del Ministerio de Seguridad de la Nación.

El gobierno del Chaco es responsable de la represión y de las heridas provocadas a los manifestantes. Es necesario que se impulsen investigaciones administrativas y judiciales para que sus consecuencias no queden impunes. El gobierno nacional debe garantizar la no represión de la protesta social y establecer un piso común de derechos en todo el país. El abordaje no violento de los conflictos sociales debe ser defendido por el conjunto de la sociedad y todas las instituciones.