La ley 26.160 declara “la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas” y suspende la ejecución de desalojos. La norma nacional es de 2006 y establece un relevamiento de esas poblaciones. El 23 de noviembre de 2017 vencerá y, aunque ya tuvo dos prórrogas en 2009 y 2013, el Estado sólo censó la mitad de estas comunidades.  Representantes de las comunidades acampan frente al Congreso del 23 al 27 de septiembre para pedir la aprobación de la prórroga.

ANDAR en reclamos

(Agencia) Según la ley quien debe llevar adelante ese relevamiento es el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) que depende del Ministerio de Justicia de la Nación. La organización Amnistía Internacional difundió datos oficiales según los cuales hay 1.532 comunidades identificadas en la actualidad y sólo 759 han iniciado el proceso de relevamiento. Esto es menos de la mitad: un 49% del total. De ese parcial total de 759 comunidades sólo 459 relevamientos están consignados “con resolución” en el INAI. En Buenos Aires figuran como culminados los relevamientos a los pueblos toba, guaraní, mocoví y kolla; y debe continuarse el relevamiento territorial de la comunidad mapuche.

“De no prorrogarse, más de un 60% de las comunidades quedarán sin ser relevadas y vulnerables frente a los intentos de desalojo. Estamos con dificultades para que se apruebe esta prórroga y el problema es que si no se realiza un montón de comunidades ya tienen sentencia para el desalojo”, dice Gabino Zambrano, del pueblo coya, y agrega que “es que es así siempre. La ley del más fuerte, del poderoso”.

“Acá se ponen de manifiesto los distintos intereses. El estado a través de sus distintos gobiernos viene incumpliendo nuestros derechos, porque eso reclamamos: derechos que nos fueron otorgados”, afirma Zambrano. La ley no reconoce la titulación de las tierras, sólo permite que las propias comunidades identifiquen los territorios que ocupan para que luego puedan avanzar a la regulación dominial, aunque aún no se reconoce la legalidad de la titulación colectiva que permita respetar las lógicas y costumbres indígenas.

“La Argentina tiene que mirarse para adentro. Tenemos una colonización interna. Se acusa a los pueblos originarios de que no somos argentinos: ¿son argentinos los grandes terratenientes a los que se favorece?”, se pregunta Zambrano.

Las organizaciones y comunidades están pidiendo que se prorrogue la ley asignando los recursos necesarios para llevar adelante los relevamientos, garantizando la suspensión de los desalojos, removiendo los obstáculos que impiden el avance en los relevamientos de los territorios indígenas y  garantizando la participación de las comunidades indígenas en los relevamientos y el respeto por sus derechos y costumbres.