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EN LA LEGISLATURA BONAERENSE Emergencia en seguridad: la CPM presentó un crítico informe

Por Ana Lenci
7 agosto, 2014
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En el marco de una reunión bicameral de las comisiones de Derechos Humanos de la Legislatura provincial, la Comisión por la Memoria de la provincia de Buenos Aires (CPM) presentó un informe donde analiza las consecuencias del decreto 220/14, sancionado por el gobernador Daniel Scioli y advierte la gravísima situación en materia de derechos humanos en la provincia.

ANDAR en la Legislatura

(CPM/ Agencia) En el marco de una reunión bicameral de las comisiones de Derechos Humanos de la Legislatura provincial, la Comisión por la Memoria de la provincia de Buenos Aires (CPM) presentó un informe donde analiza las consecuencias del decreto 220/14, sancionado por el gobernador Daniel Scioli en abril pasado, mediante el que se declara la emergencia de seguridad. Durante el encuentro, que dio comienzo a la conformación de una mesa de trabajo, se compartió un diagnóstico donde se pone de relieve la grave situación en materia de seguridad que atraviesa la Provincia, al mismo tiempo que se propusieron líneas de trabajo conjunto de cara al futuro.

El informe de la CPM sostiene que “la orientación de la política criminal de la Provincia ha desencadenado en los últimos 15 años el peor colapso del sistema penal” y su presentación  estuvo a cargo de Aldo Etchegoyen y Rodrigo Pomares quienes destacaron que las recientes modificaciones en materia de seguridad constituyen una profundización en la vulneración de derechos y violan las garantías reconocidas por la Constitución nacional y la provincial.

[pullquote]La categoría de ‘guerra contra el crimen’ propuesta por el gobierno provincial es una filosofía de trabajo que expone que el otro no es la patria, el otro es mi enemigo[/pullquote]

“La categoría de ‘guerra contra el crimen’ propuesta por el gobierno provincial es una filosofía de trabajo que expone que el otro no es la patria, el otro es mi enemigo”, expresó Etchegoyen sobre el Plan de Emergencia de Seguridad que contempla la reapertura de calabozos en comisarías (Res. 642/14) y la creación de la policía comunal (Res. 835/14). “Quienes más sufren esta la persecución y la violencia por parte del estado son los jóvenes morochos de barrios pobres”, indicó el vicepresidente de la CPM.

Pomares, a cargo del área de justicia y seguridad democrática del organismo, analizó las cifras expresadas por fuentes oficiales a 45 días de vigencia de la emergencia, entre las que se informó el número de 35 ‘abatidos’ en ‘enfrentamientos’, y sostuvo: “Queremos que el ejecutivo nos explique cómo es que mide la prevención del delito con la cantidad de muertes en lo que ellos denominan enfrentamientos”. “En la Provincia hay una emergencia pero en la vulneración de los DDHH y no, como plantea el Ejecutivo, en materia de seguridad”, prosiguió Pomares al tiempo que indicó que “hay un notorio incremento de los indicadores de violencia dentro y fuera de las unidades carcelarias”.

[pullquote]En la Provincia hay una emergencia pero en la vulneración de los DDHH[/pullquote]

“Bajo la declaración de una emergencia de seguridad que no está fundamentada, estas políticas han delegado el tema de la seguridad a la policía, que actualmente ejerce también un fuerte dominio territorial y que profundiza la vulneración de derechos”, señaló Pomares y resaltó que “el Ejecutivo está deteriorando las instituciones” porque para sus medidas “usa fondos públicos que no rinde ni explica a ningún otro poder”.

Durante la reunión, presidida por las titulares de las comisiones de Derechos Humanos de Senadores, Mónica Macha, y de Diputados, Fernanda Raverta, también se expuso un informe del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Además de legisladores que integran ambas cámaras estuvieron presentes distintos referentes del poder judicial de la provincia y de diferentes organizaciones. De la Comisión Provincial por la Memoria estuvieron presentes los vicepresidentes Aldo Etchegoyen y Victor Mendibil, su prosecretario Roberto Cipriano García, la Directora General Sandra Raggio, el Coordinador del Area Justicia y Seguridad, Rodrigo Pomares y la directora de Recepción de denuncias y base de datos Melina Boffelli.

Para ver los contenidos del Informe

 

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