Ocurrió el martes y miércoles 4 y 5 de julio, mientras los familiares aguardaban ser recibidos por el juez de Garantías 1 César Solazzi, quien les explicaría los motivos del otorgamiento de la prisión domiciliaria a los imputados. Antes de esa audiencia, vieron que en el patio central del edificio de los tribunales y juzgados con asiento en Pergamino se encontraban, sin esposas ni custodia, los 5 policías almorzando con sus familias. Para la CPM resulta preocupante semejante falla de seguridad y privilegio a integrantes de la fuerza policial imputados por la muerte de 7 detenidos, más aún teniendo en cuenta que el máximo responsable, el entonces comisario de la 1º, permanece prófugo desde hace varios meses.

ANDAR en Pergamino

(Agencia) Frente a las escenas que presenciaron el martes y miércoles 4 y 5 de julio, los familiares de las víctimas de Pergamino requirieron al juez de Garantías 1 César Solazzi –que lleva la causa por la masacre en la Comisaría 1º ocurrida el 2 de marzo pasado- las explicaciones pertinentes acerca de los motivos por los cuales los 5 imputados se encontraban con libertad ambulatoria dentro de la sede judicial.

La CPM participará, el martes 11 desde las 8, de la audiencia en la Cámara de Apelaciones para solicitar que se revea el otorgamiento de la domiciliaria a los imputados

Allí fueron notificados que los policías estaban aguardando una audiencia con el juez de Garantías 3 de Pergamino en virtud de un habeas corpus que los imputados habían presentado exigiendo que la causa por los 7 fallecidos pasara a otro juzgado de otro departamento judicial. Sin embargo, Solazzi nada les explicó acerca de las circunstancias por las que los imputados se hallaban sin custodia, con el consiguiente y probable riesgo de fuga.

Sobre el mismo punto, la CPM –que patrocina a las familias de Sergio Filiberto, Fernando Latorre y Franco Pizarro– con carácter urgente y mediante oficio fechado el 6 de julio, requirió a los jueces de Garantías 1 y 3 las mismas explicaciones, dando como respuesta ambos magistrados el desconocimiento de las circunstancias particulares en las que fueron vistos en la sede judicial los policías imputados por la masacre de Pergamino.

Además, el juez Fernando Ayestarán, titular de Garantías 3, señaló que la presencia de los imputados se debía a la audiencia del habeas corpus presentado por ellos mismos y que tramitaba en ese juzgado.

Para la CPM resulta preocupante no sólo la falta de respuesta satisfactoria por parte de los magistrados ante las circunstancias descriptas por los familiares de las víctimas de Pergamino, sino especialmente el real y potencial riesgo de fuga de los 5 imputados en caso de reiterarse un traslado a tribunales sin custodia ni control de seguridad, más aun teniendo en cuenta que el entonces comisario de la 1º, Alberto Sebastián Donza, aun permanece prófugo de la justicia.

Para este organismo, el hecho confirma el sistemático doble criterio que las agencias judiciales suelen utilizar cuando los imputados actúan desde su posición de funcionarios públicos, en este caso, desde el rol de policías a cargo de detenidos en una comisaría.

Para la CPM, el otorgamiento de la orden de prisión domiciliaria a los imputados –resuelta por el juez Solazzi hace un par de semanas y que aún no se hizo efectiva- responde a la misma selectividad y privilegios que reciben, en muchos casos, los integrantes de la fuerza de seguridad.

Así, resulta de particular importancia la condición de funcionarios públicos de los imputados por la masacre –que tenían el control de la escena y la responsabilidad de cuidar la integridad de los detenidos a su cargo-, que debería haber sido considerada por parte del magistrado al momento de dictar la prisión domiciliaria.

Si bien la prisión preventiva no debe ser un recurso procesal de utilización sistemática porque vulnera los principios constitucionales de las personas no condenadas, sí debe ser considerada en aquellos casos en los que exista la posibilidad de riesgo de fuga o entorpecimiento de la investigación penal, y en este sentido resultan insatisfactorios las pericias psicológicas y psiquiátricas en las que fundó su decisión el juez de Garantías 1 según las cuales los imputados gozan de “contención familiar”.

Por estos motivos es que la Comisión Provincial por la Memoria participará, el martes 11 desde las 8 de la mañana, de la audiencia en la Cámara de Apelaciones de Pergamino, en la que ampliará los fundamentos para exigir que se revea el otorgamiento de la prisión domiciliaria a los imputados por la masacre en la Comisaría 1º.