Este martes a las 19:30 se proyectará, por primera vez, la película documental que aborda las amenazas, torturas, vejaciones y abusos que padecieron muchos de los excombatientes de Malvinas durante el conflicto armado de 1982, y cuyas responsabilidades penales aún no fueron juzgadas a pesar del enorme caudal probatorio acumulado en la causa 1777/2007 sobre imposición de torturas. Dirigida por Gabriela Naso, la producción contó con la colaboración de la CPM –entre otros espacios institucionales- y postula la necesidad de enmarcar los crímenes denunciados como delitos de lesa humanidad.

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(Agencia) En la guerra de Malvinas, los soldados argentinos no sólo padecen hambre y frío, sino también torturas físicas y psicológicas por parte de sus superiores. Tras la rendición argentina, la dictadura militar que gobierna el país despliega un plan para acallar las voces de las víctimas y garantizar la impunidad de los perpetradores.

Pero un grupo de soldados se resiste al silencio y cuenta lo ocurrido en las islas. Para demostrar que los hechos denunciados son crímenes de lesa humanidad y, por lo tanto, no prescriben, los ex soldados deben romper con el relato de la “gesta heroica” y enfrentar las trabas del sistema judicial argentino.

Dirigido por Gabriela Naso, el documental Las voces del silencio tiene una duración de 88 minutos y cuenta con los testimonios de los excombatientes Antonio Orellana, David Zambrino, Ernesto Alonso, Gerardo Roschge, Gerardo Vega, Hugo Robert, Miguel Anderfuhrn, Oscar Rojas y Silvio Katz.

Producida por Pulpofilms, la obra contó con el apoyo del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) y el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, y el apoyo de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) y otros espacios comprometidos en la búsqueda de justicia y en la construcción de la memoria.

El estreno será este martes 1 de abril a las 19:30 en el Cine Gaumont de Capital Federal, y luego se brindará al público el jueves 3 desde las 19 en el Teatro Argentino de La Plata.

Cabe aclarar que la causa penal que investiga estos hechos se inició en 2006 a instancias del Juzgado Federal de Río Grande, Tierra del Fuego, y de la Fiscalía Federal con asiento en esa ciudad, y tiene a más de 90 imputados por prácticas de torturas, estaqueamientos a la intemperie bajo temperaturas extremas, enterramientos, sumersión de la cabeza en agua helada, golpizas, pasaje de corriente eléctrica, hambre extremo y otras.

En las últimas horas, la Sala 1 de la Cámara de Casación Penal de la nación resolvió, por unanimidad, que la causa siga abierta, dando lugar a los pedidos formulados por el Centro de exCombatientes Islas Malvinas (CECIM) y la CPM.