La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) se presentó como querellante en la causa Piccione y otros, un desprendimiento del juicio Saint Amant II, que investiga delitos de lesa humanidad cometidos en la zona norte y que tiene como imputados a miembros de la delegación de San Nicolás de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA). La presentación, al cumplirse un año de la masacre de Pergamino, también apunta a develar el pasado de la comisaría 1ª durante la dictadura militar pues muchas de las víctimas de esta causa pasaron por allí.

ANDAR en San Nicolás

(CPM) La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) se constituyó como querellante en la causa Piccione y otros, por los delitos de privación ilegal de libertad, tormentos y homicidios en operativos militares ocurridos durante 1976 en la región norte de Buenos Aires. Durante la presentación, la comitiva de la CPM fue recibida por el titular del Juzgador Federal N 2 de San Nicolás, Carlos Villafuerte Russo, en el tribunal.

“Esta presentación como querellante ratifica el compromiso de la Comisión con su mandato de alentar en todos los ámbitos los juicios en que se investigan delitos de lesa humanidad; especialmente en esta causa que tiene como imputados a agentes de la DIPPBA. Esperamos que las distintas instancias del poder judicial instrumenten todos los mecanismos para que triunfe la verdad y los genocidas sean condenados”, señaló el copresidente de la CPM, Víctor Mendibil. Junto a él, estuvieron los integrantes de la CPM Ernesto Alonso y Roberto Cipriano García y la directora general Sandra Raggio. Acompañaron el acto de presentación miembros de la Mesa de la memoria por la verdad y justicia de San Nicolás y militantes metalúrgicos de la corriente de Alberto Piccinini.

La causa reviste un particular interés por la participación de ex agentes de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA) en los delitos que se investigan. La Comisión Provincial por la Memoria aportó documentación del archivo de la DIPPBA que pone en evidencia el doble accionar de los agentes de la delegación de San Nicolás tanto en la inteligencia sobre las víctimas como en la posterior participación en los grupos de tareas que los secuestraron.

Según surge de ese mismo material probatorio, el 9 de noviembre de 1976 fuerzas conjuntas, bajo el comando operacional del Área Militar 132, detuvieron ilegalmente a Carlos Santillán e Irene Ballester, y los trasladaron a un centro clandestino de detención. Allí fueron torturados hasta obtener información sobre otros miembros del Ejército Revolucionario del Pueblo de la regional norte que terminaron en la privación ilegal de libertad, entre otros, de María Cristina Lanzilloto, mujer de Santillán, que fue secuestrada de su casa, junto a su hijo de 1 año y su hija de 2. Todas las víctimas de ese operativo, entre ellos los dos pequeños, permanecieron en cautiverio en la comisaría 1ª de Pergamino, el mismo lugar donde hace un año murieron siete jóvenes masacrados bajo responsabilidad del Estado.

En base a estos hechos, 22 miembros de la delegación de San Nicolás de la DIPPBA y tres coroneles del Área Militar 132 están imputados por los delitos de privación ilegal de la libertad calificada, tormentos y homicidio calificado. Algunos de ellos, como el Coronel Antonio Federico Bossie condenado a perpetua en Saint Amant II, están cumpliendo otras penas por delitos de lesa humanidad. Y otros no llegarán a juicio porque ya han fallecido. Esto último es una muestra más de las innumerables demoras que existieron y que, durante décadas, privaron a las víctimas y a la sociedad civil de una reparación justa.

Por otra parte, la presentación de la querella en el día de hoy, al cumplirse un año de la masacre de Pergamino, tiene un fuerte sentido de justicia que apunta, por un lado, a develar el pasado de la comisaría 1ª como centro clandestino de detención —muchas de las víctimas de esta causa  estuvieron en cautiverio en esa dependencia judicial—; y también permite visibilizar la continuidad ya en democracia de las prácticas de torturas en cárceles y comisarías. En ese sentido, la presentación de la querella está relacionada con las jornadas de memoria y lucha que se realizarán estos días en Pergamino y, muy especialmente, con la presentación del proyecto de ordenanza para crear un sitio de memoria en la comisaría 1ª.