Enzo, Leonardo y Elías tienen una causa abierta por “daño a bienes públicos”. Oficiales de la CPC los hostigaron y requisaron cuando pintaban un mural como parte de su producción para el programa Jóvenes y Memoria de la Comisión Provincial por la Memoria. Otra vez la práctica violenta, ilegal y selectiva de las fuerzas de seguridad que concentra su fuerza represiva contra los sectores más vulnerados de la sociedad.

ANDAR en Zárate

(Agencia) Son jóvenes y viven en un barrio olvidado por los poderes políticos, son discriminados y estigmatizados: son víctimas latentes de la violencia institucional. El proyecto que presentaron en Jóvenes y Memoria “planteaba la vinculación entre el militante de los 70 y los pibes de los barrios en la actualidad que son perseguidos por las fuerzas de seguridad”, explica Nahuel, profesor de la EEM n° 8 de Zárate y coordinador del grupo de estudiantes que participó en la convocatoria 2015 del programa de la CPM.

“Había un mural de Eva Godoy, una militante asesinada durante la dictadura, que fue tapado por una propaganda política y nosotros queríamos recuperar ese espacio como medio de expresión: de recuerdo de los desaparecidos y de denuncia de la violencia policial hoy”, cuentan los estudiantes.

Cuando el municipio les denegó la autorización para pintar esa pared, los chicos decidieron intervenir los pilares que sostienen el puente. Luego de realizar una colecta solidaria en el barrio para comprar las pinturas, los jóvenes comenzaron a dibujar los postes de hormigón. Durante varios días se cruzaron con móviles policiales y no habían tenido ningún inconveniente ni advertencia.

“El problema empezó cuando dibujamos un policía apuntando a un chico con la oración ‘Cuidado chico, policía suelto’”, relata Enzo. En ese momento, de un patrullero del CPC se bajan dos oficiales y comienzan a intimidarlos y hostigarlos: “Ustedes son los artistas, los que se resisten”, los amenazan, les sustraen las latas de pintura y los trasladan a la dependencia policial.

En las oficinas del CPC, y contrariando todas las garantías de defensa, los jóvenes son sometidos a una exhaustiva indagación “sobre información que no tenía nada que ver con la pintura, como si teníamos techo de chapa o piso de cerámico”, cuentan y agregan: “Nos hacen firmar y al día siguiente, en el Juzgado de Campana, nos notifican sobre la apertura de la causa”.

“No sólo eso, los policías realizaron una ambiental sobre la casa de los chicos e indagaron a los vecinos.  No hay respuestas válidas para justificar este accionar”, concluye la secretaria de la EEM n° 8.

Cuando fue notificada del caso, la Comisión Provincial por la Memoria, a través de su equipo de Justicia y Seguridad Democrática, se puso en contacto con las autoridades de la escuela y con las familias de los jóvenes, y tuvo acceso a la causa.

Este caso se inscribe en la política territorial de las fuerzas de seguridad que, desde la CPM, venimos observando y denunciando con preocupación: amparados en un discurso de la seguridad y la preservación del espacio público, las policías hacen un uso ilegal de sus atribuciones. El dato alarmante es que estas intervenciones, arbitrarias e irregulares, se emplean sistemáticamente contra jóvenes cercenando sus derechos y garantías constitucionales.