El jueves a la madrugada, en pleno centro platense, el oficial del Comando de Patrulla de La Plata Arturo Salazar disparó a quemarropa contra un joven que trabajaba de cuidacoches en esa zona. En total fueron tres disparos con su escopeta de postas de goma, dos al pecho de la víctima y a corta distancia. El joven murió unas horas después en el hospital San Martín. Salazar ya fue desafectado de la fuerza y está aprehendido. Este asesinato se inscribe en una escalada de violencia en los operativos policiales contra cuidacoches y vendedores ambulantes de la ciudad.

ANDAR en La Plata 

(CPM) La versión policial señaló que el oficial Arturo Salazar y su compañera de fuerza, Belén López, llegaron a bordo de un móvil del Comando de Patrullas de La Plata para atender un llamado al 911, que alertaba sobre una pelea callejera entre dos cuidacoches. Según los policías, cuando arribaron a 4 y 50, uno de los cuidacoches se escapó corriendo, el otro quiso enfrentarlos con un cuchillo y Salazar disparó para persuadir. Las primeras pruebas que constan en la causa desmienten esta versión.

No hay prueba en el expediente que acrediten que el joven asesinado tenía un cuchillo, mucho menos un arma que pueda poner en riesgo la vida de los policías o de terceros. Tampoco está acreditado que esa pelea haya existido, el llamado al 911 habría sido luego del ataque policial y no antes, y la víctima sólo tenía las heridas por los disparos de bala de goma.

Para la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), este hecho, un nuevo caso de gatillo fácil, muestra con total crudeza la brutalidad y discrecionalidad de las policías en el uso de sus armas. Este asesinato, además, debe pensarse en un marco de profundización de los operativos policiales violentos y persecutorios contra cuidacoches y vendedores ambulantes en la capital provincial. Y debe agregarse a esto, que los discursos del gobierno nacional promoviendo el uso ilegal de la fuerza por parte de las policías generan condiciones que propician estos resultados.

Hasta el momento, todo lo que se sabe es que en la esquina de 4 y 50 el oficial de la Policía Bonaerense disparó con su escopeta contra la víctima. El joven tenía dos disparos de bala de goma, efectuados a corta distancia. Tras recibir las descargas de la escopeta, el joven sólo pudo caminar unos metros hasta caer desplomado al suelo. Del lugar fue trasladado al hospital San Martín donde murió pocas horas después. Durante esas primeras horas, la misma fuerza policial tuvo control de la escena del crimen.

Cuando la UFI 17, a cargo de María Di Lorenzo, toma el control de la instrucción aplica la resolución 1390 y aparta la Bonaerense de la investigación. Los resultados de la autopsia al cuerpo de la víctima realizada por Asesoría Pericial de la Suprema Corte de Justicia y las pericias a las armas reglamentarias a cargo de Gendarmería Nacional parecen confirmar que Salazar actuó con intención homicida.

Con la información que consta en el expediente, la fiscal Di Lorenzo ordenó la aprehensión de Salazar y ahora tendrá que resolver si ordena su detención. En paralelo, la Auditoría de Asuntos Internos ya desafectó al oficial Arturo Salazar de la fuerza.

Al tomar conocimiento del hecho, la CPM realizó una presentación en Asuntos Internos y se acercó a la fiscalía interviniente para pedir informa circunstanciado de la causa, los hechos y los imputados, y solicitar el estricto cumplimiento de la resolución 1390 y la ley 14.687 para desligar a la Policía Bonaerense de la investigación.

La brutalidad del hecho obliga a actuar de manera rápida, sin dilaciones que entorpezcan la investigación. Al mismo tiempo, la CPM vuelve a manifestar la preocupación por la creciente violencia que la policía despliega en los territorios contra los sectores más vulnerables, entre ellos las y los trabajadores de la economía informal.