El 28 de septiembre de 1997 Emilio Blanco, de 16 años, fue detenido ilegalmente y trasladado a la comisaría de Chascomús; allí fue torturado hasta la muerte y luego arrojaron su cuerpo a la vera de la vía del ferrocarril. Ayer, 24 años después del hecho, la Cámara en lo penal de Dolores condenó al entonces comisario Tomás Freites a seis años de prisión por el delito de omisión dolosa de evitar la tortura. En 2014, el ex policía bonaerense Fermín Basualdo había sido condenado por tortura seguida de muerte.

ANDAR en Chascomús

(Agencia Andar) A más de 24 años la muerte por torturas de Emilio Blanco, la causa tiene un segundo condenado. Este lunes, con el voto unánime de sus jueces Emiliano Lazzari, Antonio Severino y Daniel Rezzonico, la Sala 1 de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal (Ad hoc) de Dolores condenó al ex comisario de la Policía Bonaerense Tomás Freites por el delito de omisión dolosa de evitar la tortura.

En su calidad de titular de la dependencia policial donde ocurrieron los hechos, Freites era responsable de la integridad física de Emilio y también era responsable del accionar de los funcionarios policiales bajo su cargo. No sólo eso, durante el juicio oral y público, los testimonios y pericias también demostraron que Freites fue quien condujo las maniobras para ocultar lo ocurrido.

Entre la medianoche y la 1 de la madrugada del 28 de septiembre de 1997, policías bonaerenses interceptaron a Emilio Blanco, un joven de 16 años que iba a encontrarse con amigos, y lo trasladaron sin razón alguna a la comisaría 1ª de Chascomús. En ningún momento, se comunicó esa aprehensión a sus padres ni a autoridad judicial alguna.

Privado ilegalmente de la libertad en la dependencia policial, varios efectivos lo torturaron hasta la muerte y luego arrojaron su cuerpo en las vías del ferrocarril para hacer pasar su asesinato como un accidente ferroviario.

La autopsia relevó que Emilio tenía heridas en el abdomen, espalda, brazos, cara y un golpe mortal en la cabeza: una herida de unos 13 centímetros con hundimiento de cráneo y pérdida de masa encefálica.

El 23 de septiembre de 2014, Fermín Basualdo fue condenado por el delito de homicidio por imposición de torturas. Al momento de la muerte de Emilio, Basualdo se desempeñaba, por decisión de Freites, como Jefe de Calle de la comisaría 1ª.

Todos los testimonios reunidos en la causa confirman que, en la madrugada del asesinato de Emilio, Freites estaba en funciones en la comisaría. Para el tribunal que lo condenó, el ex comisario no sólo no podía saber lo que había ocurrido sino que, además, estuvo a cargo de la investigación que buscó por todos los medios desviar el curso investigativo para garantizar la impunidad policial.

En esas primeras horas se borraron evidencias, se adulteraron documentos, entre ellos el libro de guardia, se consignó presente a efectivos que estaban de vacaciones y se cambiaron los lugares y funciones asignados a los efectivos de la comisaría esa noche.

Para los jueces de la Cámara, a partir del análisis de los testimonios y pericias, se advierte que Freites “direccionó deliberadamente la investigación hacia un accidente, y cuando ya no se pudo sostener pretendieron profundizar la teoría de un suicidio, ignorando de modo flagrante las evidencias que señalaban el rumbo de la tortura y el homicidio”.

Además de intentar imponer la teoría del accidente y suicidio, los efectivos policiales también buscaron inculpar a un inocente: alrededor de las 13 horas de ese día, levantaron a un vecino que se había quedado dormido en la laguna y lo encerraron en un cuarto de la comisaría para que “confiese la verdad”.

La sentencia habla de un hecho pergeñado y ejecutado, de manera oculta y clandestina, en el marco de un aparato organizado de poder, en este caso por funcionarios de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. El responsable funcional de ese plan fue el entonces comisario Freites.

Por su responsabilidad en la muerte de Emilio Blanco, en la parte resolutoria de la sentencia, la Cámara condenó a Freites como autor penalmente responsable del delito de omisión dolosa de evitar la tortura y le impuso una pena de seis años de prisión efectiva e inhabilitación especial perpetua para desempeñarse en cargos públicos.

Antes de analizar los hechos, la Cámara rechazó los pedidos de la defensa del ex policía sobre la prescripción de la acción penal y prescripción por tiempo razonable. Los jueces, se apoyaron en la doctrina internacional, para sostener que en casos de “grave vulneración de derechos humanos” la acción no debe extinguirse por el curso de la prescripción. Anteriormente, al momento de intervenir en esta causa, la Corte bonaerense se había expresado en el mismo sentido y asimiló este caso a los precedentes “Bulacio” y “Bueno Alves”.

Recién más de 24 años del hecho, la muerte de Emilio Blanco tiene dos ex policías bonaerenses condenados.