La Comisión por la Memoria de la provincia de Buenos Aires (CPM) presentó hoy un habeas corpus ante el Juzgado de Garantías Nº 5 de La Plata por las inhumanas y violentas prácticas de tortura, y por las graves condiciones de detención que sufren las mujeres alojadas en la UPNº 51 de Magdalena. Requisas violentas y  vejatorias, falta de alimentos y calefacción y acceso deficiente a la salud,  fueron algunas de las situaciones relevadas en una inspección realizada por el Comité contra la Tortura (CCT).

En ingreso a la Unidad 51 de Magdalena. FOTO: Andar

ANDAR en las cárceles

(CPM) En la UP Nº 51 de Magdalena son constantes las prácticas de tortura inhumanas violentas y vejatorias. Así lo demuestran los testimonios de las mujeres allí alojadas que fueron entrevistadas por el CCT-CPM durante una inspección realizada el pasado 25 de junio.

Una vez por semana el SPB requisa a cada una de las detenidas, luego todas son llevadas al patio y se revisan las celdas vacías. A veces, esto sucede durante la madrugada y las mujeres permanecen en el patio, expuestas a bajas temperaturas. Son obligadas a quitarse la ropa y se las pasa por un detector de metales que es activado arbitrariamente por agentes del SPB para poder imponer una sanción. Según expresan los testimonios, el detector puede sonar o no, independientemente de que haya o no algún objeto oculto. Una vez que suena, la persona requisada es tirada al piso, una penitenciaria le presiona el abdomen con el pie mientras que otra se pone guantes de látex y le mete la mano en la vagina buscando algún objeto. Esto consiste en una agresión sexual percibida por las detenidas como lo que es: una violación.

Además de la grave situación descripta producto de las requisas, durante la inspección se recorrieron las áreas de admisión, los buzones y la planta alta del ala derecha y se constataron condiciones de hacinamiento y deterioro generalizado. Entre las más importantes se destacan:

1. falta de acceso a la salud: la modalidad de gestión de la salud entre el personal penitenciario y el médico genera que las detenidas no sean atendidas por sus dolencias.
2. hambre: la comida del penal es muy mala y extremadamente escasa, y no es posible cocinar ni en pabellón ni en las celdas.
3. golpes: el personal penitenciario (tanto masculino como femenino) es violento con las personas detenidas.
4. frío: falta de calefacción y de agua caliente; producto de problemas con el gas, las detenidas tienen cortada la calefacción el agua caliente.
5. pabellón y régimen: el único espacio de socialización que tiene el pabellón son los baños.
6. Sanciones: son frecuentes las sanciones colectivas que intensifican el encierro en las celdas.

Por todo esto, la CPM presentó hoy un habeas corpus ante la justicia en el que solicita que “se revea y modifique el sistema de requisas vejatorias al que son sometidas las mujeres en la Unidad Nº 51” y que se “garantice el acceso al sector de sanidad, la atención a la salud por profesionales médicos y el suministro de la medicación que se requiera.” Además pide que se “ordene el inmediato suministro de alimentos en calidad y cantidad suficiente” y que se revise el “régimen de sanciones (colectivas y acumulativas), ya que el actual es violatorio de la normativa vigente.”

Las condiciones de extrema vulneración de derechos en las que viven las mujeres detenidas en la UP Nº 51 no constituyen ni una novedad ni un caso aislado. Desde el año 2003, la CPM viene desarrollando un trabajo de monitoreo sistemático en lugares de encierro en la provincia de Buenos Aires que ha permitido dar cuenta de una realidad estructural que se agrava año tras año y se profundiza con la implementación de una política criminal represiva que focaliza su acción sobre la población más pobre, y pone en crisis la vigencia de los derechos humanos en democracia. A partir del año 2014, con la declaración de emergencia de seguridad por parte del gobierno provincial, la situación ha empeorado aún más.

Tal como advierte Informe Anual 2015 de la CPM, presentado recientemente, “los servicios penitenciarios gobiernan los lugares de encierro a partir de la implementación y el ejercicio de un sistema que se sustenta en la violencia estructural, la tortura y la degradación de los sujetos. Las policías gobiernan los territorios habitados por los excluidos de la sociedad utilizando las mismas violencias. Los despliegues, como parte del control social punitivo de estos sectores, se ejecutan a través de un sistema penal sostenido en decisiones y estrategias adoptadas desde el mismo Estado. Se construye un discurso y se adoptan medidas que promueven este tipo de gobierno utilizando la tortura y la muerte como herramienta de control.”